Skip to content
AuthorAuthor
PUBLISHED: | UPDATED:

SAN ANTONIO, Texas, EE.UU.- Texas solicitó el martes a la Corte Suprema federal que no revise la decisión de un tribunal de primera instancia que bloqueó el plan del presidente Barack Obama para suspender la deportación de millones de inmigrantes.

Un documento de 42 páginas presentado por el secretario de Justicia del estado Ken Paxton afirma que el plan del mandatario de suspender la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes excede soslaya las leyes federales y la autoridad constitucional. Una coalición de 26 estados, encabezados por Texas, también afirma que el gobierno de Obama no les dio notificación ni oportunidad de hacer comentarios, como se requeriría para un cambio tan grande en la política que regula la inmigración.

El asunto a discusión es el programa Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA por sus iniciales en inglés) que anunció el gobierno federal en noviembre de 2014, el cual estipula suspender la deportación y otorgar permiso de trabajo a hasta cinco millones de inmigrantes, en su mayoría padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales.

Los estados argumentan en el documento que la “presencia legal” concedida a inmigrantes por el programa tiene repercusiones financieras significativas para ellos, incluyendo un mayor gasto en “servicios de salud, seguridad pública y educación”.

Bajo el programa DAPA, los inmigrantes podrían solicitar licencia de manejo, tarjeta de Seguro Social, crédito fiscal para el ingreso devengado, seguro de desempleo, Medicare y otras prestaciones. Los estados aseveran que “al tratarse de uno de los mayores cambios en política de inmigración en la historia de nuestra nación”, el plan requiere de aviso previo y comentario por parte de las partes interesadas, incluidos los estados, lo cual no ocurrió.

“El presidente por sí mismo no tiene la autoridad para conceder a millones de inmigrantes ilegales una gran cantidad de prestaciones, como Seguro Social y Medicare, lo cual debe estar reservado a ciudadanos legítimos”, dijo Paxton en el documento.

La actual agenda de la Corte Suprema podría permitir que los argumentos sean escuchados en abril y que se emita una decisión dos meses después. Si los magistrados apoyan al gobierno, Obama tendría apenas siete meses para implementar su plan.

Obama dijo el año pasado que el plan permitiría que personas que han estado en el país más de cinco años y que tienen hijos que están en Estados Unidos con permiso “salgan de las sombras y se pongan en orden con la ley”.

Los estados que impugnaron el plan han ganado todas las instancias en la corte hasta ahora. Más recientemente, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito falló a su favor el 9 de noviembre.

El representante jurídico del gobierno federal Donald Verrilli Jr. dijo en un subsecuente documento presentado a la corte que ratificar esos fallos forzaría a millones de personas “a continuar trabajando sin pagar impuestos, sin opción a un empleo legal para proporcionar sustento a sus familias”.

El documento presentado por Paxton dice que el programa representa el tipo de “cambio crucial” en política de inmigración que “sólo podría ser creado por el Congreso”.

Obama dijo que fue incitado a actuar porque el Congreso no aprobó una reforma de inmigración integral. Un programa previo que no está siendo impugnado suspende temporalmente las deportaciones de jóvenes que residan sin autorización legal en el país y que llegaron a Estados Unidos siendo niños, traídos por sus familiares.