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Norma Pérez abraza a su hijo Sebastián mientras habla de su esposo Ramón Ruiz Ortiz el miércoles 17 de mayo.
Norma Pérez abraza a su hijo Sebastián mientras habla de su esposo Ramón Ruiz Ortiz el miércoles 17 de mayo.
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Un padre mexicano indocumentado que vivía en Moreno Valley pensó que estaba haciendo lo correcto al presentarse a su cita de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) para solicitar un permiso temporal de permanencia.

Sin embargo, pasó lo inesperado.  Ramón Ruiz Ortiz, de 36 años de edad, fue deportado ese mismo día, el 11 de mayo, sin poder hablar con su abogada ni avisar a su esposa. No le tradujeron los documentos que le presentaron en inglés, ni el papel que le dijeron que firmara; el cual no firmó.

“Aunque no lo firmes, de todos modos, te vamos a deportar”, asegura que le dijeron los agentes federales. También le quitaron su pasaporte mexicano y matricula consular.

De la oficina del USCIS en San Bernardino, le trasladaron a otra cercana del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) donde los oficiales le subieron a un camión que iba rumbo a Tijuana.

El caso de Ruiz Ortiz se suma al de otros bajo la nueva política de la presidencia de Donald J. Trump: su deportación no tiene justificación en términos de seguridad nacional.

Dado que Trump ha ampliado las categorías de inmigrantes que pueden ser deportados, ahora padres indocumentados, como Ruiz Ortiz, se arriesgan a ser expulsados del país por el simple hecho de no tener papeles.

No calificaba: ICE

El ICE, por medio de su portavoz Virgina Kice, dijo que Ruiz Ortiz no reunía los requisitos para la permanencia legal dado que la había solicitado bajo un nombre ficticio y porque había sido expulsado del país y regresado, sin permiso, escondido en la cajuela de un vehículo en 1999.

Su esposa Norma Pérez no pensaba que le iba a pasar algo semejante a su esposo al ir a la cita acompañado por su hijastro, Erik Silva.

“Le necesitamos”, dijo ella, con los ojos humedecidos. “Él es todo para nosotros”.

Ruiz Ortiz tampoco se lo podía creer.

“Estoy se siente como una pesadilla. No puedo dormir…”, dijo el padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos durante una entrevista telefónica desde Ensenada, Baja California.

“Me siento solo. Necesito a mis hijos y a mi esposa. Entramos felices allí y mire lo que pasó”.

El inmigrante originario de Guadalajara, Jalisco ha vivido en los Estados Unidos por 17 años y ha tenido el mismo trabajo por 14 años en una bodega de Ontario.

Dijo que se sentía como un criminal. Solamente deseaba ser un residente legal para poder “ser libre en este país” y “salir de las sombras”.

“No me parece que hicieron las cosas de manera justa”, añadió.

Redadas silenciosas

Grupos que abogan por los derechos de inmigrantes critican que cada vez son más frecuentes las “redadas silenciosas” o los arrestos de indocumentados sin antecedentes penales durante comparecencias en corte o cuando se presentan en oficinas federales para renovar permisos temporales de permanencias.

“Ahora no tenemos calma, estoy muy asustada porque nos están criminalizando. Ya reingresar indocumentado a Estados Unidos o manejar sin licencia es un crimen”, manifestó Ana, una mujer mexicana quien prefirió no dar sus apellidos.

A pesar de que las leyes de inmigración en sí no han cambiado, lo que ha cambiado es como se aplican, indican los expertos.

Cada día se calcula que los agentes federales detienen a más de 400 inmigrantes indocumentados. Según las estadísticas reportadas por ICE, hubo 41.300 arrestos entre 22 de enero y 29 de abril de 2017. De estos, unas 10.800 personas indocumentadas no tenían un récord criminal.

El jefe del ICE, Thomas Homan, ha atribuido al alce de detenciones al hecho de que los “agentes y oficiales han sido dados una directiva más clara para poder enfocarse en personas que sean amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional del país”.

Con antecedentes: una prioridad

En una conferencia telefónica de prensa, Homan dijo que los indocumentados que contaban con antecedentes delictivos o quienes se consideraban peligrosos serían una prioridad para esta Administración. Pero que también lo serían todos aquellos que tuviesen una orden de deportación firmada por un juez de inmigración.

“A mí me preguntan mucho el por qué arrestamos a alguien que no sea un criminal”, dijo Homan. “Pero yo les recuerdo que los que entran al país ilegalmente…han violado la ley. Y eso se considera un acto delictivo”.

Trump, por su parte, reiteró durante una entrevista con The Economist, que quería que la gente entrara legalmente al país, que hubiera un sistema migratorio basado en méritos (como el de Australia o el de Canadá) y aseguró que daría visas de trabajo a los trabajadores agrícolas.

“Si miras, hay mucha gente que llega a través de la frontera, que son grandes personas y trabajan en las granjas y luego regresan a casa. Nos gusta mucho esa gente y queremos que continúen llegando”, dijo Trump.

A prepararse

Tras la deportación de Ruiz Ortiz, el Consulado de México en San Bernardino aconsejó a que su familia acudiera a las oficinas legales de la abogada especialista en inmigración, Hadley Bajramovic, en Riverside, para que ella pudiera darles una consulta sobre el caso.

“Este hombre no debería de haber sido deportado”, señaló la abogada.

A Bajramovic la preocupa que no existen las mismas prioridades en los casos de deportación como antes bajo el expresidente Barack Obama. Según ella, ahora todos corren el mismo peligro.

“No queremos asustar a la comunidad con el caso de Ramón”, dijo Bajramovic. “Pero las cosas están cambiando y la gente sin papeles debería de ir a los Consulados para averiguar lo que pueden hacer para estar bien preparados y para poder protegerse”.

Con información de agencias y Alejandra Molina de The Press-Enterprise.