SAN FRANCISCO.- Casi un año después de que un migrante matara a tiros a una mujer en un muelle de San Francisco y se abriera un debate nacional sobre cómo la ciudad controla a posibles criminales que viven sin autorización en el país, las autoridades están sopesando una propuesta que podría aclarar cuándo contactar a las autoridades migratorias federales para deportar a una persona.
El martes, el Consejo de Supervisores de San Francisco votará una propuesta que obligará a que las autoridades notifiquen al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sólo si la persona detenida está acusada de un crimen violento y ha sido condenada por un crimen violento en los últimos siete años.
La actual ley de San Francisco da flexibilidad para que los empleados municipales contacten al ICE cuando se encuentren con personas que viven en el país sin autorización y éstas no estén en la cárcel. Para aquellos detenidos, el jefe de policía anterior, Ross Mirkarimi, requería que funcionarios federales obtuvieran una orden de aprehensión o citatorio de la corte para detener a un recluso que tenía orden de deportación y prohibía al personal a su cargo hablar con las autoridades migratorias federales.
La nueva jefa revocó la prohibición de comunicación, pero el Departamento de Policía de San Francisco no suele cooperar con ICE.
La votación llega después de que un inmigrante mexicano de nombre Juan Francisco Sánchez López mató a tiros a Kate Steinle, de 32 años, cuando ella caminaba en el muelle de San Francisco. Sánchez enfrentaba cargos por drogas y había sido liberado de una cárcel en San Francisco a pesar de una solicitud federal de mantenerlo detenido para ser deportado.
“¿Sánchez López seguiría detenido bajo los nuevos criterios? No responderé con certeza, pero puedo decir sin duda que se habría revisado”, dijo antes de la votación Vicki Hennessy, la nueva jefa de policía que ocupó el puesto en enero.
Los críticos de las llamadas ciudades santuario siguen criticando a funcionarios de San Francisco. Pero los defensores de migrantes dicen que se necesitan criterios claros para proteger a gente como Pedro Figueroa Zarceno, un salvadoreño que está en proceso de ser deportado después de presentarse en la policía el año pasado para denunciar el robo de su auto.
