México.- La detención en Panamá de Roberto Borge, gobernador del estado de Quintana Roo entre 2011 y 2016, manifiesta, una vez más, los vergonzosos vínculos entre corrupción y poder en México, aumentando la desconfianza ciudadana.
Borge, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), espera su extradición desde Panamá después de ser capturado el domingo pasado en el país centroamericano, en un operativo conjunto de las autoridades panameñas y la Policía Internacional.
El arresto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá cuando el político se disponía a tomar un vuelo rumbo a París (Francia), informó la fiscalía general de México.
Su último refugio antes de la detención fue, nada más y nada menos, la lujosa Torre Trump de Panamá, propiedad del hoy presidente de Estados Unidos y posiblemente uno de los hombres más detestados en México.
El actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), celebró hoy en entrevista con Radio Fórmula la detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En los distintos controles que ha ejecutado su administración desde su arribo al poder, se detectaron “anomalías y malos manejos”, indicó.
Entre estos la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado.
Todo ello habría disparado la deuda de Quintana Roo, que llegó a los 22.000 millones de pesos (1.176 millones de dólares).
Casos como el de Borge se repiten a lo largo y ancho de México, hasta el punto de que cuesta encontrar un estado en el que no haya habido algún exmandatario o alto funcionario acusado de malas prácticas.
Uno de los casos más sonados y recientes es el de Javier Duarte, gobernador del oriental estado de Veracruz entre 2010 y 2016 por el PRI y con una administración nefasta, que dejó el estado en bancarrota y con los índices de violencia e impunidad por las nubes.
Fue capturado en un lujoso hotel de Guatemala el pasado abril después de seis meses prófugo, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
En el país hay al menos una decena de exgobernadores estatales involucrados en delitos ligados al uso indebido de su poder. Algunos de ellos están prófugos y otros en medio de procesos judiciales.
Por poner solo unos ejemplos, en abril fue capturado en Italia al gobernador de Tamaulipas (noreste) entre 1999 y 2004, Tomás Yarrington, también del PRI, acusado de favorecer a dos cárteles de las drogas.
El gobernador de Sonora entre 2009 y 2015, Guillermo Padrés, del PAN, se entregó a las autoridades tras un mes prófugo y es acusado de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
César Duarte, gobernador del norteño Chihuahua entre 2010 y 2016, es un prófugo de la justicia, acusado de peculado (malversación de fondos públicos).
Esta larga lista de casos son una muestra indiscutible de la crisis institucional que padece el país.
México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, siendo el país peor evaluado de la OCDE y situándose en el número 123 de 176 naciones examinadas, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional (TI), basado en la percepción de expertos del sector privado.
El creciente desencanto ciudadano se ha hecho notar en los comicios celebrados este domingo en cuatro estados de México para renovar más de 500 cargos públicos, entre ellos gobernador del Estado de México, el más poblado del país, Nayarit y Coahuila.
En Coahuila y el Estado de México ganó de nuevo el PRI, que lleva 88 años seguidos en el poder en estas regiones, pero lo hizo por la mínima.
En Nayarit venció una alianza entre PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que Veracruz la alianza entre estos dos partidos logró el triunfo en 112 de las 212 alcaldías.
“Es un cáncer que no es nuevo, pero que se tiene que combatir con firmeza. Se tiene que detener a los corruptos, tienen que ser procesados, y terminar en la cárcel”, dijo a la emisora MVS el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien indicó que de nada sirve “tapar el sol con un dedo”.
