Marta Oliva, 38, ha vivido sin documentos por los últimos 17 años en este país.
Bajo el miedo de estar separada de sus dos hijos, está en camino de legalizar su situación después de que un abogado le tomó el caso como humanitario ya que tiene un hijo diagnosticado con autismo. Tiene la esperanza que pueda implementarse el programa de acción diferida para padres, conocido como DAPA, para poder vivir mejor.
“Todos los papás estamos pendientes de lo que va a pasar y preocupados porque en cualquier momento nos pueden separar”, dijo Oliva en su testimonio que preparó para la conferencia de prensa organizada por la Coalición de la Justicia del Inmigrante del Inland que ocurrió en el centro de Riverside en apoyo de la expansión de DACA y la implementación de DAPA, para padres de hijos estadounidenses.
Ese mismo lunes, 18 de abril, los ocho magistrados de la Corte Suprema escucharon los argumentos en un caso sobre la acción ejecutiva realizada por el presidente Barack Obama en el 2014. El caso, U.S. vs Texas, tiene dos cuestiones. La primera es si Texas puede declararse en perjuicio por la legalización de indocumentados. La segunda es si Obama excedió de sus poderes al ordenar que se detuvieran las deportaciones de personas indocumentadas y que se les otorgaran permisos de trabajo y residencia temporal bajo los programas de DACA y DAPA.
“Aquí estamos y no nos vamos y, si nos echan, nos regresamos”, dijo Emilio Ayala, un luchador de San Bernardino Community Service, añadiendo que quisiera que la decisión de la Corte Suprema fuera favorable y que se hiciera más para ayudar a los refugiados que venían de Centroamérica.
El mismo lunes, un diminuto grupo de opositores a la inmigración ilegal se manifestaron en la ciudad de San Bernardino.
Con pancartas que leían “Detengan la Amnistía de Obama”, “No Amnistía Ejecutiva”, y “Si estás en este país como ilegal, estás quebrando la ley”. Alrededor de una decena de miembros del grupo anti inmigrante We the People, se congregaron frete a la Alcaldía de San Bernardino. .
Liderados por Robin Hvidston, el grupo vocífero de ideas supremacistas argumentando la administración de Obama debería beneficiar a “americanos” primero antes de siquiera pensar en beneficiar a “ilegales”.
Hvidston añadió que el presidente está violando la Constitución de los Estados Unidos al ejercer su derecho “limitado” ejecutivo y que la Corte Suprema debería escuchar la petición de los estadounidenses y denegar los alivios migratorios.
“Nosotros nos oponemos al plan migratorio de Obama, y esperamos que nuestra voz tenga impacto en la Suprema Corte. Si la gente quiere venir a este país, tiene que hacerlo de manera legal. Mucha gente entra al país de manera legal todos los años y deberíamos ser tratados gloriosamente por ese favor que hacemos. Si toma siete años para entrar al país, pues vale la pena”, indicó Hvidston.
Sin embargo, el tiempo promedio para ingresar legalmente al país es mucho más que siete años, dependiendo del país de origen. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS), en noviembre 2015 habían alrededor de 4.6 millones de solicitantes esperando la entrada legal al país, de los cuales 1.3 millones eran de México, 418,000 de Filipinas y 344,000 de la India.
Según DOS, en la actualidad el gobierno está procesando solicitudes de personas que comenzaron el proceso en septiembre de 1992 y procesando visas de trabajo para personas que comenzaron el proceso en agosto de 2004. La aprobación no es garantizada y cualquier error o información sospechosa podría denegar la petición.
“La gran mayoría somos personas trabajadoras que solamente queremos una mejor calidad de vida para el bien de nuestros hijos”, dijo Blanca Olivares, una mexicana indocumentada que habló por los Hispanos Unidos en San Bernardino. “Soñamos mucho con el DAPA para poder tener mejores trabajos que estén mejor pagados y el beneficio de un servicio de salud”.
Fuentes oficiales indican que los magistrados de la Corte Suprema se encuentran divididos. Se espera que el caso sea resuelto para el 28 de junio.
