LOS ÁNGELES – Manuel García ya rebasó los 85 años de edad y a pesar de los achaques de su vejez, aún tiene fuerzas para gritar con su voz apagada su demanda porque el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto restaure los fondos para el pago de la deuda que tiene con los ex braceros.
De 1942 a 1946, el gobierno priista de Manuel Ávila Camacho firmó el acuerdo del Programa Bracero con el gobierno de Estados Unidos para traer a 4.5 millones de trabajadores agrícolas, a quienes – sin saberlo ellos- les descontaban el 10% de sus salarios. Este programa se extendió hasta 1964.
La llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Peña Nieto a Los Pinos significó la cancelación del presupuesto de pagos a los ex braceros, iniciados por los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
“Yo no estoy pidiendo limosna a nadie”, dice tajante García, nacido en La Granada, municipio de Coalcomán, Michoacán. “El gobierno mexicano tiene una deuda con nosotros y debe pagarla”.
Por más de 15 años, García, miembro de la Alianza Binacional Bracero-Proa ha protestado frente a las oficinas del Consulado General de México en Los Ángeles, sin obtener una respuesta a la restitución de su dinero.
García y otros 3,000 ex braceros que viven en California son parte de los 50 mil a quienes no se le han pagado los 38,000 pesos (unos 3,200 dólares) del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos promulgado por el ex presidente Vicente Fox.
Además de la restitución de su dinero, el octogenario, quien trabajó por cinco años en la pizca de algodón en el estado de Arkansas, recogiendo tomate en el Valle de San Joaquín, Calif., y melones en Arizona, junto a su asesor jurídico, Juan José Gutiérrez, entregaron recientemente una carta dirigida a Peña Nieto, donde insisten en su apoyo.
Pretenden que un proyecto de ley que se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados, el 5 de noviembre de 2013 y que fue turnado a la Comisión de Migrantes, se agende para votación por los miembros de ambas Cámaras del Congreso mexicano.
“La aprobación de dicho Proyecto de Ley permitiría la instalación de mesas receptoras para que los expedientes incompletos en este momento se integren”, dijo Juan José Gutiérrez. “Posteriormente se pueden destinar los recursos necesarios para pagar el apoyo social a los últimos ex braceros o sus familiares”.
Se calcula que 4.5 millones de campesinos mexicanos fueron parte del Programa Bracero durante la Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos se involucró al lado de Rusia y Gran Bretaña contra Alemania, Italia y Japón.
MILLONES DE DÓLARES FUERON RETENIDOS
Activistas defensores de los campesinos mexicanos señalan que la suma total de dinero retenido ilegalmente osciló entre $150 millones y $3,000 millones, incluyendo intereses. La mayoría de los braceros nunca recibieron sus ahorros que les eran deducidos automáticamente de sus cheques de pago.
El dinero fue transferido por el banco Wells Fargo de California a Banco Nacional de México (Banamex), la institución bancaria del gobierno mexicano, y en los últimos años al ya desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural, llamado actualmente Financiera Rural).
“Se tiene una deuda histórica con estos viejitos enfermos o que se nos están muriendo sin ver la justicia”, indicó Gutiérrez. “No es aceptable que las autoridades del gobierno mexicano le recogieran parte de sus ingresos a estos héroes ex braceros y crearan aquel tipo de alcancía y su dinero fue saqueado y robado; ya es tiempo que recompensen aquel acto indebido”.
Justicia es la que añoran también las hermanas Anselma Fuentes, de 76 años de edad, y María López, de 73, ambas oriundas de Tepeji de Rodríguez, Puebla.
Las viudas de Gilberto López Gasca y Marcelino López, respectivamente, cumplieron con los requisitos de inscripción para recibir el apoyo económico. Sin embargo, por una década completa no han sabido nada de ningún pago.
“Que nos den ya el dinero”, dice Anselma a UNIDOS. “Nosotros somos pobres y lo necesitamos”.
Carlos M. Sada, cónsul general de México en Los Ángeles, donde los manifestantes entregaron la misiva dirigida al presidente de ese país, Enrique Peña Nieto dijo que la sede diplomática a su cargo solamente es canal de transmisión de la carta y no de capacidad resolutiva.
“Hemos insistido ante autoridades de la Cámara de Diputados para que apoyen a los paisanos que se registraron”, indicó Sada a UNIDOS. “Nosotros solamente recogemos sus peticiones y las canalizamos a México; aquí ha habido tremenda insatisfacción y la respuesta del gobierno [a las demandas de los campesinos] está en el presupuesto de la Federación”.
La diplomacia, sin embargo, no concuerda con el pensamiento ni el mensaje subliminal de la playera que portaba Martha Rosales durante la protesta.
Su padre, Nahúm Rosales, de 83 años de edad nacido en San Miguel Tecomatlán, Guerrero, por años consecutivos trabajó en la cosecha del tomate, en Indio, Calif.
A Rosales ya le fue otorgado el pago, después de ser parte infatigable de la lucha de los ex braceros 1942-1964 que comenzó en Puruándiro, Michoacán, el 15 de mayo de 1998.
Su problema es simple: el fideicomiso no tiene fondos. El PRI, en unión con el Partido Verde y Nueva Alianza votaron por la suspensión de la ayuda a los ex braceros.
“No seas cabra… PAGANOS”, rezaba la playera de la mujer.
