Los Ángeles.- Los reos del sistema de cárceles del condado de Orange en el sur de California estarían viviendo en condiciones violentas, abusivas e insalubres, asegura un estudio revelado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La investigación de dos años, realizada por el Proyecto de Cárceles del Sur de California de ACLU, también encontró que hay una gran indiferencia por parte del Departamento del Alguacil del Orange (OCSD), dirigido por Sandra Hutchens, ante los insistentes reclamos para subsanar la situación.
El informe, de 108 páginas, está basado en más de 120 entrevistas a reclusos y personas que estuvieron detenidos en las cinco cárceles que pertenecen al sistema, donde el 54 % de la población es latina.
El estudio encontró que para marzo de este año había unas 6.545 personas encarceladas, casi la mitad de ellas sin haber sido juzgada, lo que agudiza los problemas de hacinamiento que tienen estos sitios de reclusión.
En el 2015, el 54 % de los detenidos, muchos de ellos sin poder pagar las fianzas impuestas, estaba esperando juicio.
El reporte resalta que entre el 2010 y el 2016, 48 reclusos, 13 de ellos latinos, murieron bajo la supervisión de las autoridades, además de que el 35 % de las causas de estos decesos aún siguen siendo investigadas.
Los encuestados describieron un ambiente de violencia continuo, abuso por parte de los guardias, castigos injustos, hacinamiento persistente, condiciones insalubres, y atención médica inadecuada, entre otras violaciones dentro de las cárceles.
Es por ello, que ACLU en sus recomendaciones está pidiendo la renuncia de la jefe Hutchens y una revisión independiente de la cultura de violencia impuesta en la cárcel.
“Está claro y obvio que el departamento y las cárceles necesitan supervisión apropiada”, indicó Esther Lim, directora del proyecto ACLU SoCal Jails.
Lim aseguró que la jefe del OCSD y la junta de supervisores han “hecho la vista gorda a estos abusos y mala conducta”, y que ningún diputado ha sido formalmente acusado a pesar de los constantes denuncias de abuso de prisioneros.
El OCSD no sería el único departamento que ha enfrentado denuncias relacionadas con el manejo de sus cárceles.
En Los Ángeles, tras decenas de denuncias de atropellos contra los reos, el FBI investigó en el 2011 al Departamento del Alguacil y el asunto terminó en un juicio contra el entonces jefe Lee Baca y varios de sus diputados.
Los defensores de los inmigrantes han denunciado varias veces a Hutchens, una férrea opositora del proyecto SB-54 que prohíbe a las autoridades locales destinar recursos para hacer cumplir las leyes de inmigración.
“El departamento necesita comenzar una revisión e inspección exhaustivas de las cinco instalaciones de las cárceles de OCSD”, recomienda el informe.
