SAN SALVADOR.- Ex combatientes de la fuerza armada y de la ex guerrilla irrumpieron el lunes en el edificio de la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados la aprobación de una ley de veteranos de guerra que les otorgaría una indemnización y otros beneficios.
Liderados por el ex guerrillero Daniel Hernández forzaron uno de los portones del edificio y accedieron a los pasillos del tercer nivel, luego trataron de derribar una de las puertas a la zona donde estaban reunidos los diputados.
Los ex combatientes, algunos vestidos con uniformes camuflados del ejército buscaron negociar para que un grupo de ellos se reuniera con la presidenta de la Asamblea legislativa, la ex guerrillera Lorena Peña, quien se negó a recibirlos y los invitó a que llegaran el próximo jueves, horas antes de que se inicie la sesión plenaria ordinaria.
La irrupción ocurrió cuando la comisión de Hacienda se encontraba estudiando el proyecto de ley de beneficios para los veteranos. Hernández criticó que no los hayan invitado y “han convocado a líderes de asociaciones afines del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que son corruptos”.
Unidades del choque de la policía reforzaron la seguridad del palacio legislativo y después de acaloradas negociaciones los ex combatientes se retiraron del lugar, pero prometieron que regresarían el jueves.
Los veteranos de guerra han presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que contempla une indemnización de 10.000 dólares para 30.000 ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional y 62.000 de la fuerza armada.
Además exigen una pensión de 245 dólares mensuales, becas para sus hijos, programas de salud integral, tierras y viviendas, así como créditos para trabajar.
Tras la firma de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de la guerra civil en este país, la Organización de las Naciones Unidas registró unos 15.000 desmovilizados del FMLN, pero luego se alegó que no todos fueron censados. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otras 12.000 desaparecieron.
Tras la desmovilización los ex guerrilleros censados recibieron tierras y ayuda de capacitación de parte del gobierno, pero posteriormente pidieron que los beneficios se extendieran a los familiares de sus compañeros caídos y a los que no fueron incluidos en la nómina registrada por la ONU.
