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El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda.
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda.
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MEXICO.- Ocultos en una vivienda de la zona este de la capital mexicana fueron encontrados y detenidos el martes el alcalde de Iguala y su esposa, acusados de estar detrás de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio.

Tras un mes de búsqueda y en una operación realizada durante la madrugada y en la que no se hizo ni un solo disparo, policías federales detuvieron al alcalde José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda, considerados los autores intelectuales del ataque tras el que desparecieron los 43 estudiantes y dejó seis muertos.

El ataque se registró el 26 de septiembre en Iguala, a unos 200 kilómetros al suroeste de la ciudad de México, fecha que marcó el inicio de una historia que cimbró al país y que ha generado diversas críticas a un gobierno que repetía a la menor oportunidad que la seguridad mejoraba en México.

“Era la pieza que faltaba”, dijo en Milenio Televisión Felipe de la Cruz, uno de los padres de los jóvenes. “Viene a darnos la seguridad de que vamos a tener pronto con nosotros a los jóvenes”, añadió.

“Una noticia así te provoca aún más rabia. Sólo espero que este malviviente esté confesando ya. Me gustaría poder confesarlo yo mismo”, dijo a AP Mario César González, padre de César Manuel, uno de los estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, manifestó sus dudas sobre el arresto del alcalde y su esposa. “No creo que la detención ayude a encontrar a los muchachos porque él sólo dio la orden de entregar a los chicos… ojalá pusieran a los servicios de inteligencia a trabajar con las mismas ganas para localizar a los estudiantes, es impresionante tanta ineptitud”.

La pareja fue encontrada en Iztapalapa, una de las 16 delegaciones de la capital y que tiene varias zonas populares y algunas de las colonias consideradas como de las más peligrosas de la capital.

Funcionarios federales dijeron a The Associated Press que se hizo una operación en al menos tres domicilios en Iztapalapa, incluido uno en la calle de Jalisco número 27, una casa humilde de paredes grises y portón blanco, donde vecinos dicen que vive una pareja de ancianos y de la que en los últimos días aseguran haber visto a una mujer salir a pasear a un perro.

“No sabía nada del asunto, fue todo silencioso, muy rápido, no se oyó nada”, dijo a la AP un señor que sólo se identifica como Alberto y vive en una de las casas frente a la vivienda donde presuntamente localizaron a los Abarca.

“De hace poco, unos días, que salía una joven paseando a un perrito, pero sin bolsas ni comida ni maletas ni nada”, añadió.

Las ventanas que dan a la calle estaban tapadas con cartones blancos, como para impedir ver dentro de la casa, donde se oía ladrar a un perro y en un patio se alcanzaba a ver cuatro pantalones de hombre recién lavados.

La calle Jalisco, donde está la casa, es ancha y muy transitada, cercana a una importante avenida. Los carros frenaban al pasar enfrente antes de seguir su camino. A los lados sólo hay otras viviendas, pero en la acera de enfrente, hay un negocio de audios para carros, una tienda y un consultorio de podología. Salvo el señor Alberto, nadie más habla.

Tras ser detenidos, Abarca y su esposa fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, también en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición de los estudiantes.

En un acto público en la capital, el presidente Enrique Peña Nieto confió que la captura de ambos “contribuya de manera decisiva al esclarecimiento” del caso.

El procurador general Jesús Murillo Karam dijo recientemente que la intención del ataque fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico escindido del cártel de los Beltrán Leyva.

Todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido fosas con 38 cadáveres, aunque las autoridades han dicho que no pertenecen a ninguno de ellos.

Murillo dijo entonces que Guerreros Unidos entregaba con periodicidad variable entre 150.000 y 222.000 dólares a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.

Las autoridades señalaron a la esposa del alcalde como la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, que incluso decidía los ingresos de nuevos policías municipales.

Por el momento 56 personas entre policías, funcionarios municipales y miembros de Guerreros Unidos están detenidas.

El día de los incidentes los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los “halcones” -vigías del crimen organizado-, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.

El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo.

En el ataque y detención participaron policías de Iguala y de la municipalidad vecina de Cocula, según la Procuraduría.