Un programa sumamente calumniado y que los activistas en contra de la inmigración ilegal catalogaron como una gran carga para el gobierno de los Estados Unidos, generó $ 422.4 millones con las cuotas de solicitudes aprobadas y permitió que cientos de miles de personas puedan permanecer temporalmente y trabajar legalmente en el país.
En los tres años desde que se implementó la Acción Diferida para los llegados en la infancia, o DACA (por sus siglas en inglés), 664,607 jóvenes han sido aceptados en el programa. Los participantes deben renovar cada dos años, y 243,872 personas ya presentaron su solicitud de renovación.
DACA permite a los jóvenes, que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años y cumplen con ciertos criterios, aplazar la orden de deportación. También pueden obtener permisos de trabajo y pagar las tarifas de residentes para estudiar en las universidades públicas.
Aunque los defensores de los derechos de los inmigrantes elogian a DACA, otros cuestionan los costos asociados con la administración del programa.
“Es probable que sólo genere el suficiente dinero para su sostenibilidad”, dijo Bob Kowell, presidente de la Asamblea Republicana de Murrieta y Temecula. “Esos honorarios realmente no ayudan en nada, excepto pagar los salarios de las personas que trabajan para el gobierno”.
El lunes, 15 de junio, los funcionarios del Consulado de México en San Bernardino, defensores de los derechos de los inmigrantes y los jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa se reunieron en el consulado para celebrar el tercer aniversario del programa, que inició el 15 de junio del 2012.
ÉXITOS Y OBSTÁCULOS
Yoenai Guerrero, de 20 años de Perris, dijo que la acción diferida le permitió asistir a la universidad e ingresar a la fuerza laboral.
Guerrero era estudiante del doceavo grado en Citrus High School en el 2013, cuando él y su hermano menor solicitaron la acción diferida. El programa, dijo, le ha ayudado a lograr pagar sus clases en Moreno Valley College. Sin el programa, hubiese tenido que pagar la matrícula para residentes de fuera del estado.
“Logramos obtener permisos de trabajo y licencias de conducir, lo que necesitamos”, indicó Guerrero.
Pero aún hay obstáculos.
Guerrero, quien llegó a los Estados Unidos a los 6 años de edad, cuando sus padres emigraron de Puerto Vallarta (México), dijo que su familia tuvo que ahorrar dinero durante meses para que él y su hermano pudieran pagar los $465 para solicitar el programa. La cuota de presentación de la solicitud es de $380. El precio por las huellas digitales y fotografía es de $85.
La abogada de inmigración, Hadley Bajramovic, dijo que el costo es la razón principal por la que muchos aún no solicitan el programa. Las familias con varios niños elegibles para el programa deben decidir por cuál niño deberán solicitar el programa, explicó.
Pero, agregó, el éxito del programa ha disipado esas preocupaciones y los temores sin fundamento.
En noviembre del 2014, el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para la expansión de DACA a los padres de hijos que son ciudadanos o residentes permanentes legales de EE. UU. que cumplen con ciertos criterios.
Pero su plan sigue estancado por demandas legales.
En esa misma expansión, la edad máxima de 31 años para los participantes de DACA sería eliminada.
BENEFICIOS ECONÓMICOS
Al menos un estudio, dice que el programa de DACA ha sido un beneficio económico para la nación.
Un informe publicado el lunes por el Centro para el Progreso Estadounidense, un instituto de política no partidista con sede en Washington, DC, detalla los beneficios que los programas de acción diferida ¾incluyendo las órdenes ejecutivas detenidas en los tribunales¾podrían ofrecer a cada estado.
Si aquellos que son elegibles en California recibieran permisos de trabajo temporales, el estado vería un incremento acumulado de $75.8 mil millones en producto interno bruto, con un incremento de $ 39.3 mil millones en el ingreso total para todos los residentes de California durante la década siguiente.
Enrique Murillo, profesor de la universidad Cal State San Bernardino y director ejecutivo de Latino Education and Advocay Days, dijo que es “una inversión”.
“Son apenas unos centavos por el momento, pero se verán los dólares más adelante”, dijo en español, elogiando las disposiciones de DACA que permiten a los participantes pagar la universidad.
“La educación es un imperativo económico…Nuestra ventaja en una economía global depende en gran parte del éxito de los estudiantes latinos”, agregó Murillo.
Pero a Patrice Lynes, de Temecula, quien ayudó a organizar las protestas contra la inmigración ilegal en Murrieta el año pasado, la acción diferida es simplemente “un imán para atraer más inmigración ilegal”.
“Si queremos seguir siendo una nación dirigida por el estado de derecho y en una nación soberana, tenemos que hacer cumplir nuestras leyes en la frontera y asegurar nuestras fronteras”, dijo. “Tenemos que detener la inmigración ilegal”.
