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AGENCIA EFE
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, habla durante una rueda de prensa en San Salvador (El Salvador).

Estado salvadoreño pide perdón por masacre de 45 civiles perpetrada en 1981

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San Salvador >>  El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, en nombre del Estado salvadoreño, pidió perdón por la masacre de 45 personas perpetrada en 1981 por soldados y paramilitares al servicio del Gobierno.

En un acto público ante las familias de las víctimas y habitantes de la localidad de San Francisco Angulo, 73 kilómetros al sudeste de la capital, Martínez reconoció "como verdaderos los hechos aquel día 25 de julio de 1981".

"A consecuencia de este reconocimiento y en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador (...) quiero pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño por estos repudiables hechos", dijo Martínez en el marco del 36 aniversario del crimen conocido como "la masacre de San Francisco Angulo".

De acuerdo con el relato oficial, un grupo de aproximadamente 20 hombres "fuertemente armados" asesinó a 45 civiles, en su mayoría mujeres y niños, "sin que se produjera enfrentamiento alguno" y luego los sepultaron en una fosa común.

En junio de 2005, un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas solicitó la exhumación de los cuerpos y finalmente se recuperaron 30 osamentas durante las excavaciones, que fueron suspendidas por falta de equipo y las dificultades que supuso el cambio de la topografía.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el febrero de 2014 a la Fiscalía realizar "dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad" de dicha matanza.

Esta masacre, cuyo proceso se mantuvo relativamente activo por un juez de la localidad que decidió no aplicar al caso una ley de amnistía a los crímenes de guerra, ha generado una controversia entre la organización de derechos humanos "Madeleine Lagadec", que representa a las víctimas, y el Ejército, por la supuesta destrucción de archivos relacionados.

En abril pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) culpó al Ejército de destruir en 2015 "información relacionada a violaciones de derechos humanos" ocurridas durante la guerra, con la venia del Archivo General de la Nación (AGN), misma que había solicitado la organización con anterioridad.

En esas mismas fechas, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, negó que el Ejército destruyera información con "valor histórico" sobre crímenes de guerra perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó el conflicto armado entre el Ejército y la guerrilla, solo el coronel Guillermo Benavides cumple 30 años de prisión por la matanza de seis padres jesuitas en 1989.

No obstante, la anulación de la amnistía por parte de la Sala Constitucional en julio de 2016 dio pie a la reapertura de casos emblemáticos como el de la matanza de unos 1.000 campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, y del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980.


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