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Gobernador de California Jerry Brown.

California, ‘Estado Santuario', el mayor desafío para Donald Trump

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Especial para Excélsior

Las nuevas medidas legislativas protegen a estudiantes de DACA y a indocumentados

La promulgación reciente de California como ‘Estado Santuario’ y la firma de un paquete de leyes en defensa de los inmigrantes e indocumentados, por parte del gobernador Jerry Brown, se ha convertido en el mayor desafío para la política antiinmigrante de la administración del presidente Donald Trump y las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Líderes de diversas organizaciones defensoras de los inmigrantes celebran que ninguna agencia policial de California podrá colaborar con ICE, salvo en una serie de casos predefinidos, a partir del 1 de enero de 2018, cuando entre en vigor la ley SB 54, conocida como el Acta de Valores de California, del senador estatal Kevin de León.

“Esta ley es un gran triunfo de la comunidad inmigrante porque limita lo que se hace en California para protegerlos”, dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de Vamos Unidos USA. “La comunidad no estaría desamparada de las medidas y políticas racistas, crueles e inhumanas que viene tratando de implementar la administración Trump, sin la menor oportunidad de éxito”.

Nuevas leyes que protegen a estudiantes indocumentados

Brown aprobó varias medidas legislativas en materia migratoria: SB 54 (Kevin De León), AB 699 (Patrick O’Donnell), y tres medidas del senador Ricardo Lara, y otras leyes referentes a vivienda y protecciones civiles.

La medida AB 699 prohíbe que el personal de la escuela permita que los oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE) entren en una escuela sin seguir las pautas establecidas por el Procurador General, es decir, sin presentar una orden de arresto.

“La atención de los estudiantes debe estar en el trabajo escolar; no necesitan oficiales armados de ICE en el campus, lo que los hace sentir inseguros”, dijo el asambleísta O'Donnell, profesor y presidente del Comité de Educación de la Asamblea. “Los estudiantes no pueden aprender si tienen miedo”.

La ley entra en efecto el 1 de enero de 2018 y enfatiza que la discriminación basada en el estatus migratorio está prohibida en las escuelas públicas de kindergarten a 12º grado de California.

SB 59, (Ricardo Lara, D- Bell Gardens). Bloquea la expansión de los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro e impedirá que los gobiernos locales de California firmen un contrato o renueven o modifiquen contratos con compañías con fines de lucro y con la agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) para retener a los inmigrantes.

“California no debe estar al lado de las empresas que se benefician de la detención de los solicitantes de asilo y la miseria de las familias divididas”, dijo Lara (D-Bell Gardens). "El Proyecto de Ley Senatorial 29 detendrá el tren de detención en fuga y pondrá una luz sobre las empresas privadas para que California pueda garantizar los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes detenidos en nuestro estado”.

SB 68, Ricardo Lara, D-Bell Gardens). Amplia la ley AB540 para la matrícula estatal para estudiantes no tradicionales y hace que los estudiantes indocumentados en colegios comunitarios y otros programas sean elegibles para matrícula en el estado y reciban ayuda financiera.

Originalmente, la ley AB 540 permitía a estudiantes indocumentados que se graduaron y pasaron un mínimo de tres años en una escuela secundaria de California, calificar para la matrícula en el estado. Anteriormente, los estudiantes indocumentados que crecieron en California se vieron obligados a pagar los honorarios estudiantiles internacionales porque no podían establecer residencia legal.

SB 257 (Ricardo Lara, D- Bell Gardens).  Con la firma del gobernador, la nueva ley requiere que los distritos escolares admitan a estudiantes de California cuyos padres salieron de California en contra de su voluntad, la mayoría de las veces por deportación y quedaron desamparados. Se calcula que 500,000 estudiantes nacidos en Estados Unidos se mudaron a México desde 2005, a menudo debido a la deportación de un padre.

AB 291, (David Chiu, D-San Francisco). Prohíbe a los propietarios de reportar el estado migratorio de un inquilino a (ICE) y tampoco podrán usar el estatus migratorio del inquilino como amenaza para desalojarlos.

“La mayoría de nuestras familias inmigrantes son inquilinos y los administradores o propietarios que les rentan unidades siempre los intimidan con llamar a la ‘migra’ cuando quieren desalojarlos o aumentarles la renta ilegalmente”, expresó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, un organismo defensor de los inmigrantes. “Creen que con esa intimidación la gente se va a quedar callada”.

AB 21, (Ash Kalra, D-San José). Busca mitigar los impactos de posibles cambios federales en las políticas de inmigración, para garantizar que los beneficiarios de DACA tengan acceso a ayuda financiera, representación legal y su derecho constitucional al debido proceso.

“Estoy orgulloso de que nuestro gobernador y nuestra legislatura continúen demostrando el liderazgo de California y se opongan a la tiranía de nuestra actual administración federal”, declaró el asambleísta Kalra.

AB 1520 (Autumn R. Burke, D-Inglewood y Joel Anderson (R-El Cajón). Ley para sacar de la pobreza a niños y sus familias, ya que uno década cinco menores de edad en California es pobre. Con la ley se establecerá un grupo de trabajo para encontrar estrategias y poner remedio a esta situación.

SB 156, Joel Anderson, R-El Cajón). Mediante la nueva ley se proveerá asistencia a veteranos no ciudadanos y miembros de la Guardia Nacional de California para la presentación de los trámites necesarios para solicitar la ciudadanía

Esta nueva legislación requerirá que el Departamento de Asuntos de Veteranos de California y la Guardia Nacional de California ayuden a veteranos que regresan a casa y a los miembros actuales de la Guardia a presentar los formularios y papeleo necesarios para solicitar la ciudadanía, incluyendo información sobre dónde adquirir asistencia legal.

Bajo la ley federal, los residentes no ciudadanos de los Estados Unidos pueden recibir una solicitud acelerada de ciudadanía a cambio de servicio en las Fuerzas Armadas.


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