Los Ángeles.- Casi un millón de indocumentados con orden de deportación enfrentan el temor a ser deportados tras una cita de rutina en las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una de las denominadas “redadas silenciosas”.
En medio del incremento de los arrestos de indocumentados bajo la administración del presidente Donald Trump inmigrantes que deben cumplir con esas citas se convierten en el objetivo más fácil para deportar.
De acuerdo a Virginia Kice, vocera del ICE en el sur de California, el pasado 29 de mayo había en todo el país 968.238 extranjeros no detenidos con orden final de deportación.
De ellos, 946.122 tienen casos activos con ICE, 177.479 tienen en sus expedientes condenas penales y 783.829 no tienen historial criminal. Esta última cifra incluye a los inmigrantes que piden una suspensión de deportación a los agentes del ICE.
Sin embargo, un informe de la Oficina del Inspector General de abril pasado asegura que para agosto de 2016, ICE supervisaba a 2,2 millones de inmigrantes que no estaban detenidos, de los cuales cerca de 400.000 tenían récord criminal.
Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), advirtió de que los inmigrantes con una orden de deportación final y que solicitaron detener el proceso pueden ser repatriados “inmediatamente”, pues tienen “muy pocas probabilidades” de detener un procedimiento a “discreción de los agentes del ICE”.
La anterior administración colocó a muchos de estos inmigrantes al final de la lista de expulsiones del país, pero el cambio en la política migratoria del actual gobierno ha puesto a estas personas nuevamente en la mira.
La mayoría de estos migrantes viven desde hace décadas en el país, tienen hijos nacidos en EEUU y no tienen antecedentes criminales.
Es el caso Verónica Vela, de 43 años. La inmigrante, oriunda de Zacatecas, México, llegó hace 28 años al país y tiene tres hijos estadounidenses, fue víctima de un fraude migratorio.
“Estaba embarazada cuando me arrestaron para deportarme, pero me permitieron quedarme por mi estado, y para que no dejara a mis hijos desamparados”, explica Vela.
Desde hace ocho años la mexicana se presenta puntualmente ante ICE y esta obligación podría llevar a Vela a ser deportada como otras madres en su misma situación.
La expulsión de Maribel Trujillo, una madre de cuatro niños que residía en Ohio, y Guadalupe García, madre de tres hijos que vivía en Arizona, fueron dos de los casos más visibles del peligro que enfrentan miles de inmigrantes que están bajo supervisión del ICE.
“Imagínese si a ellas las sacaron con tanto apoyo, qué puedo esperar yo. Lo único que me da miedo es con quién van a quedar mis hijos, yo fui víctima de violencia doméstica y soy la única que responde por ellos”, indica.
El miedo entre aquellos que solicitaron una prórroga a la deportación bajo el formulario I-246 es latente y cada día está aumentando, advierte el abogado de inmigración Fernando Romo.
“Se les recomienda que sometan sus renovaciones con anticipación y con mucha documentación que compruebe las raíces que tienen en el país. Actualmente ICE se ha puesto más exigente con esto”, indica.
No obstante, algunos inmigrantes han pensado en no cumplir esas citas rutinarias y quedarse como fugitivos.
José M, un mexicano que no quiso revelar su apellido, dijo a Efe que no pretende asistir a la cita que tiene programada para el próximo mes con ICE.
“No puedo dejar que me saquen del país, tengo una familia que depende de mi trabajo y sin mí no la van a hacer”, explica.
El inmigrante sometió una solicitud de asilo político que le fue negada y desde 2012 cumple con citas cada año para demostrar que tras 22 años en Estados Unidos es un trabajador y padre ejemplar.
“Mi esposa sufre una enfermedad crónica y no puede trabajar, y ellos (agentes del ICE) lo saben”, dice.
Silverman califica este tipo de acciones de ICE como “crueles y de mala fe” y una muestra clara de la posición del gobierno de Trump.
“Está empujando a estas personas a convertirse en fugitivos para poder ir contra ellos”, opina.
José M. cree que tal vez pueda vivir en las sombras los próximos cuatro años, mientras Vela espera que los agentes de ICE le quiten su permiso de trabajo para seguir sosteniendo a su familia.
“No quiero que mis hijos se vuelvan una carga para este país, es mejor que yo trabaje para mantenerlos, espero que los agentes del ICE lo entiendan”, sostiene.
