RIVERSIDE Una serie de demandas presentadas en contra de pequeñas empresas en Riverside, por un abogado y su cliente, han planteado cuestiones de cultura y comunidad que van más allá de los reclamos por discriminación de género y fijación de precios por un corte de pelo o el servicio de lavandería para blusas.
La mayoría de las empresas demandadas, siete salones de belleza y cuatro tintorerías desde abril, son propiedad de hispanos inmigrantes, explicó la abogada Rosa Elena Sahagún, quien organizó la plataforma para protestar por las demandas, pero no los representa ante el tribunal.
El abogado de Riverside que está demandando al negocio, Rogelio V. Morales, presentó las demandas en nombre de Mireya Arias, quien Sahagún y otros identificaron como su novia. La demanda busca daños en un exceso de $25,000.
Una de las demandas alega una diferencia de $8 dólares entre el corte de cabello para hombres y mujeres. Una demanda en contra de una tintorería reclama una diferencia de $2 entre la limpieza de la blusa de una mujer y una camisa de hombre.
El dueño del salón de belleza dice que la diferencia en el precio citado en la demanda se basa en el trabajo y la dificultad del corte, no al género.
La tintorería respondió que cobra $2.50 por lavar camisas de hombre y blusas de mujer, pero la demanda compara incorrectamente el lavado, con agua y detergente, al precio del lavado en seco de $4.50, que también es el mismo para camisas y blusas.
Morales declinó hacer comentarios sobre su relación con su cliente, y dijo que quiere poner fin a lo que él considera como una amplia discriminación de género por precios en el área.
LA COMUNIDAD ES UN BLANCO FÁCIL
Los demandados lo ven de otra manera. Varios dijeron que después de que Morales presentó las demandas, se puso en contacto con ellos para preguntarles si les gustaría llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Al menos a tres les informaron que les costaría al menos $10,000 el enfrentar la demanda, y parece que ese fue el costo sugerido para poner fin a la acción con un acuerdo.
“Mi opinión es que él percibió a este sector de la comunidad como un blanco fácil”, dijo Sahagún en una entrevista. “Mi opinión es que él piensa que estas pequeñas empresas, negocios de propietarios inmigrantes, no iban a tener los conocimientos o los recursos para luchar en contra de las demandas”.
Morales dijo que la ley de California que prohíbe la discriminación por género y fijación de precios, y exige a las empresas, tales como los salones de belleza y tintorerías, que muestren letreros con los precios ha estado vigente desde 1995. Las demandas también alegan una violación al código profesional y de negocios del estado por no cumplir con dicha ley.
“A los críticos que consideran que esto es ilegal o incorrecto, la defensa tiene los mismos derechos que los demandantes”, dijo Morales. “Si ellos sienten que están siendo extorsionados o que no han violado la ley, hay muchos recursos que pueden utilizar para desestimar el caso. Estoy bastante seguro que son conscientes de sus propias prácticas comerciales”.
“Estas demandas se pueden resolver en cualquier momento, sin necesidad de que una empresa contrate a un abogado”, dijo Morales en una entrevista. “Es una decisión que ellos deben tomar”.
‘NO ME VA A SUCEDER A MÍ’
Pero muchos han contratado abogados y están luchando contra las demandas.
“La razón por la que buscó a los hispanos es porque siempre tratamos de alejarnos del problema y negocias; preferimos alejarnos que enfrentarnos con abogados y jueces”, dijo José Paniagua, propietario de Chic Hair Studio.
“Eso no va pasar conmigo”, dijo Paniagua, quien agregó que él se encuentra entre los que recibieron una llamada para preguntarle si quería resolver la causa fuera de los tribunales.
Paniagua dijo que la diferencia de precio en los cortes de pelo que se alega en la demanda, $16.50 para las mujeres y $8.50 por los hombres, no es debido al género, sino por la cantidad de trabajo que toma el corte de pelo de la mujer.
El miércoles, 20 de julio, Paniagua ganó una moción que reducirá la cantidad de daños que podría otorgarse si Morales prevalece en la demanda.
La lucha, mientras tanto, se ha extendido fuera del tribunal.
Se han hecho publicaciones sarcásticas en el portal de Facebook de Sahagún. El martes 19 de julio, una pequeña, pero ruidosa manifestación de los acusados y sus partidarios se presentó fuera de la oficina en Riverside de Morales; los manifestantes fueron recibidos por Morales, quien les respondió a través de un megáfono.
“Él simplemente está tras los salones de belleza pequeños, los salones de belleza de la comunidad”, dijo Rosie Quintana en la manifestación poco después de tener un intercambio fuerte con Morales en la acera.
El salón de belleza “Your Hair Place”, propiedad de Quintana, fue demandado por Arias a finales de junio. Ella indicó que le preguntó a Morales por qué no había demandado a los salones de belleza de las grandes corporaciones.
En una entrevista previa, Morales dijo: “Las entidades corporativas que visitamos tienden a seguir la ley”.
CÓMO SACAR GANANCIA
Los acusados también señalaron una publicación en el sitio web de Morales, que invita a las personas a escuchar consejos de él, en “Cómo sacar ganancia y poner fin al impuesto de género en el condado de Riverside”, que indica que las violaciones podrían generar al demandante al menos $4,000, más los honorarios de los abogados. La cuota por asistir a este tipo de reuniones es de $10 por persona.
Morales dijo que el seminario era justificado dada la discriminación de género “sistémica”.
Pero las demandas recuerdan acciones similares que parecían poner en el blanco principalmente a las vulnerables pequeñas empresas, pero por razones legítimas, expresó un abogado.
“Está claro que están trabajando juntos en la misma forma que vimos con los demandantes y abogados de la Ley de estadounidenses con discapacidades”, dijo el abogado de Riverside, Bryan Owens, que representa a Chic y otros tres acusados que Morales ha demandado en nombre de Arias.
Un proyecto de ley del senador Richard Roth, fue impulsado en parte por una serie de demandas por reclamos de violación a la ley ADA, presentadas por dos demandantes en el 2013-14 que nombró a 48 negocios, en su mayoría del centro de Riverside, como restaurantes, cafeterías, edificios de apartamentos y moteles, muchos de ellos ubicados en edificios de principios del siglo 20.
El gobernador Jerry Brown firmó la legislación, escrita por el demócrata de Riverside, en mayo. Otorga a las pequeñas empresas un período de cuatro meses para solucionar los problemas de acceso para las personas con discapacidad y evitar la responsabilidad civil mínima en California de $4,000 por cada violación, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Los dueños de negocios se quejaron, que el dinero que tomó para hacer frente a los casos judiciales, se podría haber utilizado hacia la recuperación de los problemas de acceso para discapacitados.
Paniagua, el dueño del salón Chic, dijo que el único alivio similar por la demanda que enfrenta es colocar letreros sobre los precios no discriminatorios y el estatus de los estilistas como contratistas independientes, en un plazo de 30 días, desde la notificación de la demanda para evitar una multa de $1,000.
