ASUNCION, Paraguay.- En un episodio judicial poco común en Paraguay, unos campesinos acusados presuntamente por participar en una balacera en la que murieron once labriegos y seis policías despidieron el lunes a sus abogados en plena audiencia.
Ramón Trinidad, presidente del tribunal, anunció el lunes por los altavoces de la sala en el palacio de Justicia de Asunción que “la audiencia termina y se reiniciará el martes para dar tiempo al defensor público Joaquín Diaz a interiorizarse del expediente de sus defendidos”.
Los 11 campesinos expresaron en guaraní que perdieron la confianza en sus abogados y que preferían un defensor público y eligieron a Diaz, que estaba en la sala al tener como cliente al otro de los acusados.
La balacera en la que supuestamente participaron los acusados se registró en junio de 2012 cuando unos 54 campesinos ocupaban un predio estatal y se enfrentaron a unos 320 policías. Se desconoce quien comenzó el enfrentamiento en las afueras del pueblo Curuguaty, a unos 300 kilómetros de la capital paraguaya.
El ex presidente Fernando Lugo (2006-2012) fue destituido días después en un juicio político con la acusación genérica de mal desempeño en sus funciones, entre las que figuró la supuesta negligencia en el manejo de los hechos registrados Curuguaty.
Vicente Morales, despedido junto a Guillermo Ferreiro, declaró a The Associated Press que “es insólito el hecho de que once clientes revoquen el poder a sus abogados, pero la ley les da ese derecho”.
“En la historia judicial paraguaya es habitual que en pleno juicio el cliente diga que ya no lo quiere a su defensor, pero once de una vez es muy llamativo”, acotó.
El nuevo defensor dijo que se sorprendió con lo ocurrido en la audiencia y afirmó que el martes pedirá al tribunal que le otorgue “unos tres o más días para leer el expediente de cada uno de los que me eligieron y, además, solicitaré dos defensores coadyuvantes”.
El otro letrado despedido, Ferreiro, explicó a la AP que “el juicio, seguramente, comenzará en una o dos semanas y se extenderá por algunos meses porque la fiscalía llamó a 124 testigos, nosotros habíamos convocado a una cantidad casi similar y la fiscalía, presuntamente, tiene más de 230 pruebas en contra de nuestros ex clientes”.
El agente del ministerio Público, Jalil Rachid, había informado a la AP que los doce campesinos “son acusados por los delitos tentativa de homicidio doloso de seis policías, asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y obstrucción a la persecución penal”.
Dijo en la misma ocasión que la investigación y acusación se dirigieron exclusivamente contra los labriegos “porque los testigos que tengo dicen que ellos emboscaron a los policías”.
