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  • Seth Davis (izq.), experto en litigios federales y administración pública...

    Seth Davis (izq.), experto en litigios federales y administración pública en la Facultad de Leyes de UCI aclaro a los siete concejales de Santa Ana la ordenanza aprobarían es legítima, de acuerdo con la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

  • Peter Katz, un activista comunitario de Santa Ana fue vestido...

    Peter Katz, un activista comunitario de Santa Ana fue vestido de Santa Claus a la sesión del cabildo y exhortó a los funcionarios para respaldar a la comunidad inmigrante.

  • Jóvenes integrantes del grupo Resistencia OC como Roberto Herrera (en...

    Jóvenes integrantes del grupo Resistencia OC como Roberto Herrera (en segunda fila), así como Karen Hernández y Ryan Esfahani se mostraron complacidos por la ordenanza aprobada por 7 votos a 0, la noche del martes en el Ayuntamiento de Santa Ana.

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    Con carteles que señalan que unos 160,000 individuos estarían en peligro de deportación en Santa Ana, decenas de jóvenes de organizaciones comunitarias y defensoras de los inmigrantes presionaron a los políticos de esta ciudad para aprobar por unanimidad una ordenanza que protege a sus habitantes de cualquier amenaza de expulsión de Estados Unidos.

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Por votación unánime de los siete concejales, aprobaron la noche del martes la ordenanza que convierte oficialmente a Santa Ana como la primera ciudad del Condado de Orange en ser declarada Ciudad Santuario para proteger a todos sus habitantes de cualquier amenaza de deportación por parte de la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es una victoria histórica para la comunidad inmigrante”, reaccionó el abogado Alfredo Amezcua, experto en defensa criminal. “La ordenanza es histórica porque esta ciudad establecerá una mejor ayuda para los inmigrantes documentados e indocumentados”.

Sorpresivamente, la moción para votar la ordenanza fue hecha por el alcalde Miguel Pulido y respaldada por todos sus colegas del concilio, incluyendo los dos nuevos concejales: Juan Villegas y José Solorio.

“Le conviene políticamente”, indicó Alexis Nava Teodoro, miembro de la organización comunitaria Resistencia O.C. “Pero nosotros necesitamos también que un comité de vigilancia y tener poder de citación de documentos, control y equilibrio de poder”

Pendiente quedó la resolución para cancelar en definitiva el contrato de $7 millones anuales que genera su relación con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). La discusión será el 7 de enero de 2017.

El vicealcalde Vicente Sarmiento reconoció que “algunos” miembros de la comunidad están preocupados porque Trump cumpla su promesa de retirar fondos federales a las municipalidades que se declaren santuario.

Frente a ello, el abogado Seth Davis, experto en litigios federales y administración pública en la Universidad de California Irvine (UCI) había adelantado en su testimonio público que la ordenanza es legítima, conforme con la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“El bienestar público es un asunto local, no federal”, dijo Davis “Existe una opinión del juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia [fallecido este año], quien dijo que el gobierno no puede ordenar a las ciudades a brindar informacion confidencial del individuo ni puede forzarle a que lo cumpla”.

La ordenanza se apega estrictamente a la resolución de ciudad santuario aprobada 5-0 el 6 de diciembre, donde Pulido y la concejal Michele Martínez estuvieron ausentes.

El mandato aprobado el martes requiere que la implementación de políticas que prohíban el uso de recursos económicos de la ciudad para la aplicación de las leyes de inmigración, protección de informacion sensible y confidencial, la prevención de la aplicación del perfil racial por parte de la policía y dirigir a los funcionarios de la aplicación del orden para que otorguen citaciones y liberen a las personas, en lugar de detenerlas y encerrarlas en una cárcel local o del condado, basados en la naturaleza del presunto delito cometido.

“Tenemos que dejar claro que la ordenanza no es ninguna fórmula milagrosa que nos va a proteger de todo contra Trump y su fuerza de deportación”, reaccionó Salvador Sarmiento, miembro de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “Se necesita más apoyo de la comunidad legal y fondos para la representación y defensa legal, como en Los Ángeles que destinó $10 millones”.

La ordenanza también incluye la petición del establecimiento de un grupo especial de trabajo conformado por miembros de la comunidad para asesorar al Concejo Municipal sobre las políticas relacionadas al mandato aprobado.

Pero a diferencia de la resolución, la ordenanza declara que la restricción sobre el uso de los recursos de la ciudad no se aplicaría cuando una persona se encontrara bajo investigación, haya tenido una orden judicial criminal pendiente o si se había enfrentado o fue condenada por un delito grave.

José Solorio, uno de los dos nuevos miembros del concilio expuso que “las grandes civilizaciones se juzgan como tratan a los individuos, especialmente a los más vulnerables”.

“Yo soy hijo de campesinos de Michoacán; he visto las redadas y separación de familias”, narró. “La administración Trump comenzará la separación de familias, atacará a los musulmanes y tenemos que parar cualquier registro basado en la religión o trasfondo étnico; hay que proteger también los derechos reproductivos de la mujer y los dólares que ya ganamos con el trabajo digno y ayudar a los individuos que están atrapados en este problema migratorio”.

La primera lectura de la ordenanza aprobada fue festejada también por Roberto Herrera, integrante de Resilience OC.

“Aseguramos los cambios que queríamos”, comentó un sonriente Herrera. “Con este voto, Santa Ana puede ser ejemplo para el resto de la nación en proteger a los inmigrantes y pelear contra Trump…Ha sido un buen regalo de Navidad”.

Un poco más cauteloso, Salvador Sarmiento acotó: “Santa Ana no puede ser una verdadera ciudad santuario hasta que no cancele el contrato con ICE”.