Mientras los miles de centroamericanos beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) viven ahora más temerosos que este programa llegue a su fin, líderes de grupos defensores de los inmigrantes vaticinan que una repatriación masiva podría desencadenar en conflictos sociales de incalculables consecuencias, pero las autoridades consulares hacen un llamado a la calma y a no caer en un estado de pánico.
“La situación es grave”, dijo a Excélsior, Juan José Gutiérrez, fundador y coordinador del grupo Vamos Unidos USA. “Todo puede pasar, pero nadie sabe lo que va a pasar”.
Lo anterior surge por los recientes comentarios del general John Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quien declaró que las personas que poseen TPS “pronto van a tener que hacer planes para regresar a sus países de origen”.
Miles de salvadoreños, nicaragüenses y hondureños han vivido por casi dos décadas en Estados Unidos y han contado con la protección del TPS en contra de la deportación. Tienen un permiso de trabajo han echado raíces con sus familias hijos nacidos en Estados Unidos, trabajan honradamente y pagan impuestos.
Sin embargo, “entre la comunidad de hondureños y salvadoreños hay un sentimiento de alarma”, añadió Gutiérrez. “Y ahora les llega la amenaza de arresto y deportación”.
La incertidumbre proviene del hecho que el gobierno del presidente Donald Trump acaba de extender el TPS para unos 60,000 haitianos, solamente por seis meses, cuando la práctica ha sido por 18 meses.
El TPS se otorga a países que han vivido algún conflicto o desastre natural que les impide regresar al país o para ayudar en la reconstrucción trabajando en EEUU y enviando remesas.
En 2010, esta nación caribeña, la más pobre del continente americano sufrió la devastación por un terremoto que causó la muerte de al menos 300,000 personas y dejó a 1.5 millones sin hogar.
Entre tanto, El Salvador fue afectado por una serie de terremotos en 2001, mientras que, en octubre de 1998, Honduras y Nicaragua sufrieron los estragos del Huracán Mitch.
Temor
“Es malo que quieran quitar el TPS”, declaró Margarita López, una salvadoreña nacida en Chalatenango, amparada por el TPS. “Por eso es que uno siempre anda con el Jesús en la boca”.
López precisó que ella huyó de El Salvador por la “horrible” situación que se vivía hace tres décadas en su país y que le costó la vida a su esposo Abraham, quien fue baleado y su cuerpo lo desaparecieron.
“Nunca se hallaron sus restos”, dijo. “Seguramente lo tiraron en algún lugar y se lo comieron los animales”.
Al emigrar hacia Estados Unidos, Margarita debió dejar en su país a sus hijos Nixon, quien apenas contaba con nueve meses de edad y a su hermano Geovani.
Un llamado a la calma
María Mercedes López Peña. Cónsul de El Salvador en Los Ángeles declaró que el gobierno de su país ha mantenido gestiones ante el de Estados Unidos no solamente para que se extienda el TPS para unos 200,000 salvadoreños, sino que se trabaje en una reforma migratoria integral.
“A nosotros no nos han dicho que se vaya a cancelar (el TPS)”, dijo la funcionaria diplomática a Excélsior. “De hecho, estamos trabajando para la nueva reinscripción”.
El TPS para los salvadoreños vence en marzo de 2018, pero las autoridades salvadoreñas ya se encuentran listas para iniciar dos meses antes el período de renovación del TPS.
“Lo que nosotros hacemos es un llamado a la tranquilidad”, acotó la funcionaria. “Desde hace 20 años, nosotros estamos trabajando para que no siga la inmigración, ni la queremos ni la incentivamos, y eso ha req1uerido una alta inversión”.
Por su parte, Pablo Mario Ordoñez, cónsul general de Honduras en Los Ángeles dijo a Excélsior que se está trabajando en una estrategia conjunta con El Salvador y Guatemala para discutir el tema próximamente en una reunión en Miami.
“Existen razones humanitarias por las cuales creemos que es necesario que se prorrogue el TPS”, indicó. “Sabemos que la mayoría de los hondureños que han renovado su TPS son personas buenas y trabajadoras y contribuyen a la economía y lo hemos constatado en cada renovación”.
Sin embargo, reconoció que el TPS es un privilegio que el gobierno estadounidense puede retirárselo a quien lo desee.
Ordoñez calculó que unos 58,000 hondureños son elegibles para volver a someter sus solicitudes de protección y un permiso de trabajo que vence en enero de 2018, aunque la cifra podría disminuir a causa de aquellos que murieron, de quienes lograron un cambio de estatus a residentes o por quienes decidieron retornar a su país.
La preocupación de salvadoreños, hondureños por conservar el beneficio obedece, además, a las políticas restrictivas del presidente Donald Trump.
“Todos tenemos temor”, expresó Eneida Pavón, oriunda de La Ceiba, Honduras y beneficiaria del TPS. “Yo llegue a Estados Unidos en 1995; no hay nada que se pueda hacer si nos lo quitan, pero mientras no nos corran, aquí nos quedamos”.
