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 Activistas de inmigración se manifiestan en una reunión del Concejo Municipal de Santa Ana en mayo. Ellos se manifestaron contra el contrato de la ciudad que permite que detenidos de la Agencia de Inmigración y Aduanas sean albergados en las cárceles locales.
Activistas de inmigración se manifiestan en una reunión del Concejo Municipal de Santa Ana en mayo. Ellos se manifestaron contra el contrato de la ciudad que permite que detenidos de la Agencia de Inmigración y Aduanas sean albergados en las cárceles locales.
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Ambos bandos en el debate de inmigración se preguntan qué sucederá cuando el programa de detención llegue a su fin.

Partidarios de los derechos de los inmigrantes has buscado por mucho tiempo el cierre del programa Comunidades Seguras, una controversial estrategia en la cual agentes de policía detenían a personas de parte de agentes federales.

El presidente Obama cerró el programa el mes pasado como parte de su acción ejecutiva de inmigración. Pero les dio a las mismas personas algo más de que preocuparse: El nuevo programa de Cumplimiento de Ley Prioritario, o PEP, por sus siglas en inglés.

“Todos vamos a observar detenidamente cómo se desarrolla PEP a nivel local y si problemas del pasado relacionados con la aplicación excesiva de la ley, uso de perfiles raciales y violaciones a los derechos civiles se van a repetir”, dijo Annie Lai, profesora asistente de leyes y codirectora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en UC Irvine.

Aquellos que apoyan al programa de Comunidades Seguras alegan que desmantelarlo fue un error y que obstaculizará la seguridad pública. Ellos tampoco están seguros del nuevo programa.

“Como cuestión práctica, implica que un gran número de personas que vive aquí ilegalmente y que está involucrada en crímenes, no enfrentará la deportación porque no hay forma que ICE los ponga bajo custodia”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de póliza para el Centro de Estudios de Inmigración, en Washington D.C., un grupo sin fines de lucro que aboga por una menor tasa de inmigración y controles más estrictos de ley.

Bajo el programa Comunidades Seguras, agencias de cumplimiento de ley locales mantenían a sospechosos de ser inmigrantes indocumentados bajo custodia por hasta 48 horas adicionales después de haber cumplido sus sentencias, o después de haber sido ordenada su liberación, para darles información a oficiales de migración para que llegaran a detenerlos. Sus críticos alegan que la acción llevó a la deportación de criminales no violentos y ayudó a fomentar la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local.

El programa llegó a su fin en más de 100 gobiernos locales y estatales, incluyendo en el Condado de Orange, luego de ser desafiado exitosamente en las cortes este año, poniendo fin a detenciones adicionales para bien de la Agencia de Inmigración y Aduanas.

En junio, la Fiscal General de California, Kamala Harris, advirtió a agencias locales de cumplimiento de ley que podrían ser demandadas si detenían a arreos a solicitud de las autoridades federales de migración.

Eso siguió la promulgación de una ley instaurada por el estado llamada TRUST Act, que entró en efecto el 1 de enero y que limita las instancias en las que la policía local puede detener a alguien en nombre de ICE.

Pero aunque acabó con las detenciones, algunas agencias – incluyendo departamentos del alguacil en los Condados de Orange y Los Angeles – adoptaron otro procedimiento. Sus cárceles locales se comunicaban con ICE antes que sospechosos de ser inmigrantes no autorizados fueran liberados, para que agentes de ICE estuvieran disponibles para detenerlos e iniciar el proceso de deportación.

Notificaciones similares son un componente de PEP, el cual continuó la práctica de compartir huellas digitales y datos biométricos entre agencias.

Vaughan, cuyo grupo quería retener el viejo programa, dijo que cambiar a notificaciones por detenciones sustituye al juicio de agentes de ICE por el de líderes políticos locales, quienes pueden influenciar a sus agencias de cumplimiento de ley.

“Es un problema cuando el cumplimiento de las leyes de inmigración se politiza”, agregó.

La diferencia entre el viejo programa y el nuevo podría ser más significativa fuera de California, en estados que no han acabado con las detenciones.

“El gobierno federal de alguna manera se está poniendo al día con lo que han hecho las agencias locales”, dijo Jessica Karp Bansal, abogada para la Red Nacional de Organización de Jornaleros, un grupo con sede en Los Angeles que representa a docenas de organizaciones que protegen los derechos de los jornaleros.