WASHINGTON – Santiago Ortiz y Pablo García son pareja en Estados Unidos desde hace 20 años. Están casados en el país, pero uno de ellos es indocumentado. Dar una solución legal a parejas como ésta es un reto de una posible reforma migratoria integral.
Estadounidenses como Santiago Ortiz, que es puertorriqueño, no cuentan con una fórmula legal para regularizar el estatus de sus parejas del mismo sexo, como el venezolano Pablo García, porque el matrimonio homosexual no está reconocido a nivel federal, que es desde donde se gestiona la política migratoria.
“Creemos que hay un consenso creciente para extender en la reforma migratoria integral la unidad familiar a todo tipo de parejas”, aseguró el abogado Tom Plummer, de la entidad proderechos civiles Immigration Equality.
La intención es que la reforma migratoria, una de las grandes asignaturas de la próxima legislatura, incluya el proyecto de “Ley para la Unidad de las Familias Americanas” (UAFA por su sigla en inglés).
La norma acabaría con la supuesta “discriminación legal” para los estadounidenses que tienen una pareja del mismo sexo que sea de nacionalidad extranjera.
El jurista cree que 2013 será el año de esta reivindicación: “Nos encontramos en un gran momento y somos todavía más optimistas después de las últimas elecciones”, mantuvo.
“Están cambiando las cosas, tenemos bastante esperanza ahora mismo”, se sinceran Santiago y Pablo, que se conocieron en Caracas hace 21 años, se enamoraron “bien rápidamente” y se casaron el año pasado en el estado de Connecticut, donde el matrimonio entre homosexuales es legal.
A Pablo, venezolano, se le caducó el visado temporal al poco tiempo de estar en Estados Unidos y desde hace dos décadas ni puede trabajar legalmente, ni viajar a su país, ni descartar ser deportado en cualquier momento a causa de un control policial inesperado.
El puertorriqueño, retirado por ser enfermo de Sida, se siente a veces “culpable” por haberle pedido que se quedara, y el venezolano, que da clases de alfabetización para adultos, se siente alguna vez “en una cárcel”.
Para el abogado de Inmigration Equality, la situación “fuerza a las familias a vivir apartadas, a exiliarse hacia países donde tienen políticas migratorias más progresistas, o a seguir con sus parejas en Estados Unidos, pero sin estatus y en la clandestinidad como indocumentados”.
La entidad quiere acabar con la “clandestinidad” de gays como Pablo García, y a esa reivindicación se le han sumado entidades latinas que claman por la reforma migratoria y grandes empresas estadounidenses que alertan de la pérdida de talento.
Google, Nike, Barclays y American Airlines son sólo algunas de las firmas multinacionales que abanderan una coalición empresarial a favor de la UAFA.
La coalición envió la semana pasada una carta al Congreso en la que declara la “frustración” que sienten grandes empresas del país por “el trato diferente de los empleados lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) bajo las leyes de inmigración”.
“Hemos perdido productividad cuando las familias se separan, nos hemos hecho cargo de los gastos para transferir a trabajadores con talento para que puedan vivir en el extranjero con sus seres queridos, y hemos perdido la oportunidad de traer los mejores y los más brillantes a los Estados Unidos”, critica el documento entregado al Legislativo.
Los que se oponen al proyecto de ley, especialmente políticos y entidades de inmigrantes conservadoras, ven opciones de “fraude” en las peticiones para regularizar el estatus de extranjeros.
Los que lo defienden mantienen que el proyecto incluye investigaciones para verificar que las parejas mantienen “una relación de largo recorrido”.
Será clave también que el Tribunal Supremo se pronunciará en 2013 por primera vez sobre la legalidad del matrimonio homosexual.
La sentencia marcará un antes y un después sobre la ley federal que define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”, esencial para que el sistema de inmigración pueda reconocer las parejas del mismo sexo, mantienen los activistas.
Tanto la sentencia del Tribunal Supremo como la posibilidad de una reforma migratoria figuran en la agenda política estadounidense de 2013.
