MEXICO.- Un juez civil decidirá al final de esta semana si procesa penalmente a siete militares involucrados en la muerte de 22 personas en una comunidad del suroeste de México, algunas de las cuales fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente.
El Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que supervisa a jueces y tribunales, informó en un comunicado que la defensa de los siete militares pidió la ampliación del plazo legal para rendir sus declaraciones, por lo cual el juez tiene hasta el viernes para resolver su situación jurídica.
Los siete militares están detenidos en una prisión castrense de la capital mexicana, donde enfrentan en paralelo un proceso por violaciones a las normas del ejército.
Todos fueron acusados por la Procuraduría General de la República de actuar irregularmente, mientras que sólo tres han sido imputados de homicidio calificado contra ocho personas, además de alterar la escena del crimen. A uno más se le presentaron cargos por encubrimiento.
Los militares son acusados de haber participado en un enfrentamiento el 30 de junio con supuestos delincuentes en una bodega de San Pedro Limón, en la municipalidad de Tlatlaya, en el estado de México. En el lugar murieron 22 personas que las autoridades dijeron que eran criminales.
El ejército dijo inicialmente que los 22 presuntos delincuentes murieron en un solo enfrentamiento y que en el lugar se liberó a tres mujeres que estaban secuestradas. Pero la versión comenzó a ser puesta en duda debido al resultado del supuesto tiroteo: la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que sólo uno de los soldados resultó herido.
Periodistas de The Associated Press visitaron la bodega días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería disparos a corta distancia.
Recientemente una de las sobrevivientes dijo a AP que sólo un individuo había muerto en un tiroteo inicial y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.
Las autoridades cambiaron la versión inicial y reconocieron irregularidades, lo que llevó a la detención inicial de ocho militares. Aunque se ha acusado a siete de ellos, no se ha informado qué pasó con el octavo soldado.
El procurador general Jesús Murillo Karam dijo hace unos días que sólo ocho de los 22 habían presumiblemente sido ejecutados extrajudicialmente, lo cual contradijo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un reporte divulgado la semana pasada.
El organismo de derechos humanos señaló que al menos 15 de las 22 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente tras el enfrentamiento y que hubo intentos de autoridades civiles del Estado de México y castrenses de encubrir los hechos.
El caso ha generado críticas dentro y fuera de México. Organizaciones internacionales, incluida la ONU, han señalado que pone a prueba el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la protección de los derechos humanos.
