HUNTINGTON PARK – Agobiados por el flagelo de las maras o pandillas, un grupo de alcaldes de El Salvador llegaron a Huntington Park para conocer legislación aplicada para la disminución de la actividad criminal de estos grupos.
En el marco de sus funciones de acercamiento y reforzar relaciones con autoridades locales y abrir puentes entre funcionarios salvadoreños con homólogos en el sur de California, el cónsul general Walter Durán y cinco alcaldes salvadoreños fueron recibidos el martes, 19 de agosto por la alcaldesa, Rosa Pérez, y el jefe del Departamento de Policía de Huntington Park (HPPD), Jorge Cisneros.
“Me interesa conocer cuáles han sido las medidas judiciales aplicadas para la reducción de pandillas”, dijo Janet de Rivera, edil de la municipalidad de Candelaria de la Frontera, en el Departamento de Santa Ana. “Quiero saber cuáles son las herramientas utilizadas para brindar mayor seguridad a nuestra gente”.
Datos del Ministerio de Seguridad calculan que la población afiliada a las “maras” en El Salvador se aproxima a 470,264 personas, según un estudio que comenzó en 2012 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
De acuerdo a los parámetros del censo efectuado en 184 de los 262 municipios de los 14 departamentos del país, una clica o pandilla está conformada por al menos 15 personas.
La preocupación de los alcaldes es visible, ya que en El Salvador mueren 92 jóvenes por cada 100,000 personas a raíz de la violencia generada por las pandillas. Esta tasa de homicidios es la más alta del mundo, según el informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) para América Latina.
“No podemos poner a toda la gente en la cárcel; eso es imposible”, expuso Cisneros, jefe del HPPD durante su charla con los visitantes en una sala de conferencias de la alcaldía. “Aquí hemos trabajado en base a la supresión, prevención e intervención”.
El jefe policial dijo a los alcaldes que las pandillas trabajan como “una familia” y tienen “su cultura”, y, si bien antes luchaban por demarcar territorios de dominio, el problema mayor de la actualidad es tener dinero de la manera más rápida.
“Todos sabemos que no hay fronteras para el crimen, pero todo comienza en la casa”, indicó. “En esta ciudad hemos desarrollado un programa de 12 semanas en los que trabajamos no solamente con los jóvenes, sino también con sus padres antes que todo sea demasiado tarde”.
Silvia Chavarría, alcaldesa de San Antonio Pajonal, Janet de Rivera, de Candelaria de la Frontera y Jorge Ramos Macali, de El Porvenir, municipios de Santa Ana, Gilberto Avilés, de Juayúa (Sonsonate), Walter Ortiz, de San Lorenzo (Ahuachapán) los ediles participantes de la charla con el jefe policiaco, además de Jonathan Pérez, presidente de la Diócesis de San Ignacio de Antioquia, Carmen Trejo, directora del programa Sanando Corazones y Ricardo Flores, gerente de proyectos.
“A los alcaldes les hemos presentado programas de apoyo directo que hay funcionado en esta ciudad”, expresó la psicóloga Carmen Trejo. “Ellos han entendido la importancia de que la comunidad se involucre en establecer alianzas con quienes desean un cambio positivo para sus comunidades”.
“A veces el nivel de violencia es tan alto que no se puede corregir solamente con medidas punitivas”, dijo la experta. “Muchas veces solamente se reacciona a las consecuencias de la violencia, y por ello queremos apoyarlos con planes concretos de prevención y reeducación para padres e hijos”.
Gran parte de la violencia asociada a las “maras”, pandillas o clicas salvadoreñas ha sido exportada desde Estados Unidos.
Miles de pandilleros asociados a la “Mara Salvatrucha” o la “MS13” de Los Ángeles fueron deportados a su país, después que habían huido de la Guerra Civil (1980-1992).
En la actualidad, hay más de 1,578 pandillas en El Salvador, 381 más de las que estaban registradas en 2008, y, según las proyecciones del Ministerio de Seguridad el número total de personas afines a las clicas podría llegar a 600,000 individuos, es decir, aproximadamente el 11% de la población total de la nación centroamericana.
“Por fortuna, nosotros no tenemos tan grave ese problema [de pandillas]”, afirmó Gilberto Avilés, alcalde de la turística ciudad de Juayúa, el Departamento cafetalero de Sonsonate. “En Juayúa hemos tenido muy buen acercamiento con todos los líderes de la comunidad y religiosos para mantener la paz”.
Juayúa había sido declarada zona libre de violencia por las pandillas, y aun cuando los “mareros” se habían comprometido a no asesinar, extorsionar, violar ni acosar a jóvenes para que se adhieran a los grupos criminales, el mes pasado fueron asesinados a balazos tres jóvenes en Coatepeque, Santa Ana y dos más en Juayúa.
