MEXICO.- La confirmación por parte de las autoridades mexicanas del hallazgo de decenas de fosas con 129 cadáveres en la localidad del sur de México donde desaparecieron los normalistas en septiembre demuestra para Amnistía Internacional “la gravedad de la crisis de desapariciones forzadas” en el país y el “fracaso” en el caso de los estudiantes, un crimen que tuvo un gran impacto dentro y fuera de México.
Según los datos conseguidos por The Associated Press mediante una solicitud de información al gobierno, la Procuraduría General de la República señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015 —ambos incluidos_, se localizaron en Iguala 60 enterramientos clandestinos con 129 cuerpos en total, pero aclaró que la cifra real podría ser mayor.
“Los datos reportados representan únicamente la intervención del personal especializado en asuntos relacionados con fosas clandestinas, aclarando que no en todos los casos de fosas intervienen los peritos de esa unidad administrativa”, indicó la fiscalía en un escrito fechado el 13 de julio. A esa fecha solo se tenían datos de haber identificado a 16 personas.
Para Amnistía, la “macabra revelación” confirma algo que ellos ya habían denunciado, “que la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y en el resto de México es verdaderamente estremecedora”, dijo el lunes Erika Guevara-Rosas, su directora de las Américas, según un comunicado de prensa.
“Si no fuera por la determinación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, los defensores de los derechos humanos y los periodistas que exigen a las autoridades mexicanas respuestas exhaustivas ante la desaparición forzada de los jóvenes, puede que nunca hubiéramos sabido de estas fosas y de la dimensión de la crisis”.
Según Amnistía Internacional, se necesita hacer “mucho más” para averiguar y divulgar la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas y de todas las desapariciones no resueltas de México, en primer lugar elaborar un registro nacional de desaparecidos que incluya datos genéticos tal y como han solicitado desde hace años organizaciones de derechos humanos, de víctimas y hasta Naciones Unidas.
Iguala, un municipio de 120.000 habitantes situado 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, fue el lugar donde hace 10 meses mataron a seis personas y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sucesos en los que participaron autoridades y policías locales en complicidad con el crimen organizado y que fueron calificados por el ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país”.
Tras la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, grupos de policías comunitarios de Guerrero colaboraron con familias de víctimas y con las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas.
Cada domingo, muchos de ellos recorrían los cerros que rodean Iguala pendientes de cualquier alteración en el terreno que les permitiera sospechar que ahí podía haber un enterramiento. Cuando lo encontraban, marcaban el lugar y llamaban a los equipos forenses para que ellos hicieron las excavaciones.
Ninguno de los restos hallados en todas esas fosas Iguala pertenecía a los estudiantes que, según la versión oficial, fueron quemados en un basurero en la vecina localidad de Cocula y sus restos esparcidos por el río.
Las desapariciones y asesinatos fueron algo habitual en Iguala durante los últimos años debido a la complicidad del crimen organizado, y en concreto el grupo Guerreros Unidos, con el alcalde del lugar, José Luis Abarca, y todas sus corporaciones de seguridad.
Según el informe presentado por el ombudsman la semana pasada, 10 meses después todavía continúan las condiciones de crimen, inseguridad, encubrimiento e impunidad que permitieron la desaparición de los 43 jóvenes.
De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación actualizadas en la primavera de 2015, hay 24.999 personas extraviadas o desaparecidas en todo México desde 2007. De ellos, más de 11.000 desaparecieron durante el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto que comenzó el 1 de diciembre de 2012.
El gobierno de Peña Nieto aceptó crear un registro nacional de desaparecidos que sea exhaustivo e incluya datos genéticos, tomando como punto de partida la base de datos aconsejada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero dicho registro todavía no es una realidad.
