Desde el 1 de septiembre, la fuerza policiaca de Santa Ana está cumpliendo con la exigencia de portar en el pecho cámaras de video que grabarían su interacción con los residentes de la ciudad, aunque la medida ha despertado sospechas de organizaciones comunitarias sobre la responsabilidad de los oficiales sobre su uso.
Los miembros de la división de patrullas del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) comenzaron a desplegar las cámaras AXON, pegadas al cuerpo como parte de su equipo.
Además, los miembros de la unidad de supresión de pandillas, oficiales de motocicletas y oficiales uniformados especializados también han sido equipados con cámaras para el uso diario.
Antes de implementar las cámaras, el SAPD realizó investigaciones y análisis metódicos con respecto al equipo, las políticas y procedimientos y las mejores prácticas para la comunidad, para incluir un período piloto de despliegue en campo.
De hecho, las portaban durante la reciente manifestación de centenares de jóvenes en contra de la eliminación del programa DACA, por parte de la Administración Trump, cuando colmaron pacíficamente las calles céntricas de la ciudad.
“Con las cámaras, el público seguirá teniendo fe en la rendición de cuentas de la Policía de Santa Ana”, dijo el concejal José Solorio, presidente del Comité de Seguridad Pública de la ciudad. “Nuestros oficiales también se beneficiarán porque las personas que sirven sabrán que [sus acciones] están siendo registradas, lo que tiende a conducir a una mejor conducta”.
Solorio consideró que, en general, estos tipos de cámaras proporcionan una comprensión más clara de lo que suceda durante un incidente y han sido acreditadas por reducir las quejas y conducir a mejores resultados de seguridad pública.
Dudas que deben resolverse
Carlos Perea, director de políticas de la organización comunitaria O.C. Resilience dijo a Excélsior que tantos las autoridades de gobierno como la misma policía deberían responder cuáles serán los mecanismos por seguir en el uso de las cámaras y la responsabilidad en su uso.
“Hemos visto casos donde, como por arte de magia las cámaras se apagan de repente”, dijo Perea. “Se apagan cuando ocurren incidentes [de brutalidad policiaca] y queremos que ellos se aseguren de documentar eso”.
También, la comunidad quiere saber si se les daría acceso a los videos y que haya transparencia en la ciudad para hacer públicas las grabaciones cuando se les demande.
“No tiene caso que la ciudad gaste dinero en cámaras caras si no hablan de la responsabilidad [de los policías], transparencia y castigos”, indicó el activista.
Por su parte, el jefe de la policía, David Valentín, cree que el programa de cámaras en el cuerpo proporcionará una mayor transparencia en la que la comunidad puede haber continuado y fortalecido la confianza en su departamento de policía.
“El público al que atendemos espera transparencia y comunicación abierta con aquellos que proporcionan su seguridad y tenemos la intención de mejorar nuestra capacidad de hacer eso con nuestro programa de cámaras”, agregó el jefe Valentín.
