Los mexicanos que radican en Estados Unidos se encuentran sumidos en una verdadera encrucijada: quienes no tienen papeles buscan denodadamente que el Congreso apruebe una reforma migratoria que les permita alcanzar un estatus legal; mientras que, por otra parte, dos terceras partes de los 5.4 millones de mexicanos que son inmigrantes legales carecen de ciudadanía, a pesar de que reúnen los requisitos.
En un informe dado a conocer recientemente por el Hispanic Pew Center, basado en datos del censo, indicó que el índice de naturalización en ese grupo fue de “36 por ciento en 2011, en comparación con 68 por ciento de los inmigrantes de otros países y 61 por ciento de los inmigrantes legales latinoamericanos y caribeños”.
La cifra de mexicanos que son residentes permanentes legales es de 3.9 millones, de un total de 12 millones de mexicanos, según el estudio. A su vez, el número de mexicanos indocumentados suma 6.1 millones, es decir, 55 por ciento de los 11 millones de personas que carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Pero, ¿cuáles son algunas de las causas que aducen los mexicanos para no aplicar para la ciudadanía? El mismo Hispanic Pew Center responde: “el 26 por ciento de los inmigrantes latinos, entre ellos mayoritariamente los mexicanos, indican que la barrera del inglés, entre otros desafíos, les impide hacerse ciudadanos, en tanto que 18 por ciento mencionó barreras administrativas, como son los altos costos”.
Es una queja común entre los residentes legales que aspiran a hacerse ciudadanos: el costo de la solicitud se les hace cuesta arriba. “El sueño americano de la ciudadanía se ha vuelto prohibitivo para muchos inmigrantes en Estados Unidos y en particular, para inmigrantes mexicanos”, apunta la investigación realizada por el Centro para Estudios de la Integración de Inmigrantes de USC, la Universidad del Sur de California.
Actualmente, la tarifa para obtener la ciudadanía es de 595 dólares, más el costo de las huellas digitales, 85 dólares, para un total de 680 dólares. La cifra ha escalado rápidamente durante los últimos 20 años de 95 dólares en 1994, a 260 en 1992, 330 en 2006 y finalmente a 595 en 2007.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, dijo que cada mes su organización realiza ferias de ciudadanía y que allí muchos de los que acuden revelan tener problemas con el costo.
“La mayoría son personas trabajadoras, jardineros, cocineros, obreros, su salario semanal no llega siquiera a 600 dólares y también los ha afectado mucho la economía. Algunos logran ahorrar poco a poco por muchos meses y más tiempo aún para poder solicitar”, dijo Salas. “Pensamos que el Congreso debería destinar algunos fondos para bajar el costo, o al menos para compensar al USCIS y ayudar en la integración de los inmigrantes, ya que sabemos que al ser ciudadanos también aumentan sus ganancias y su contribución económica”.
El costo, sin embargo, no es el factor más mencionado por los inmigrantes para impedir la ciudadanía. El 30 por ciento dice que la necesidad de aprobar un examen de inglés también les dificulta el proceso.
Las bajas cifras de naturalización en ese grupo sugieren que muchos no buscan la opción de la ciudadanía que analizan el Congreso y la Casa Blanca, en una posible reforma migratoria integral para legalizar a los indocumentados.
“Muchos podrían escoger un estatus intermedio de residencia legal permanente, que alejaría la amenaza de la deportación, les permitiría trabajar legalmente y pagar impuestos”, aunque no tendrían la opción al voto, indicó el centro PEW.
Es importante que organizaciones comunitarias, civiles, entre otras, impulsen a las personas que pueden naturalizarse para que realicen este proceso; apoyarlos para que acudan a los colegios comunitarios a estudiar inglés y a conseguir los recursos económicos para solventar dicho gasto.
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Agustín E. Pradillo ha sido consejero de prensa en embajadas y consulados de México, periodista y especialista en temas hispanos.
