LOS ÁNGELES – Aproximadamente 30,000 individuos que firmaron su “salida voluntaria” de Estados Unidos cuando cayeron en manos de autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y agentes de la Patrulla Fronteriza podrían reabrir sus casos y regresar al país, después que presumiblemente fueron coaccionados antes de ser deportados.
El primer caso corresponde a Marta Mendoza, una mujer michoacana que tiene padecimientos mentales y que fue deportada en julio de 2013, después de haber sido sorprendida robando comida en un establecimiento de la ciudad de Reseda.
Mientras sus hijas le buscaban y la reportaron como desaparecida, Mendoza se encontraba recluida en un centro de detención en Van Nuys, y después en la cárcel de mujeres en Lynwood.
“La encontramos después de tres días”, dijo Victoria Armenta, la hija menor de Mendoza. “Cuando ya habíamos contratado a un abogado, a ella la obligaron a firmar su salida a México”.
Debido a que Mendoza sufre de demencia, depresión y esquizofrenia, Armenta se quedó con su madre durante un mes en Tijuana, y posteriormente fue trasladada a un poblado de Michoacán.
“A mi madre le dijeron que firmara esos papeles [de salida voluntaria], y lo hizo, porque le dijeron que solamente la iban a llevar por poco tiempo a México y que luego la regresarían”, narró Armenta. “Todo era mentira, en poco tiempo ya la habían deportado”.
Pero el caso de Mendoza dio un giro. El 22 de agosto la mujer se reunió en Estados Unidos con su familia.
Un acuerdo “histórico” entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y el Condado Imperial, la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona, la firma de abogados Cooley LLP, y el gobierno, los deportados – mayoritariamente de México – podrían reabrir sus casos y tener la posibilidad de reunirse con sus familias en Estados Unidos, como Mendoza.
Este acuerdo deberá ser avalado en septiembre por el juez federal John A. Kronstadt, del Distrito Central de California.
Héctor Villagra, director ejecutivo de ACLU del Sur de California, dijo que en la demanda colectiva López-Venegas v. Johnson, entablada en una corte federal de Los Ángeles, en junio de 2013, se alega que agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de ICE “desinformaron, engañaron e intimidaron” a los indocumentados para firmar su expulsión de Estados Unidos.
Supuestamente, las autoridades presionaron a cientos, y tal vez a miles de mexicanos con profundas raíces en Estados Unidos para que renunciaran a su derecho a una audiencia justa y a la oportunidad de vivir legalmente en el país.
Según los demandantes, el proceso conocido como “salida voluntaria” fue usado sumariamente para repatriar a casi 400,000 personas en el último lustro. Ello resultó en la renuncia involuntaria a los derechos básicos del debido proceso.
“Con este acuerdo, la práctica cobarde de coaccionar a los inmigrantes a firmar la llamada salida voluntaria ha llegado a su fin”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, durante una rueda de prensa, el 27 de agosto en las oficinas centrales de ACLU.
Durante años, la organización pro inmigrantes CHIRLA, se vio obligada a desviar recursos para educar a los inmigrantes sobre las consecuencias de firmar la salida voluntaria y respondiendo a las peticiones de ayuda por los migrantes que han firmado un formulario de salida voluntaria sin la divulgación completa de sus consecuencias.
Sean Riordan, abogado principal de ACLU en San Diego y el Condado Imperial dijo que el acuerdo representa una reforma sustancial a la forma de trabajar de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza.
“Si ambas agencias implementan completamente [las reformas] las familias nunca más serán separadas por las prácticas de aplicación de las leyes de inmigración basadas en desinformación, engaño y coerción”.
En una respuesta por escrito, Virginia Kice, portavoz de ICE dijo que “El Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) usan la salida voluntaria como una opción para las personas que soliciten ser regresadas a casa en lugar de [enfrentar] un proceso de deportación, pero en ningún caso se tolera la coacción o el engaño. En un esfuerzo por abordar las cuestiones planteadas en este litigio ambos organismos han acordado complementar sus procedimientos existentes para garantizar que los extranjeros comprendan plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a México”.
Según los abogados de ICE y CBP, durante el periodo que comprende la demanda (junio de 2009 al 14 de agosto de 2014), aproximadamente 30,000 extranjeros recibieron “salida voluntaria”, y no tienen un cálculo del porcentaje de esos individuos que, en realidad, podrían calificar para recibir un alivio sobre la base del acuerdo, aunque ICE cree que sería una muy pequeña fracción del número total.
Como parte del acuerdo, ICE ha desarrollado un Formulario I-826 revisado, también conocido como “Aviso de Derechos y Solicitud de Disposición”.
Dicho formulario esboza opciones para los extranjeros detenidos en el país por las autoridades migratorias incluye la solicitud de una audiencia de audiencia de inmigración y un apartado donde el individuo pueda manifestar por escrito el temor de regresar a su país de origen.
Nuevas reformas de la Patrulla Fronteria y ICE
Después de más de un año de litigios, incluyendo intensas investigaciones y declaraciones de los funcionarios clave, el gobierno estadounidense se ha comprometido a reformas importantes del sistema de “salida voluntaria”, y, en virtud del arreglo aceptado por las partes involucradas en la demanda, los agentes y oficiales de ICE y CBP deberán:
Proporcionar información detallada por escrito, en forma oral, y a través de una línea telefónica 1-800, con respecto a las consecuencias para los no ciudadanos entre escoger una “salida voluntaria” o una audiencia ante un juez.
Cesar la casilla “pre-checking” (comprobación previa) del cuadro de selección de “salida voluntaria” en los formularios que las agencias proporcionan a los no ciudadanos.
Permitir a los no ciudadanos utilizar un teléfono que funcione; proporcionarles una lista de proveedores de servicios legales, y permitirles dos horas para llegue alguien y los asesore, antes de decidir si aceptan o no la “salida voluntaria”.
Proporcionar los abogados acceso significativo a los clientes detenidos por la Patrulla Fronteriza o por agentes de ICE.
Dejar de presionar o coaccionar a los individuos para aceptar la “salida voluntaria”.
Permitir a los abogados de la ACLU para vigilar el cumplimiento del acuerdo durante tres años.