La ciudad de Santa Ana tiene proyectado déficit estructurales por $14.4 millones para el año fiscal 2017-2018 y $19.5 millones para 2018-2019, por lo que se anticipa un aumento del 3.6% en una gran variedad de servicios.
Por ejemplo, por cada paciente que llegase a recibir apoyo de paramédicos para salvarle la vida, ya no se pagaría $282.78 sino $292.29.
Si un paciente recibe servicios de transporte en un vehículo del Departamento de Bomberos, el pago anterior de $623.22 ahora sería de $654.49.
La noche del martes, en la sesión del cabildo, los funcionarios postergaron la adopción del presupuesto de $224.9 millones para el año fiscal 2017-18.
Este año, han autorizado el uso de $9.3 millones del fondo general, a fin de cerrar la brecha presupuestaria. El presupuesto debe ser adoptado antes del 1 de julio.
“Tenemos un presupuesto fiscal conservador”, dijo la administradora interina de la ciudad, Cynthia Kurtz. “Es la clase de presupuesto que intentamos construir”.
Por su parte, el concejal, Sal Tinajero indicó que “en las próximas semanas habremos de tomar decisiones difíciles”.
Y aun cuando grupos defensores de la comunidad pidieron mayor inversión en programas de educación y servicios recreativos para los jóvenes de Santa Ana, por ahora se tiene contemplado un 8% ($19.9 millones) para recreación y bibliotecas.
“Nuestros jóvenes merecen que se invierta en ellos”, dijo el alcalde Miguel Pulido. “Ellos son el futuro”.
Apenas en febrero, Pulido, José Solorio, Juan Villegas y Michele Martínez votaron en contra de un programa piloto que otorgaría $500,000 en subsidios para programas de jóvenes que ayudan a prevenir la violencia, las pandillas y el crimen.
“Muy bonitas palabras”, comentó Tinajero a Excélsior. “Lo bueno es que se ponga el dinero para ayudar a los jóvenes”.
Casi el 70% del presupuestos fiscal 2017-2018 de la ciudad se irá para el Departamento de Policía ($115.8 millones o 49.4%) y $50.4 millones (21.52%) para el Departamento de Bomberos.
“El 8% no es nada, a comparación de todo el dinero que se invierte en la policía”, criticó Jonathan Hernández, de la organización Santa Ana Unidos. “Por ejemplo, nosotros trabajamos en un centro comunitario con 210 jóvenes en prevención e intervención de pandillas”.
Hernández pidió a los concejales que se dieran cuenta de la importancia de los jóvenes para la ciudad, la educación y la economía.
“Nuestros dólares no deben ser invertidos en la supresión de los jóvenes”, dijo. “Como ciudad le estamos fallando a nuestros niños con sus prioridades que resultan en abandono escolar, abuso de sustancias, crímenes y violencia”.
Los seis miembros del concilio dejaron pendiente de aprobación el próximo 20 de junio, la decisión de convertir la cárcel de Santa Ana, de una instalación Tipo 2, que se utiliza para detener a personas pendientes de ser procesadas o de un juicio a una instalación solamente para detención durante el año fiscal 2017-2018.
“Yo pienso que los concejales deben analizar bien las prioridades”, comentó Perla Dionicio, de la coalición Residentes de Santa Ana en Contra de la Corrupción. “Con el dinero, ellos tienen el poder para prevenir el crimen, y para ello se requieren programas de intervención”.
