Unas 50 personas asistieron el 10 de octubre al foro sobre las iniciativas electorales de California, el cual fue organizado por Latino y Latina Roundtable de San Gabriel y Pomona Valley.
Angela Zambrano, vicepresidenta de dicha organización, sirvió de moderadora en el evento.
“Sabemos que el resultado de estas iniciativas impactará a nuestra comunidad, además es importante entender el lenguaje de esas proposiciones porque es complicado”, dijo Zambrano.
De las 11 iniciativas que se estarán consultando a los electores californianos en las elecciones del próximo 6 de noviembre, se seleccionaron seis.
Una de ellas fue la Proposición 30, titulada impuestos temporales para financiar la educación, la cual aumentaría los impuestos de sólo aquellos que ganan más de $250,000 al año.
Elizabeth Ayala, en representación de California Partnership, una coalición estatal que aboga por programas y políticas para reducir y eliminar la pobreza, fue la encargada de presentar esta proposición.
“Yo tomé clases hace 10 años, que mis hermanos menores ahora no pueden tomar. De ser aprobada esta proposición establecerá impuesto, que serán menores que los impuestos que teníamos antes”, dijo Ayala.
La Proposición 30 asignaría el 89 por ciento de esos ingresos fiscales temporales a escuelas desde Kindergarten hasta el grado 12 y el 11 por ciento a los colegios comunitarios.
Ayala señaló que esa proposición es justa para la clase media y pobre, ya que la mayoría del dinero se colectaría de personas de mayores ingresos.
A Leticia García, miembro del Distrito Escolar Unificado de Fontana, le correspondió explicar acerca de la Proposición 38, que aumentaría la tasa de impuesto para la mayoría de los californianos.
El 60 por ciento de esos ingresos se destinaría a escuelas K-12, el 30 por ciento al pago de la deuda del Estado y el 10 por ciento a los programas para la primera infancia durante los primeros cuatro años.
“Como miembro del distrito escolar yo tengo otra perspectiva, hemos tenido que despedir a maestros y realizar recortes que son difíciles para nuestras escuelas. Si se aprueba la proposición 38, no sólo garantizaría los recursos para nuestra escuelas sino que se garantizaría que el dinero vaya directamente a las escuelas”, dijo García.
Por su parte, Luz Bacio, líder del sindicato de trabajadores de alimento y comerciales, conocido por su sigla en inglés como UFCW local 1428, le correspondió explicar la Proposición 32, la cual prohibiría a los sindicatos el uso de contribuciones para fines políticos.
“Los dueños de las corporaciones llaman a esta proposición una reforma, lo que realmente significa es darle más poder a ellos. Yo no tengo la posibilidad de escribir un cheque por 6 millones de dólares, ellos sí. Los sindicatos nos preguntan por contribuciones, en lo personal yo aporto un dólar por semana al sindicato”.
Bacio explicó que son justamente esas contribuciones que todos los trabajadores realizan a la unión sindical, lo que les permite sentarse con los legisladores para negociar sus contratos colectivos.
El miembro del sindicato y residente de Upland, Glenn Raad, quien ha trabajado por 25 años en Stater Brothers, tiene claro que va a votar no en la proposición 32.
“Básicamente lo que va a pasar es que van a silenciar la voz de los trabajadores y las corporaciones van a tomar ventaja de esto”, dijo.
Madeline Ríos, representante de Latino y Latina Roundtable, platicó sobre la Proposición 37, la cual requiere el etiquetado de alimentos que han sido modificados genéticamente y señalar si se han fabricado con plantas o animales cuyo material genético fue modificado.
“Cinco de cada ocho semillas son modificadas genéticamente. No hay pruebas que indiquen que esas semillas no son peligrosas para la salud de los seres humamos”, dijo.
Ríos señaló que investigaciones realizadas en la Universidad de Colorado y en institutos franceses han demostrado de la alteración genética puede producir tumores, no sólo entre quienes consumen esos productos, sino también entre los trabajadores del campo que son expuestos a dichos químicos.
“Además, si seguimos colocando pesticidas a las siembras de maíz, frijoles, calabazas y todo lo demás estaríamos agotando los suelos con tantos productos químicos”, dijo Ríos, quien recomendó votar sí en la Proposición 37.
Más propuestas
Joe Olague, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocida por sus siglas en inglés, LULAC de San Bernardino, expresó que hay que ver las proposiciones desde un punto de vista latino.
“Por ejemplo, la Proposición 34 sobre la pena de muerte afecta a más latinos, las sentencias son más severas para las minorías. En lo que respecta a la Proposición 37 hay que saber cuales alimentos están genéticamente alterados, los latinos sufrimos de enfermedades como diabetes, colesterol alto y obesidad”.
El presidente de Latino y Latina Roundtable de San Gabriel y Pomona Valley y profesor retirado, José Calderón, habló sobre dos iniciativas.
La primera de ellas la 36, denominada ley de “Three Strikes” haciendo referencia a términos de béisbol, la cual modifica la ley que impone sentencia de cadena perpetua a una persona que cometa un tercer delito.
“La comunidad afroamericana y latina resultarían más afectadas con la aprobación de esta propuesta. Si una persona tiene tres felonías lo estaríamos sentenciando a cadena perpetua”, dijo Calderón.
En la guía electoral se lee que si la persona tiene previamente dos o más condenas por delitos mayores graves o violentos, la sentencia para cualquier nueva condena por delitos mayores (no sólo un delito mayor grave o violento) es cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir de que hayan pasado 25 años.
En lo que respecta a la Proposición 34, ésta derogaría la pena de muerte como pena máxima para las personas condenadas por asesinato y la reemplazaría por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
Calderón mencionó que esta propuesta es importante “porque podemos condenar a muerte a una persona inocente”.
“Sociológicamente la historia señala que los afroamericanos han sido sentenciados a muerte más que cualquier otro grupo étnico. Allí existe un componente racial”, dijo Calderón.
En California, la última persona sentenciada a muerte fue en el año 2005, en la actualidad, hay 726 personas esperando por esta condena.
