SEATTLE.- Una estudiante de Derecho de la Universidad de Washington demandó a la CIA por documentos relacionados a la guerra civil de El Salvador.
La estudiante interpuso una demanda federal con base en la Ley de Acceso a Información Pública argumentando que la CIA ha retenido ilegalmente información respecto a un oficial de las fuerzas armadas salvadoreñas acusado de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de esa nación, reportó The Seattle Times (http://is.gd/2Ygi8H ).
Mina Manuchehri es becaria del Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Washington y estudiante de tercer año de Derecho. Sus abogados presentaron la demanda el viernes en la corte federal de distrito.
La querella sostiene que la CIA retuvo documentos sobre el coronel retirado del ejército salvadoreño Sigifredo Ochoa Pérez, quien está bajo investigación criminal en su propio país por presunto involucramiento en los asesinatos de civiles durante la guerra civil de la década de 1980.
La demanda acusa además a la CIA de negar registros relacionados con el profesor Philippe Bourgois, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien sobrevivió a una masacre en Santa Cruz, El Salvador.
La querella argumenta que existe amplia evidencia de que Ochoa dirigió a las tropas que dispararon contra civiles desarmados en Santa Cruz el 14 de noviembre de 1981, y que lo hizo también en el poblado El Calabozo en agosto de 1981.
“El acceso a documentos solicitado (por el Centro para los Derechos Humanos de la UW) podría facilitar procesos judiciales en este y otros casos de abusos graves contra derechos”, señala la demanda.
El Centro para los Derechos Humanos de la UW afirma que numerosos registros de la CIA respecto al coronel están disponibles públicamente en la Librería del Congreso.
Sin embargo, la CIA, en respuesta a la solicitud de información de Manuchehri presentada en 2013, ha dicho que no confirma ni niega la existencia de registros referentes al servicio de Ochoa Pérez como un comandante militar durante las masacres aducidas.
“La CIA ha retenido ilegalmente los registros”, argumenta la demanda. “Existe un fuerte y sustancial interés público en la divulgación de los documentos solicitados”.
