SANTA ANA – José Salgado tiene 58 años de edad y Jorge Cedeño, 69, y, aunque no se conocen entre sí, comparten una misma dura realidad: son desamparados y deambulan a diario en el Centro Cívico de Santa Ana.
Como Salgado y Cedeño, en esta ciudad 4,300 indigentes sin hogar amanecen, viven, comen, duermen y hacen sus necesidades fisiológicas en los jardines del Paseo del Honor del Centro Cívico, que muchos de ellos llaman “Paseo de la Vergüenza”.
El olor a orines es nauseabundo. A todas horas. Desde Civic Center Drive a Santa Ana Boulevard y de la calle Ross a la Flower.
En medio de la pestilencia se ubican las oficinas de recaudación de impuestos, tesorería, contralor y auditor del condado.
A un costado, se ubican la biblioteca municipal de Santa Ana y las oficinas federales de la Corte de Apelaciones del Cuatro Distrito.
Un solo lugar y dos mundos: la opulencia y la miseria.
La Junta de Supervisores del Condado de Orange está en proceso de cambiar esto. En julio votaron para aprobar la compra de un albergue que daría servicio todo el año a desamparados, ubicándolo en Santa Ana. Mientras que el apoyo parece estar ahí, hay personas que se oponen, señalando preocupaciones como el hecho de que dicho refugio estaría a un lado de una escuela primaria.
Aunque el problema de los desamparados es un asunto del condado, de sus 34 ciudades, por más de un cuarto de siglo, Santa Ana “hospeda” a la mayor cantidad de indigentes.
“Cuando se habla de Santa Ana, se identifica a una comunidad hispana en su mayoría”, afirma Dora López, integrante de la Comunidad Unida en pro de la Justicia Ambiental (Community United for Environmental Justice. “Eso no es cierto cuando se refieren a la mayoría de los ‘homeless’ que ni siquiera son de nuestras comunidades… la policía de otras ciudades y agentes del sheriff vienen de y los ‘botan’ en Santa Ana. Nosotros los hemos mirado”.
En pírricas tiendas de campaña los “olvidados” de la sociedad se cubren del sol; pedazos de cartón son sus colchones para dormir y sus cobijas…más cartones. ¿Sus almohadas? Bolsas de plástico donde guardan sus míseras pertenencias.
Unos deambulan por los jardines; otros hablan solos. Unos más se esconden ante la presencia de una patrulla. De inmediato, tiran a los botes de basura las jeringas que quizás utilizaron la noche anterior para drogarse.
El panorama es desolador para ellos, y peligroso para quienes no son adictos ni padecen enfermedades mentales.
Salgado y Cedeño no quieren vivir en esa zona. Perdieron sus trabajos hace dos años y, desde entonces dicen que no tienen otra opción más que sobrevivir de la caridad.
“Yo no soy un sinvergüenza”, dice Salgado, oriundo de Zacatepec, Morelos y de oficio pintor. “No quiero que mi esposa e hijos se enteren dónde estoy. Es como si tuviera cáncer y no quiero enfermarlos con mis problemas”.
Cedeño, por su parte, dice que estudió un año de ingeniería mecánica en el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN). Aquí en Estados Unidos se desempeñó varios años como soldador.
“Mis hijos viven en Chicago”, menciona Cedeño, nacido en Michoacán y criado en el Distrito Federal, mientras descansa en una banca frente al edificio de finanzas del condado. “Pero no les voy a pedir ayuda porque no quiero quitarle el alimento de la boca a sus propios hijos”.
Crece la oposición
Aunque la Junta de Supervisores del Condado de Orange votó para aprobar el 15 de julio la compra por $3.6 millones de un almacén de 23,000 pies cuadrados para albergar de manera permanente y durante todo el año a 200 indigentes, el plan podría venirse abajo.
Antes, durante y después de esa fecha se desató una fuerte oposición de los residentes aledaños al 1217 E. Normandy Place donde se ubicaría el albergue definitivo, que es parte del llamado Plan Decenal para Acabar con el Desamparo.
“Nos han dicho que ahí albergarían a mujeres, niños y familias desamparadas”, indica Dora López, quien vive a media milla del lugar, en el vecindario de Madison Park.
“¿Cómo es que lo quieren hacer si en Civic Center están los ‘homeless’ más difíciles de acomodar en cualquier lado?”, cuestiona. “Ahí están personas con severos problemas de alcoholismo, drogadicción o ex convictos y hasta en los 30 albergues transicionales que hay en Santa Ana no los aceptan”.
El almacén que la Junta de Supervisores quiere designar como albergue, además, se localiza a una cuadra de la escuela Primaria Kennedy.
Y, de acuerdo a los cálculos oficiales de los funcionarios del condado, su administración y mantenimiento le costaría un promedio anual de $2.6 millones a quien o a quienes se otorgue el contrato. La compra y el mantenimiento para este centro que se espera opere todo el año, se pagaría con fondos federales y locales, indican un reporte de la Junta de Supervisores del Condado.
Lanzarán petición de moratoria
Miembros de Community United for Environmental Justice esperan presentarse en la reunión del cabildo municipal de Santa Ana para exigir a los concejales que aprueben una resolución para pedir una moratoria y detener los planes de la Junta de Supervisores.
“Quieren poner el refugio en una calle industrial, donde circulan camiones y maquinaria pesada”, dijo Susana Sandoval, miembro de la Alianza para Vecindarios Saludables de Santa Ana (SAHNA). “En ese lugar no hay espacios verdes, ni banquetas; no es apropiado para las personas que queremos ayudar”.
Según Dora López y Susana Sandoval, la única reunión de alcance comunitario para “informarles” de los planes convocada por las autoridades del condado ocurrió el 2 de julio, en la escuela Primaria Kennedy. Solamente acudieron siete personas.
A la gran mayoría de residentes, sin embargo, no se les notificó debidamente. Tampoco fueron incluidos en el proceso previo a la discusión y aprobación de la compra del almacén, el 15 de julio, dijeron ellas.
“El 26 de junio mandaron solamente un memorando a ciertos hogares”, asegura Dora López.
Las activistas aseguran que el volante repartido indicaba exclusivamente que el foro del 2 de julio sería para “considerar” el albergue en las proximidades de la calle McFadden y la avenida Grand.
“Los primeros pasos ya estaban dados, pero en la junta del 2 de julio [de 2014] no pudieron decirnos donde iban a considerar el albergue”, recuerda Dora. “Nos dijeron que no estaban en capacidad para identificar el sitio”.
Trece días más tarde, es decir, el 15 de julio, la Junta de Supervisores votó de forma unánime sobre este tema.
Sin embargo, desde la primera reunión de alcance comunitario, el 23 de mayo de 2012, solamente propietarios de albergues y de organizaciones sin fines de lucro que proporcionan servicios a los desamparados, de la policía, entre otros.
Dueños de negocios, comerciantes de la zona industrial aledaña al albergue, ni miembros de la comunidad afectada estuvieron presentes. La mayoría de habitantes de dicha zona rentan departamentos y la notificación fue enviada a los propietarios de edificios.
La comunidad responde
A mediados de agosto pasado, casi 350 residentes de zonas adyacentes al propuesto refugio, acudieron a un foro comunitario en la escuela Primaria Kennedy.
Ahí, los vecinos convocados por la organización Community United for Environmental Justice censuraron la forma en que la Junta de Supervisores decidió la compra del lugar para refugio de los indigentes. Presentes estaban varios concejales de Santa Ana y el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD), Rick Miller.
“El doctor Miller les dijo a todos que él no estaba enterado del asunto, que ellos no le pidieron opinión”, dijo Dora López. “Ellos [la Junta de Supervisores] dijeron que habían hecho consultas con el Distrito Escolar y que eso no era cierto, que la decisión ya estaba hecha”.
Una carta del doctor Rick Miller, de la cual UNIDOS tiene una copia, dirigida el 22 de agosto pasado a Shawn Nelson, presidente de la Junta de Supervisores y representante del Distrito 4.
Señala que, además de estar “sensibilizados” sobre las necesidades de los ciudadanos indigentes, están preocupados por la proximidad de esta instalación a menos de 1,000 pies de distancia de la escuela Primaria Kennedy.
“No vemos esta propuesta como la solución preferible”, indica la misiva.
Susana Sandoval, de la alianza SAHNA agregó que ellos quieren ser parte de la solución, “pero es curioso que la comunidad nunca recibió la comunicación a tiempo”.
En la supuesta negativa para discutir el tema del refugio para los desamparados durante la sesión de trabajo del martes 16 de septiembre, la supervisora del Distrito 1, Janet Nguyen [quien representa a Santa Ana por el primer distrito] citó la ley Ralph M. Brown.
Esta ley estatal tiene como objetivo asegurar que el público pueda participar en las decisiones del gobierno. En dicha ocasión, a la gente se le permitió solamente expresar su malestar durante los comentarios públicos.
“Mandamos una semana antes un memo para que nos calendarizaran”, refutó Dora López. “Jamás. Ni siquiera nos dieron una respuesta, ni positiva ni negativa”.
Piden actuar con compasión; no hay nada fijo
A pesar de la oposición de algunos, líderes comunitarios como el comandante Francisco “Paco” Barragán, de United Mexican-American Veterans Association (UMAVA) expresó su beneplácito porque, después de 25 años, habría un refugio seguro para los desamparados.
“Tenemos que actuar con mucha compasión”, dijo Barragán. “Tengo entendido que en las calles del condado hay aproximadamente entre 1,500 y 3,000 veteranos, sin incluir a quienes viven en carros o en algún garaje de la casa de algún amigo que, además de estar desalojados de sus viviendas, hay familias enteras expuestas a ser víctimas de crímenes. A la larga resulta menos costoso proporcionarles un lugar seguro y menos inversión en enfermedades que pueden contraer al estar expuestos al medio ambiente”.
“El proceso de notificación a todos los involucrados comenzó hace varios años; este problema no es sólo del condado de Orange, sino de toda la sociedad”, dijo a UNIDOS, Jean Pasco, portavoz de la Oficina Ejecutiva del Condado de Orange. “Hasta ahora no se ha pagado ningún dinero por el lugar [por el almacén de refugio]; una decisión final podría adoptarse a finales de este año”.
En la actualidad, el Condado de Orange solamente cuenta con las armerías de la Guardia Nacional en Fullerton y Santa Ana como refugios temporales. En total, en este condado habitan más de 12,000 desamparados.
El problema al que se enfrentan las autoridades es que estos centros funcionan solamente de diciembre a abril – durante los meses más fríos – por lo que miles terminan invadiendo el Centro Cívico de Santa Ana. Los otros 30 centros de asistencia son de vivienda transitoria.
Pero el problema no es sólo de esta ciudad. Afecta a todo el condado.
El supervisor John Moorlach buscaba que la antigua terminal de autobuses en Santa Ana se habilitara como refugio, porque el edificio ha estado vacío por años.
“Él hace comentarios, dejándole todo el cargo a Santa Ana”, declaró el concejal David Benavidez. “Pero nunca he escuchado que diga que dentro de su distrito quiera abrir un refugio”.
Lo que sí se ha hecho
En septiembre de 2013, el ayuntamiento de Santa Ana aprobó la zonificación para permitir refugios alrededor de las zonas industriales de la ciudad, a fin de cumplir con leyes estatales.
Pueden situarse a no menos de 152 metros (500 pies) de distancia de residencias, parques, centros de cuidado infantil y escuelas, o a 300 pies de distancia de otro refugio y dentro de una media milla de distancia de una parada de tránsito.
“Aquí [en Civic Center], todos los días viene la policía, le quita sus cosas a la gente, las tira a la basura”, se quejó Julián Rentería, un desamparado mexicano. “Nos arrestan como si fuéramos criminales, cuando en realidad lo único que necesitamos es ayuda para encontrar un empleo”.
Carlos Rojas, jefe del Departamento de Policía de Santa Ana, reconoció que, en efecto, la relación de los policías con la gente desamparada “es mala”.
“Pero nosotros estamos aquí para hacer cumplir las leyes de seguridad”, aseguró. “Tenemos que lidiar con personas drogadictas, con enfermos mentales a los que referimos a agencias de servicios del condado y multamos a quienes violan el orden público”.
