Líderes de grupos pro-vida y expertos en bioética del condado de Orange comenzaron el contraataque para que en California no se apruebe el suicidio asistido mediante el proyecto de ley del senado estatal SB128 o Ley de Opción del Final de la Vida para enfermos terminales
“Esta legislación propuesta contiene graves implicaciones políticas para los pobres, los inmigrantes, discapacitados y ancianos quienes podrían ser presionados a acabar con sus vidas a causa de los gastos médicos y la supuesta “carga” [económica] para sus seres queridos”, dijo Maureen Habel, una enfermera registrada. “El rango de opciones para acabar con la vida se expandirá, especialmente para aquellos que no tienen los medios para pagar por cuidado paliativo o tratamientos médicos costosos”.
Reunidos en el auditorio de la preparatoria Servite High School de Anaheim el sábado, 11 de abril, centenares de miembros de la coalición “Californianos en contra del suicidio asistido” indicaron que el mensaje de la ley SB128 es que algunas vidas valen más que otras.
La polémica pieza legislativa autorizaría a adultos que cumplan ciertos requisitos, y que han sido determinados por los médicos que sufren de una enfermedad terminal, a solicitar medicamentos prescritos con el fin de auto-administrárselos y acabar con su vida.
Ese fue el caso de Brittany Maynard, quien viajó de California a Oregón –donde el suicidio asistido es legal- para acabar con su vida, en noviembre de 2014.
A Maynard se le diagnosticó astrocitoma de grado 2, en enero de 2014, una forma de cáncer cerebral, y tuvo una craneotomía parcial y una resección parcial del lóbulo temporal.
Pero el cáncer regresó en abril de 2014, 4 y su diagnóstico fue elevado luego a astrocitoma de grado 4, también conocido como glioblastoma, con un pronóstico de seis meses de vida.
Pero antes de su fallecimiento Maynard abogó, a través de un video, por una ley de “muerte con dignidad”. Su mensaje fue para los legisladores de California
“Como funcionarios elegidos, ustedes tienen el poder de que esto suceda”, les dijo. “Por favor tomen acción”.
De hecho, esta iniciativa de ley ya pasó en el Comité de Salud, a pesar de la oposición de críticos que aseguran que pondrá en riesgo a las personas más vulnerables y los votos de los senadores republicanos, Janet Nguyen, (R-Santa Ana) y Jim Nielsen (R-Gerber).
La SB 128 también ha superado el escrutinio en el Comité Judicial y se dirige al Comité de Asignaciones del Senado.
Presentada por los senadores demócratas Bill Bonning (D-Carmel) y Lois Wolk (D-Davies) la ley estipula que una persona no puede calificar únicamente para el suicidio asistido a causa de su edad o discapacidad.
Dos médicos independientes deben confirmar el pronóstico de seis meses o menos de vida del paciente y que el paciente tenga la capacidad mental para tomar sus propias decisiones de atención médica y auto-administrarse las drogas letales.
También requiere dos solicitudes verbales por parte de un paciente con una enfermedad terminal a un médico, un mínimo de 15 días de diferencia entre una y otra petición, además de una solicitud por escrito, con dos testigos que acrediten la petición. El medicamento debe ser auto-administrado, y así los médicos estarían liberados de cualquier problema legal.
“Cuando se trata de cuidar a los enfermos siempre hay posibilidades [de salvar vidas]”, dijo el doctor Aaron Kheriaty, director del programa de Ética Médica en UC Irvine. “Pero nunca para matarlos”.
El suicidio asistido ya es legal en los estados de Oregón, Washington y Vermont, pero fue rechazado este mes en Connecticut debido a las protestas de grupos pro-vida, defensores de los derechos de los incapacitados y organizaciones religiosas y médicas.
“Creemos que esta opción voluntaria es una adición compasiva a la continuidad existente de la atención que puede ser utilizada por la medicina moderna en el final de la vida”, expresó la senadora Wolk en un comunicado de prensa. “La SB 128 asegura que honramos la libertad de tener opciones al final de la vida, pero con las protecciones adecuadas para evitar cualquier abuso”.
Lo anterior, sin embargo, no convence a Helen Dgezits, una anciana de 90 años de edad quien vive en Anaheim y se mueve en silla de ruedas.
“Solamente uso mi andadera solamente porque pierdo el balance, pero de ahí en más estoy sana”, dijo Helen a UNIDOS. “Creo que nadie tiene el derecho de ayudar a matar a una persona, ni a decirle sus opciones de vida y menos los médicos; yo vi morir de cáncer a mi esposo y a mi hijo, fue horrible verlos sufrir, pero su muerte fue natural y creo que sólo a Dios le corresponde decidir nuestro momento final”.
Algunos requisitos de la Ley de Opción del Final de la Vida:
• Sólo se aplica a los residentes adultos de California con un diagnóstico de una enfermedad terminal y que se les declare seis meses de vida o menos.
• Dos médicos independientes deben confirmar el pronóstico del paciente.
• Los médicos también deben confirmar paciente es mentalmente competente y tiene la capacidad de auto-administrarse medicamentos que acabarán con su vida.
• La participación de los médicos, los farmacéuticos y los centros de salud es voluntaria.
Falsificación de certificados de defunción; no es suicidio ni homicidio
• La SB 128 requiere que la causa y la forma de la muerte del paciente se falsifique. Como en Oregón, un médico que escribió la receta no está obligado a estar presente cuando el paciente tome el medicamento para acabar con su vida y puede afirmar en el certificado de defunción que la causa de la muerte “fue una enfermedad terminal subyacente” y no una sobredosis de drogas como la verdadera causa del deceso.
• Convertiría en delito grave coaccionar a sabiendas o ejercer una influencia indebida al solicitar a un individuo con el propósito de poner fin a su o medicación su vida o para destruir la cancelación de una solicitud.
• El proyecto de ley indica que ninguna de sus disposiciones se interpretará para autorizar el final de la vida de un paciente por medio de inyección letal, “muerte misericordiosa”, eutanasia activa, y proporcionaría que las medidas adoptadas de conformidad con ley no constituye, entre otros, suicidio u homicidio.
