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El jefe de policía de Los Ángeles, Charly Beck.
El jefe de policía de Los Ángeles, Charly Beck.
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Los Ángeles.-  Una disminución del número de denuncias de crímenes sexuales en Los Ángeles ha puesto en evidencia el miedo de los indocumentados a ser deportados y las diferentes posturas de los cuerpos policiales respecto a cómo aplicar las normas de inmigración y si deben existir los “santuarios”.

Mientras el jefe de la policía de la ciudad, Charly Beck, ha dejado claro que sus agentes no están interesados en la condición migratoria de los residentes de la ciudad, el jefe de alguaciles del condado de Los Ángeles (LASD), Jim McDonnell, apoya abiertamente el colaborar con las autoridades federales de inmigración.

“El LAPD (Los Angeles Police Department) depende de la confianza de los residentes de Los Ángeles. Documentados o indocumentados hoy nos comprometemos a estar con ustedes”, aseguró Beck en su cuenta de Twitter.

Beck se pronunció de esa manera después de haber atribuido una baja en el número de denuncias de crímenes sexuales a que la comunidad indocumentada teme acudir a las autoridades por miedo a las deportaciones.

Según las estadísticas del LAPD, entre el 1 de enero y el 18 de marzo hubo 123 reportes de víctimas de asaltos sexuales, comparados con 164 en el mismo período de 2016, lo que significa una “inusual” disminución del 25 %, en palabras de Beck.

El jefe policial opinó que se debe atribuir al “temor de la comunidad indocumentada a denunciar” este tipo de delitos, pues aunque también hubo una disminución en los reportes de víctimas no latinas de ataques sexuales, sólo fue del 3 %, destaca el informe.

Las críticas al jefe de la policía de Los Ángeles por atribuir la disminución de denuncias exclusivamente a las acciones de inmigración no se han hecho esperar.

Para Dan Cadman, analista del Centro para Estudios de Inmigración, organización que se opone a la inmigración ilegal, no se puede descartar que la disminución de denuncias esté directamente ligada con la reducción de delitos.

“Entonces está la cuestión, ¿por qué sólo ese pequeño subconjunto de crímenes se vio afectado? Para plantear una verdadera causa y efecto, ¿este temor a las remociones, que supuestamente da lugar a no denunciar crímenes, no se extendería a toda la gama de delitos?”, cuestionó Cadman en un comentario enviado a Efe.

“¿Qué pasa con los asaltos físicos y los ataques no sexuales? ¿Qué hay de los robos a los vehículos o del robo de autos? ¿También se ha informado de que todos han caído entre los latinos? No lo sabemos”, argumentó el analista.

El reporte de los alguaciles del condado de Los Ángeles sobre delitos violentos en ese mismo periodo mostró que los homicidios disminuyeron un 1,8 %, los robos aumentaron un 1 % y los ataques graves se redujeron un 3,8 %.

En referencia a los delitos contra la propiedad, el robo de vehículos aumentó un 7,6 % y el hurto de objetos dentro de los autos se elevó en un 5,1 %, mientras los robos a las personas disminuyeron un 6,9 %.

McDonnell, el jefe de los alguaciles del condado, criticó defendió la necesidad de colaborar con las autoridades federales de inmigración y criticó la propuesta legislativa SB54 que convertiría a California en un “estado santuario”

“La SB54 prohíbe que mi agencia responda a las solicitudes federales de notificación cuando una de mis instalaciones carcelarias aloje a alguien acusado de un delito que podría ser sujeto de una acción de inmigración”, expresó McDonnell en una comunicación obtenida por Efe.

Guadalupe Mejía, directora de servicios de emergencia y voluntariado de Paz sobre Violencia, una organización que trabaja para eliminar la violencia doméstica y sexual, está de acuerdo con Beck en que la confianza en las autoridades es muy importante.

“Las personas que han sufrido abuso necesitan quién las escuche y quién las apoye y las proteja. Ellas deben saber que no están solas”, señaló Mejía.

Las autoridades de inmigración, por su parte, aseguran que están haciendo su trabajo e insisten en la importancia de que las autoridades locales colaboren en el esfuerzo.

“La mayor amenaza para la seguridad pública es la continua falta de voluntad de las autoridades locales para cumplir con los requerimientos de detención de inmigración”, declaró Virginia Kice, portavoz para la Región Oeste del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Paralelamente legisladores y funcionarios electos de California se preparan para enfrentar posibles recortes en la ayuda federal por su posición de “jurisdicciones santuario”.

“La amenaza de la Administración para retener fondos federales es equivocada e inconstitucional”, dijo el alcalde de San Francisco, Ed Lee, al reaccionar este lunes a la petición del Fiscal General de la nación, Jeff Sessions, para que los estados y jurisdicciones locales cumplan con las leyes federales de inmigración.