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(Christine Cotter/Especial para Excélsior)
Un grupo de personas que apoyan el DREAM Act muestran su descontento durante una manifestación.

Un paso más cerca a la reforma

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Especial para Excélsior

Muchos han criticado al presidente Obama desde que el 15 de junio, anunció una nueva política que suspende las deportaciones de personas menores de 30 años que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, que han vivido aquí durante más de cinco años, que han terminado la preparatoria aquí o la high school y que no tienen antecedentes criminales.

Supuestamente las críticas dicen que el presidente Obama está actuando inconstitucionalmente.

¡Esto no es cierto!

La ley migratoria permite ajustar el estado migratorio de “indocumentado sin autorización” a “documentado con autorización”, después de pagar una multa por entrar al país sin permiso o por sobrepasar su estadía violando requisitos de su visa estadounidense.

Según información difundida por los medios, en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de personas indocumentadas. Estas personas indocumentadas tienen cerca de 5.5 millones de hijos, de los cuales 1.5 millones de estos hijos son indocumentados y cuatro millones son hijos ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

La Corte Suprema de EE UU ha dictado que todo joven tiene derecho a una educación hasta la preparatoria sin importar su estado migratorio. En California la ley AB540 permite que estudiantes indocumentados asistan a la universidad y que paguen la misma cuota que ciudadanos o residentes legales. También este año se aprobaron dos leyes en California que afectan a estudiantes indocumentados: una permite becas de fondos privados (AB130) y otra de fondos públicos (AB131).

Por más de diez años se ha tratado de aprobar el Dream Act (“Ley de Sueño” - Development, Relief and Education for Alien Minors Act – ley de apoyo y educación para menores inmigrantes). Para aprobar una nueva ley se requiere que ambas cámaras del Congreso Federal la aprueben. En 2010 la Cámara de Representantes Federales aprobó el Dream Act, pero en el Senado cinco senadores demócratas votaron en contra. Los votos de estos cinco senadores demócratas eran necesarios porque aunque había 55 de 100 senadores a favor, se requerían 5 más para ganarle al proceso filibuster, que permite a un solo senador parar cualquier ley a sólo que existan 60 senadores a favor.

Todos los estudios independientes también demuestran que los inmigrantes legales o no legales, pagan más en impuestos que lo que usan en servicios, y que la reforma migratoria tiene un impacto positivo en la economía y en el bolsillo de los habitantes.

Esto fue demostrado por el estudio “Impacto de Inmigración a la Economía”, publicado en junio del 2007 por el Consejo de Asesores Economistas de la Casa Blanca (White House Council of Economic Advisers).

Esta decisión justa y constitucional del presidente Obama proveerá alivio a casi un millón de personas. Sin embargo, todavía requerimos una solución amplia de reforma migratoria. La reforma también mejoraría la economía de EE UU como demuestran los estudios, pero al no hacerlo la afecta negativamente.

Una reforma migratoria como solución para el resto de las personas indocumentadas nos ahorraría miles de millones de dólares anuales, y nos permitiría enfocar nuestros limitados recursos en combatir la delincuencia violenta.

Al no implementar una reforma migratoria, se continuaría con acciones indebidas como las de Arizona SB 1070, o como las del sheriff Joe Arpaio de Maricopa County, Arizona. El estudio “Misión No Cumplida” (Mission Unaccomplished), publicado en diciembre del 2008 por la organización conservadora Goldwater Institute), demostró que aunque se ha cuadriplicado el presupuesto del sheriff Arpaio a 270 millones de dólares anuales, el crimen violento ha aumentado en Maricopa County, mientras Arpaio se distrae en redadas y acciones indebidas en contra no solamente de personas indocumentadas, sino también contra ciudadanos y residentes legales de descendencia hispana.

Por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició y concluyó una investigación del sheriff Arpaio y su agencia, y ha anunciado una demanda legal por violar la ley, no investigar los crímenes contra hispanos y por violar los derechos de los ciudadanos.

En comparación a Maricopa County, el crimen se ha reducido en el resto de Arizona y en el resto del país.

Una reforma migratoria nos permitiría actuar de acuerdo a nuestros valores, mejorar la economía, beneficiar a nuestro país, hacer realidad un mundo mejor y finalmente decir “¡sí, se pudo!”.

Francisco Barragán, mejor conocido como “Paco”, es líder empresarial de veteranos militares y líder comunitario www.linkedin.com/in/franciscobarragancpacia


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