El gobernador de California, Jerry Brown, dio a conocer el lunes 14 de mayo un plan para cerrar la brecha económica que atraviesa el estado, el cual consiste de aumento de impuestos y disminución de presupuesto del erario público, generando controversia entre los residentes más vulnerables.
Brown explicó durante un discurso que para disminuir el déficit fiscal de 15,700 millones de dólares es necesario recortar el presupuesto público en 8,3000 millones de dólares y aprobar la propuesta en las próximas elecciones que aumentaría el impuesto a los ricos (aquellos que ganan más de 250,000 dólares al año) e impuesto sobre la venta general.
“Los recortes en realidad no resuelven el problema. Estoy contemplando reducir seriamente el presupuesto y aumentar la austeridad pidiéndole un favor a los votantes: por favor aumenten los impuestos temporalmente”, comentó Brown.
Según Brown, el déficit fiscal superó en 6,500 millones de dólares al déficit estimado en enero, lo que obliga a recortar programas de servicio social.
Brown reiteró que de no aprobarse la propuesta de aumento de impuestos, el sistema educativo sufrirá recortes debido a un déficit estimado de 5,500 millones de dólares, lo que reduce el presupuesto a 48,200 millones de dólares anuales.
“Estoy contando con el apoyo de los votantes porque estoy seguro de que los votantes no quieren más recortes a nuestras escuelas. Sé que tampoco quieren recortar el sistema de protección pública”, añadió Brown.
El gobernador dijo que los recortes comenzarán desde adentro y para eso los empleados públicos sufrirían el recorte de un 5 por ciento en salarios, beneficios de salud y servicios sociales.
Además, Brown planea que el estado reciba 1,400 millones de dólares de más de la exgencia de reurbanización, aprovechar la participación en un acuerdo de demanda de hipotecas en el país e imponer miles de millones de recortes adicionales a programas de bienestar y salud, algo que un gran sector de la comunidad no está del todo de acuerdo.
La organización estatal California Partnership, la cual aboga por políticas que reduzcan la pobreza y aumenten el bienestar social, repudió el plan de recortes y sugirió que el estado debería adoptar planes que generen ingresos.
“Los recortes no son la solución. Deberíamos tener un plan que genere ingresos. Miles de millones de dólares han sido continuamente entregados a las grandes corporaciones, mientras los californianos continúan sufriendo la pobreza, hambre y enfermedades”, indicó Maribel Núñez, organizadora de California Partnership en el Inland Empire durante una breve manifestación en Riverside hace unos días.
El plan de Brown recortaría el presupuesto en 879.9 millones de dólares a programas de bienestar y de empleo, mientras que el programa de asistencia para enfermos e inválidos sufriría un recorte del 7 por ciento. El sistema Medi-Cal sufriría el peor recorte con 1,200 millones de dólares en reducciones.
De aprobarse el plan de aumento de impuestos y recortes, el sistema de cortes (judicial) del estado se vería obligado a detener proyectos de construcción, afectando obras en los condados de Riverside y San Bernardino debido al recorte de 544 millones de dólares.
En un comunicado de prensa, la presidenta del tribunal supremo estatal, Tani Cantil-Sakauye, dijo que los posibles recortes son “devastadores” y “desalentadores”.
El plan también recortaría de manera automática 6,100 millones de dólares al sistema educativo si es que la iniciativa de aumento de impuesto a los ricos y aumento al impuesto sobre venta general no es aprobado por los votantes en noviembre.
Tan solo los sistemas educativos universitarios estatales UC y CSU encararían un déficit de 250 millones adicionales si la iniciativa no pasa, dijo Brown.
“Eso significaría que cientos de miles de estudiantes tardarían más en graduarse, ya que se verían obligados a dejar a un lado sus estudios para poder sobrevivir”, comentó por su parte Blanca López, estudiante universitaria de Moreno Valley. “Hacemos un llamado a los legisladores a que defiendan el ‘sueño americano’ de millones de estudiantes”.
De ser aprobado, el plan de recortes representaría un retroceso en la vida de Rosie Flores, madre de un niño de 5 años y cuyo historial delictivo no es favorable.
Flores, quien pagó con cárcel una condena de cinco años por problemas legales relacionados con drogas y otra condena de tres años por violar las condiciones de libertad, indicó que el plan la pondría al borde del desamparo total.
“El estado solo me da 300 dólares al mes por mi hijo y 180 en estampillas de comida. Si los recortes ocurren, ese dinero se reduciría. Pareciera como que el sistema no quiere que me ponga de pie. Pareciera como que el sistema está diseñado para que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos”, indicó Flores, de 38 años y residente de Corona.
“Haré lo necesario para darle de comer a mi hijo, no haré nada ilegal, pero trabajaré honradamente para salir adelante, otros no tendrán tanta fuerza de voluntad y caerán en las garras del crimen… a eso los orilla el sistema”.
