NUEVA YORK.- Investigadores de la Universidad de Harvard y Hunter College, en Nueva York, concluyen en un estudio que el sistema público de salud estadounidense sería insolvente en el 2029, un año antes de lo previsto, si no fuera por las aportaciones que han hecho y hacen a éste los inmigrantes sin autorización.
El estudio, publicado en la versión por internet del Journal of General Internal Medicine, señala que los inmigrantes sin autorización aportaron un excedente de más de 35.000 millones de dólares a Medicare entre el 2000 y el 2011, lo que supone una media de 276 dólares por cápita al año.
Políticas que reduzcan, por lo tanto, el flujo de inmigrantes que llegan ilegalmente a Estados Unidos podrían empeorar la situación financiera del sistema sanitario público, concluyen los siete autores del informe.
“Es normal pensar que los inmigrantes sin autorización merman los recursos públicos del sistema de salud pero realmente lo que vemos aquí es que contribuyen a las finanzas del sistema. El estudio nos fuerza a reexaminar las cosas que suponemos”, dijo a The Associated Press Leah Zallman, autora principal del estudio y profesora de medicina interna en el Harvard Medical School.
El fideicomiso de Medicare se nutre de las aportaciones que hacen a través de su salario los estadounidenses e inmigrantes con autorización que trabajan en Estados Unidos.
Se calcula que unos 11 millones de inmigrantes sin autorización viven en Estados Unidos. Estos no pueden beneficiarse del sistema de salud público estadounidense pero contribuyen a él porque a veces usan números de la Seguridad Social falsos o que pertenecen a otros estadounidenses o adquieren un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido en inglés como ITIN.
Zallman dijo que calculó que del 2000 al 2011 los inmigrantes sin autorización contribuyeron anualmente al fideicomiso con excedentes de entre 2.200 y 3.800 millones de dólares.
Por otro lado, el estudio indica que los inmigrantes sin autorización usan menos servicios de salud públicos que los estadounidenses: tan sólo un 7,9% lo hace frente a un 30,1% de estadounidenses.
Varios legisladores conservadores argumentan que los inmigrantes sin autorización no deberían beneficiarse de los servicios públicos que ofrece Estados Unidos, como por ejemplo la educación, porque no pagan impuestos o no pagan lo suficiente.
Los inmigrantes sin autorización pueden beneficiarse de los servicios de salud que ofrecen ciertos centros comunitarios o acudir a la salas de emergencia de hospitales, donde no se les puede ser denegado el cuidado médico.
