Un programa que los activistas contra la inmigración ilegal ven como una carga para los contribuyentes estadounidenses ha generado 422.4 millones de dólares en tarifas de solicitudes y permitido que cientos de miles de personas trabajen y estudien en el país legalmente.
En los tres años desde que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia tomó efecto, 664,607 jóvenes adultos han sido aceptados en el programa. Los participantes deben renovar la solicitud cada dos años, y, a la fecha, 243,872 personas lo han hecho.
El programa permite que jóvenes que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años, y que cumplen con otros requerimientos, difieran la deportación. Ellos también pueden recibir permisos de trabajo y continuar su educación.
Aunque los defensores de los derechos de los inmigrantes han elogiado al programa de acción diferida, otros cuestionan su costo.
“Probablemente sólo ha generado el dinero suficiente para mantenerse asimismo”, dijo Bob Kowell, presidente de la Asamblea Republicana de Murrieta y Temecula.
“Esas tarifas no son para nada más que pagar el salario de las personas que trabajan para el gobierno”.
Pero las personas que se presentaron en consulados mexicanos este mes para celebrar el tercer aniversario del programa han dicho que ayuda a algunos inmigrantes y a las economías de tanto México como los Estados Unidos.
“La acción diferida es un beneficio directo para jóvenes ciudadanos mexicanos”, dijo Arturo Sánchez, portavoz para el Consulado Mexicano en el Condado de Orange.
“Este les permite continuar su educación en los Estados Unidos”.
Éxito y obstáculos
El mes pasado, Crissel Rodríguez se graduó de la Universidad de Chapman con una maestría en estudios internacionales.
La estudiante de 27 años, que fue traída a los Estados Unidos a la edad de dos años, dijo que el programa de acción diferida le permitió solicitar un préstamo privado que hizo que su título fuera posible.
Antes de ingresar a Chapman, Rodríguez trabajó en varios empleos de tiempo parcial mientras asistía a un colegio comunitario y obtuvo una licenciatura de la Universidad Estatal de Los Angeles. Hoy día, Rodríguez realiza una pasantía en la Autoridad de Transporte del Condado de Orange.
Cuando el programa de acción diferida se hizo disponible en el 2012, Rodríguez no lo solicitó porque no podía costear la cuota de 465 dólares.
“Necesité cinco meses para ahorrar el dinero”, agregó.
La abogada de inmigración, Hadley Bajramovic dijo que el costo sigue siendo una barrera para muchos solicitantes potenciales. Las familias que cuentan con múltiples niños elegibles deben decidir por cuál niño pagar, comentó.
Cuando el programa entró en efecto en el 2012, las familias indocumentadas se sentían incómodas compartiendo su información personal con el gobierno federal por miedo a la deportación.
Esa era una razón común por la cual las familias no lo solicitaban, agregó.
Pero, dijo, el éxito del programa ha borrado esas preocupaciones, y los temores han sido infundados.
En noviembre del 2014, el presidente Barack Obama extendió una orden ejecutiva que creó un nuevo programa similar a la acción diferida que aplica a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que cumplen con ciertos criterios. Él también eliminó la edad límite de 31 años y expandió el programa DACA de dos a tres años.
Pero el plan del presidente sigue estancado por desafíos legales.
Beneficios e inconvenientes
Al menos un estudio sugiere que el programa de acción diferida ha sido un beneficio económico para la nación.
Un informe publicado este mes por el Centro para el Progreso Estadounidense, un instituto de póliza sin afiliación partidista con sede en Washington D.C., detalla los beneficios que programas de acción diferida – incluyendo las órdenes ejecutivas aprobadas por los tribunales – podrían traer a cada estado.
Si las personas que son elegibles en California recibieran permisos de trabajo temporales, el estado podría ver un aumento de 75,800 millones de dólares en Producto Interno Bruto, y un aumento de 39,300 millones de dólares en los ingresos totales de todos los residentes del estado.
Enrique Murillo, profesor en la Universidad Estatal de San Bernardino y director ejecutivo de Días de Educación y Apoyo Latino (Latino Education and Advocacy Days), calificó a los beneficios iniciales como “una inversión” en futuras ganancias.
“Son centavos en este momento, pero los dólares vendrán más adelante”, dijo, exaltando las provisiones de la acción diferida que ayudan a los participantes a costear la universidad.
“La educación es una imperativa económica”, agregó. “Nuestra fuerza en la economía global depende en gran parte del éxito de los estudiantes latinos”.
Pero esa fuerza también depende del éxito de los estudiantes nacidos en los Estados Unidos, alega Ira Mehlman, portavoz para la Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense, una organización no lucrativa con sede en Washington D.C. que busca mejorar la seguridad en la frontera, detener la inmigración ilegal y reducir los niveles de inmigración legal.
“Hay un número finito de asientos disponibles en las escuelas. Un inmigrante ilegal que obtiene ese asiento está desplazando a alguien más”, comentó.
Además, Mehlman cree que el programa de acción diferida establece un peligroso precedente.
“Está siendo planteado como una obligación moral y ética” el hacer concesiones para aquellos traídos al país a corta edad. “Si tenemos esa obligación moral y ética con los niños traídos aquí en el pasado”, dijo, “vamos a tener esa obligación en el futuro”.
Estadísticas de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
422.4 millones de dólares
Tarifas de solicitud pagadas a nivel nacional por aquellos que han sido aprobados.
1.2 millones
Número total de solicitantes en el país
908,479*
Número de solicitantes aprobados en el país
146.6 millones de dólares
Tarifas de solicitud pagadas en California
315,327
Número total de solicitantes en California
261,395
Número de solicitantes aprobados en California
*Cifra incluye renovaciones.
Fuente: Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos
