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  • La justicia que tanto pidieron los habitantes de la pobre...

    La justicia que tanto pidieron los habitantes de la pobre ciudad de Bell está llegando, poco a poco. George Mirabal será puesto tras las rejas el próximo 25 de julio, anunció el juez el viernes, 11 de julio 2014 en Los Angeles.

  • Por varios años la comunidad de Bell luchó para acabar...

    Por varios años la comunidad de Bell luchó para acabar con la corrupción de funcionarios públicos. El turno le llegó al ex alcalde y ex concejal, George Mirabal, quien fue sentenciado a un año de cárcel por su participación en el esquema fraudulento maquinado por Robert Rizzo, anunció el juez el viernes, 11 de julio 2014 en Los Angeles.

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LOS ÁNGELES – El ex concejal George Mirabal ha sido el primero de los llamados “Cinco de Bell” en ser sentenciado a un año tras las rejas en la cárcel del Condado de Los Ángeles y a cinco años de libertad condicional.

La juez Kahtleen Kennedy, de la Corte Superior de Los Ángeles también ordenó el viernes, 11 de julio a Mirabal, de 64 años de edad, que reembolse $242,293 a la ciudad de Bell.

“La sentencia incluye 1,000 horas de servicio comunitario”, dijo a UNIDOS, Greg Risglin, vocero de la Procuraduría de Distrito del Condado de Los Ángeles. “él [Mirabal] no ha sido tomado en custodia”.

Mirabal deberá entregarse voluntariamente a las autoridades el próximo 25 de julio para su encarcelamiento ese día

George Mirabal, el ex alcalde Oscar Hernández y los ex miembros del ayuntamiento de la pequeña ciudad de 35 mil habitantes, George Cole, Teresa Jacobo y Víctor Bello fueron declarados culpables de apropiación fraudulenta de fondos públicos.

Los salarios estratosféricos que recibían provenían de presuntas reuniones de trabajo que llegaban a durar menos de cinco minutos.

El pasado 9 de abril, Mirabal decidió no refutar dos cargos de felonía por apropiación indebida de fondos públicos, en un acuerdo con el fiscal Sean Hassett para resolver los restantes cargos de corrupción en su contra.

En la acusación formal en contra de Mirabal, ex concejal y ex alcalde de Bell, la fiscal de distrito, Jackey Lacey, indica que desde 1986 a 2010, el ex concejal tenía la responsabilidad fiduciaria de defender los intereses de la comunidad que representaba.

En cambio, junto con los otros cuatro acusados, aprobaron repetidas resoluciones para inflar sus salarios.

Según la acusación de la Procuraduría, Mirabal, Hernández, Jacobo y Bello se valieron de agencias fraudulentas como la llamada Autoridad para el Superávit de la Propiedad, Autoridad de Finanzas Públicas, Autoridad de Vivienda de la Comunidad y sobre todo, la inexistente Autoridad de Reciclaje y de Residuos Sólidos.

Mediante este esquema, los acusados aseguraron que nunca más deberían trabajar.

AGENCIAS ‘FANTASMAS’

El reembolso de $242,293 que deberá pagar Mirabal fue calculado de la siguiente manera: $80,764.40 por su compensación ilegal en la Autoridad de Reciclaje y de Residuos Sólidos; igual cantidad por pagos fraudulentos a través de la Autoridad para el Superávit de la Propiedad y $80,764.68 de fondos ilegales que adquirió a través de la Autoridad de Vivienda de la Comunidad

En julio de 2008, el salario base de cada uno de los implicados en el escándalo de Bell era de $7,666.61 mensuales, o $91,999.32 al año.

Seis meses después los funcionarios públicos despidieron a 40 jardineros del Departamento de Parques y Recreaciones, en lugar de disminuir sus salarios.

Para julio de 2009, los salarios base de cada uno se establecieron en $96,999 anuales. El salario inicial de Mirabal, en 1990, era de apenas $424 mensuales.

En un memorando de sentencia, el fiscal Sean Hassett había pedido a la juez Kennedy que le impusiera la sentencia máxima de 4 años a Mirabal.

“El acusado, vergonzosa e ilegalmente se compensó a sí mismo para ‘trabajar’ a tiempo completo por la gente de Bell”, indicó el fiscal Basett. “Sin embargo, ‘trabajaba’ solamente para sí mismo”.

Por su parte, Alex Kessel, el abogado defensor, pidió a la juez Kennedy que dictaminara libertad condicional y horas de servicio comunitario para su cliente.

La sentencia para George Cole, Teresa Jacobo, Oscar Hernández y Víctor Bello se dará a conocer en las próximas tres semanas.

“Cada uno podría enfrentar una sentencia máxima de 4 años de cárcel”, dijo Greg Risglin. “Pero será la Corte quien tiene la última palabra”.