WASHINGTON.- La central sindical AFL-CIO dijo el lunes que seguirá trabajando con otras organizaciones para explicar a los trabajadores inmigrantes si podrán beneficiarse de los alivios migratorios impulsados por la Casa Blanca, actualmente paralizados mientras los tribunales determinan su legalidad.
Al ofrecer una conferencia de prensa el día en que el gobierno hubiera comenzado a recibir solicitudes para los alivios migratorios, el vicepresidente ejecutivo de la AFL-CIO Tefere Gebre dijo el domingo que la suspensión judicial del programa “no es un signo de stop, sino un bache”.
Gebre denunció que numerosos trabajadores sin documentos son detenidos durante redadas realizadas por autoridades migratorias en lugares de trabajo y exhortó al gobierno a acelerar la protección a los trabajadores que busquen defender sus derechos laborales.
Shannon Lederer, directora de política migratoria de la AFL-CIO, dijo que “proteger a los individuos indocumentados que ejercen sus derechos laborales y civiles protege a todos los trabajadores”.
“No proteger a los trabajadores y permitir que sean detenidos o deportados por esas actividades tiene un efecto peligroso en los esfuerzos por defender estándares laborales”, dijo Lederer el lunes a The Associated Press.
Explicó que si bien el gobierno federal ha indicado su intención de clarificar los métodos para obtener ayuda en caso de sufrir violaciones laborales, subrayó la importancia de que lo haga cuanto antes.
La comisión gubernamental creada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre pasado con tal fin dijo la semana pasada que planea emitir directrices en seis meses.
Decenas de organizaciones en numerosos estados de la Unión planean actividades el martes 19 para conmemorar lo que habría sido el inicio de los alivios migratorios, conocidos por sus siglas en inglés DACA y DAPA.
Los tribunales congelaron los programas después de que gobernadores republicanos de 26 estados interpusieran una demanda acusando al presidente Obama de sobrepasar su autoridad por su intención de suspender la deportación de al menos cuatro millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.
