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, JORGE LUIS MACÍAS
Los esfuerzos del concejal José Solorio por apaciguar las cosas fueron en vano. Aunque dijo que su interés porque continúe la cárcel de inmigración en Santa Ana, dijo: “Ustedes no entienden el impacto financiero…son 7 millones de dólares…70 millones en diez años que necesita drásticamente la ciudad”.

Fracasa Solorio en renegociar contrato de la cárcel de ICE en Santa Ana

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ESPECIAL PARA EXCÉLSIOR

El concejal de Santa Ana, José Solorio, fracasó en su intento por revertir la cancelación del contrato que tiene la ciudad de Santa Ana con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que operaba en el interior de la cárcel de esta ciudad y acabó siendo llamado “vendido” y “Trump Latino”.

El pasado 23 de febrero, DHS anunció de manera unilateral que el contrato entre ambas partes concluirá a mediados de mayo próximo. La decisión surgió a raíz de la disminución de reclusos en poder de las autoridades de inmigración, de 200 a 128 y luego a 74.

La moción de Solorio para girar instrucciones y renegociar el contrato murió con una votación 3-3. También buscaba reunirse con la Unión Internacional de Empleados de Servicio Local 721 y la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana para negociar el contrato de personal en la cárcel de la ciudad.

Mike López, presidente del SEIU Local 721 fue el único orador que respaldo a Solorio, al decir que apoyaba la filosofía de la ciudad santuario.

“Es responsabilidad del alcalde y del ayuntamiento defender a todos sus ciudadanos”, dijo. “[Pero] haciendo un vigoroso intento de continuar el contrato federal [con ICE] y evitar otra pérdida de ingresos que pudiera traducirse en una mayor pérdida de servicios para nuestra comunidad”.

De pie, todos los activistas juveniles y miembros de la comunidad LGBT mostraron sus carteles protesta con la leyenda: “¡Terminen el Contrato de ICE!”.

Avergonzado y molesto, López abandonó la sala del concilio.

La tensión entre Solorio y la comunidad se acrecentó cuando Jorge Gutiérrez, representante del Movimiento de Liberación Trans Queer dijo abiertamente: “El miembro del Consejo Solorio, para mí y para muchos en nuestra comunidad, [se ha convertido] en el Trump Latino”.

“Cerrar la cárcel no resuelve el problema”

El concejal s defendió y dijo: “Las deportaciones ocurren. ¿Acaso creen que va a haber menos actividad [de las autoridades migratorias]…cerrar la cárcel no resolverá el problema”?

Solorio leyó una supuesta carta enviada por un abogado, argumentando que la cárcel de Santa Ana “era una mejor instalación que la cárcel privada de Adelanto”. Dijo que ICE no liberaría a nadie.

Hairo Cortés, integrante de Jóvenes Inmigrantes Unidos del Condado de Orange (OCIYU) informó más tarde que de las 74 personas detenidas hasta el 23 de febrero, al menos 30 ya han sido liberadas.

“La mayoría de mujeres transgénero estaban en un proceso de asilo”, indicó.

“Ustedes no entienden el impacto financiero…son 7 millones de dólares…70 millones en diez años que necesita drásticamente la ciudad”, expresó Solorio.

Dicho comentario irritó a las decenas de activistas, que le gritaron repetidamente: “¡Vendido!”.

“Latino Trump, Latino Trump”

El alcalde Miguel Pulido pidió un receso de 15 minutos, pero cuando Solorio salía de la sala del ayuntamiento, los cantos contra él fueron: “Latino Trump, Latino Trump, Latino Trump...”.

“Dos minutos y nos vamos…Yo ya me quiero ir a casa”, advirtió en privado el alcalde Pulido a Solorio.

“Pero yo quiero hablar…”, dijo Solorio. Pulido lo ignoró.

¿Cómo pretende renegociar un contrato con ICE, que las mismas autoridades federales decidieron cancelar?, preguntó Excélsior a Solorio.

“Si se puede renegociar… sí hay oportunidad de continuar”, respondió.

¿Y qué le responde a la gente que lo llama ‘vendido’?

“No me molesta”, dijo.

Sin embargo, dio media vuelta y se retiró enojado.

Divididos

En menos de cinco minutos regresaron a sus escaños. No hubo comentarios y se realizó una votación nominal: Solorio, Pulido y Juan Villegas votaron a favor de la moción, y Sal Tinajero, David Benavides y Michele Martínez se opusieron. El concejal Vicente Sarmiento estuvo ausente.

“Este asunto no es acerca de dinero, sino de derechos humanos”, dijo Rubén Barreto, miembro del grupo Resilience OC. “Se trata de la vida y la dignidad de personas”.


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