Los Ángeles.- Los alcaldes de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y de otras siete ciudades de California abogaron hoy en el Capitolio estatal por un paquete de leyes que trata de ofrecer una solución a la crisis de vivienda asequible en el estado.
El grupo alcaldes, donde también figuraron los regidores de Oakland, Santa Ana y San José, urgió a los legisladores a que aprueben medidas que estimulen la construcción de vivienda económica en el Estado Dorado.
“Nos estamos ahogando en esta crisis”, aseguró el alcalde de la sureña Santa Ana, Miguel Pulido, con más de 78% de residentes hispanos.
Un análisis presentado este mes por la Oficina de Análisis Legislativo y la inmobiliaria Zillow calculó que el costo promedio de una vivienda en California, que se eleva a más de medio millón de dólares, es casi el triple del promedio en el país.
Según la Tesorería de California, “una tercera parte de los arrendatarios en California gastan más de la mitad de sus ingresos mensuales en vivienda”.
El tesorero estatal, John Chiang, recientemente calificó la situación como una “catástrofe” que no se puede ignorar.
La falta de vivienda asequible, el incremento desmesurado del valor de las rentas, la expulsión masiva de inquilinos y el bajo índice de propietarios ha creado una grave crisis que amenaza con empeorar, destacaron hoy los alcaldes.
El índice actual de dueños de vivienda en California es el más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, según datos oficiales del estado.
“Necesitamos vivienda asequible para que nuestros niños, mayores y trabajadores puedan vivir en nuestra gran ciudad”, afirmó el alcalde de San Diego, el republicano Kevin Faulconer.
Seguidamente a la rueda de prensa, los alcaldes se reunieron con el presidente temporal de la Asamblea, el demócrata Kevin de León, y tienen programada una reunión posterior con el gobernador, Jerry Brown.
Por tratarse de medidas que establecen cargas tributarias, las propuestas necesitan una aprobación de al menos dos terceras partes de los votos en ambas cámaras legislativas, aunque los demócratas cuentan entre su partido con los votos suficientes.
El paquete incluye dos propuestas, una de la senadora Tony Atkins, de San Diego, y la otra del asambleísta Jim Beall, de San José, que, según los legisladores, generarían fondos suficientes para construir 70.000 viviendas asequibles.
La propuesta SB2 de Atkins, impondría una tarifa adicional de 75 a 225 dólares sobre las transacciones de bienes raíces y generaría entre 229 y 258 millones de dólares al año, según el análisis del Comité de Apropiaciones del Senado.
La mitad de los fondos recaudados se destinaría a iniciativas para combatir el grave problema de personas sin vivienda fija y la otra mitad se destinaría a los gobiernos locales durante el primer año.
A partir de 2019 las ciudades y los condados recibirían el 70% del dinero que generaría del nuevo impuesto.
No obstante, las medidas han encontrado reticencia incluso entre legisladores demócratas que no ven factible aprobar un nuevo impuesto.
Legisladores demócratas moderados, como el asambleísta Jim Cooper, de Elk Grove, manifestaron que sus electores están sobrecargados de impuestos y se avecinan recargos adicionales en los costos de la gasolina.
La iniciativa SB3 de Beall, presentaría un bono de cuatro millones de dólares, que incluye un millón destinado a vivienda para veteranos, para ser decidido por los votantes en noviembre 2018.
Dos medidas similares aprobadas anteriormente en votación popular en 2002 y 2006 destinaron 5,000 millones de dólares para construir 163,000 viviendas.
Los costos del bono de tres millones, tanto en intereses como en amortización, serían cubiertos por los contribuyentes y el bono de 1 millón para los veteranos se tomaría de sus programas especiales de vivienda y sería pagado por los mismos militares retirados.
Otra medida que ya cuenta con el respaldo expreso del gobernador es la propuesta SB35, del senador de San Francisco Scott Wiener, que busca agilizar el proceso de aprobación de algunos proyectos al eliminar las revisiones ambientales y de planeamiento.
La Liga de Ciudades de California, opuesta a esta medida, argumenta que las excepciones significan riesgos de protección ambiental y manejo de las tierras y limitan la participación de los residentes en decisiones locales de construcción.
