A pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el último momento, a pesar de los rezos de su familia y de más de 20 mil personas que firmaron una carta para evitar la más terrible aberración, el milagro no se hizo y Edgar Tamayo sucumbió ante el coctel mortal inyectado en su cuerpo, para pagar, según la justicia texana, el crimen que cometió contra un policía hace 20 años.
Con 46 años de edad, Tamayo recibió una inyección letal como castigo por los disparos que cegaron la vida del oficial Guy Gaddis en enero de 1994; momentos antes de morir, un guardia le preguntó si tenía una última declaración; él musitó que “no”, moviendo al mismo tiempo la cabeza. A medida que la dosis letal de pentobarbital comenzó a hacer efecto, respiró unas cuantas veces y luego hizo un ronquido ligeramente audible, antes de quedar inerte.
La ejecución se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos y tribunales federales rechazaron apelaciones de último momento. Los abogados defensores alegaron sin éxito que sufría de una pequeña incapacidad mental y por lo tanto, no era elegible para la pena de muerte. Incluso el secretario de Estado, John Kerry, había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, demorar la ejecución: todo ello fue en vano, la muerte del mexicano, oriundo del estado de Morelos, se había llevado a cabo frente a un puñado de testigos, entre los que figuraban familiares de Guy Gaddis.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó la decisión del gobierno de Texas de negarse a escuchar las peticiones del gobierno federal y ejecutar al mexicano, a pesar del reiterado llamado a revisar y/o reconsiderar su caso, y urgió al Congreso a replantear de manera profunda la legislación que debería obligar a todos las entidades del país a cumplir con sus compromisos internacionales.
En 2004 la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia conocida como “Fallo Avena”, resolvió que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos –incluido Edgar Tamayo-, quienes fueron condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas, tal y como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Esto sería –le advirtió en su momento el secretario de Estado al gobernador estatal— “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México, y “podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.
Con todo, el gobernador Perry fijó la fecha para el 22 de enero. En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Edgar Tamayo y en diciembre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, pidió a su homólogo texano clemencia; nadie lo consiguió.
Peor aún, en 2008 un psicólogo determinó que Tamayo padecía “discapacidad intelectual leve”, lo cual constitucionalmente debería ser suficiente para evitar una sentencia de muerte. Sin embargo, el mexicano fue sentenciado y ejecutado.
“Lo que el mundo atestiguó no fue un acto de justicia, sino de crueldad”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
“Ejecutar a una persona acusada de homicidio no es justicia, es venganza; y si a esa persona no se le respetaron sus derechos durante el juicio, ni siquiera se le puede llamar ejecución legal, es simplemente un asesinato”, aseguró Perseo Quiroz.
Al momento de su ejecución, la organización había canalizado cerca de mil 500 cartas de solidaridad a Édgar Tamayo y más de 25 mil peticiones a las autoridades de Texas, solicitando una suspensión a dicha ejecución.
Sin duda la pena de muerte resulta una suerte de venganza, sitúa a la autoridad en las mismas circunstancias de quien ejecutó un acto criminal; el grave problema de ello es que es una acción irreparable, sin retorno, sin posibilidad de ser considerado, a pesar de que existe una alta probabilidad de cometer algún error en el veredicto.
Cómo olvidar el caso de Juan Roberto Meléndez, un puertorriqueño que pasó 17 años, ocho meses y un día en el pabellón de la muerte de Florida por un crimen que no cometió. En el momento de su exoneración y liberación, el tres de enero de 2002, adoptó el número 99 como preso absuelto de una condena de muerte en los Estados Unidos (desde 1973).
No existía ninguna evidencia física que lo vinculara con el crimen y su sentencia a muerte, fue basada solamente en el testimonio de dos testigos bastante cuestionables. Tres veces la Corte Suprema de Florida confirmó su condena durante los procesos de apelación. Sin embargo en septiembre del 2000, 16 años después de su condena, se descubrió una transcripción de una confesión grabada del verdadero culpable del crimen, quien había declarado su responsabilidad en este hecho a por lo menos 16 personas
En su carta de despedida, dirigida a Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación y Clubes de Morelenses en Estados Unidos y Canadá, Edgar Tamayo reflexiona:
“Quiero darte mi mensaje, que si me ejecutan, que por favor le digas a todos los paisanos, mi México entero, que me disculpen por haberles fallado y llegado encajonado, y ojalá que lo mío sirva como ejemplo para otras personas”. Y agrega: “La cárcel no come, pero sí mata a nuestros seres queridos. Y siempre vamos a ser las víctimas de nuestra propia pobreza y de nuestro color”.
Estoy en contra de la pena de muerte, el ser humano tiene que ser mucho más allá de la cita bíblica de “ojo por ojo, diente por diente”; somos una civilización que debe respetar la vida y defenderla a pesar de todas las aberraciones que puedan existir en nuestra sociedad.
Si desean hacer algún comentario al respecto, nos pueden contactar en apradillo@cimadesigns.com
Agustín E. Pradillo ha sido Consejero de Prensa en embajadas y consulados de México. Es periodista y especialista en temas de asuntos de hispanos.
