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  • Presidente Donald Trump.

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    El presidente estadounidense, Donald J. Trump (c), muestra la orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro en la frontera con México durante una ceremonia en el Departamento de Seguridad Nacional en Washington, DC hoy 25 de enero de 2017. El presidente estaba acompañado de las madres conocidas como "angel moms", cuyos hijos, esposos, y otros seres queridos han sido asesinados en Estados Unidos por indocumentados.

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Miami – El polémico programa Comunidades Seguras, que desde 2008 y durante seis años deportó a decenas de miles de indocumentados, vuelve a funcionar, después de que el presidente, Donald Trump, lo restaurase como parte de un paquete de medidas de carácter migratorio.

Abolido por el expresidente Barack Obama en 2014, para reemplazarlo por el vigente Programa de Ejecución Prioritaria (PEP), la iniciativa establecía una colaboración entre la Oficina de Inmigración y Control de Aduana (ICE) con las agencias del orden locales para la detección de indocumentados sujetos de deportación.

De acuerdo a datos de la agencia federal, hasta 2012 más de 166.000 inmigrantes con antecedentes penales fueron deportados del país tras ser procesados por medio del programa, de los cuales 61.000 estaban acusados de delitos agravados.

Este programa le daba luz verde a la Oficina Federal de Investigación de EEUU (FBI, en inglés) para compartir con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) las huellas digitales que la Policía local o estatal tomaba a los detenidos, quienes luego podían ser deportados si es que DHS así lo determinaba.

El programa empezó como un proyecto piloto en 2008 y tres años después, bajo la administración del entonces presidente Barack Obama, se extendió a nivel nacional, con la participación de más de 1.210 departamentos de policía a nivel local, condal y estatal, quienes cooperaban activamente con ICE. Esta cifra se elevó a 3.141 agencias en 2013.

Mientras estuvo vigente, Comunidades Seguras mereció críticas por parte de organizaciones legales y de defensa de los derechos de los inmigrantes, que alegaban que instauró un “estado de terror” en esta comunidad, en especial a los indocumentados que por una simple infracción de tráfico podían enfrentar una orden de deportación.

Un estudio realizado por The Jornal of Law and Economics indicó que después de seis años de estar en vigor y más de 250.000 deportaciones, no se redujo la criminalidad, ni tampoco cumplió con su objetivo de volver más “seguras” a las comunidades.

Debido a que las agencias del orden dejaron de participar con el programa, debido a la desconfianza que generaron entre la población inmigrante, que dejó de colaborar con las autoridades por temor a ser deportados, en noviembre de 2014 Obama firmó una orden ejecutiva que derogaba el programa.

Lo reemplazó a partir de enero de 2015 PEP, que se enfocaría en quienes tengan antecedentes criminales graves o aquellos que constituyen un peligro para la seguridad nacional, mientras que Comunidades Seguras, según sus detractores, usaba un abanico mucho más amplio, lo que suponía la deportación de personas sin delitos criminales.

El día de hoy, dos años después de su anulación, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, Trump firmó una orden ejecutiva que reactivará este controvertido programa, en un día en el que Trump anunció el inicio del proceso para levantar un muro a lo largo de la frontera con México, una de sus grandes promesas de campaña.

Otra de las medidas migratorias, relacionada directamente con Comunidades Seguras, será el esfuerzo del Gobierno federal de acabar con las denominadas “ciudades santuario”, jurisdicciones locales, condales o estatales que rechazan destinar fondos en la aplicación de leyes migratorias federales.