Cientos de residentes y decenas de líderes de municipalidades y distritos escolares del Condado de Los Ángeles se opusieron tajantemente el martes, 15 de enero a una propuesta de aumento de impuesto sobre parcelas con el propósito de generar ingresos para la limpieza de agua de lluvia contaminada antes de que llegue a ríos, lagos y playas.
Propuesta por el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Los Ángeles, la medida denominada “Aguas Limpias, Playas Limpias” pretende generar $275 millones anuales para financiar proyectos de limpieza de agua pluvial y escurrimientos urbanos a través del incremento de impuestos sobre parcelas.
“Con la cuota propuesta para la limpieza del agua se dispondría de fondos específicos para proyectos y programas regionales destinados a evitar la contaminación de aguas pluviales y escurrimientos; para eliminar la contaminación que fluye a nuestros cauces y para usar aguas pluviales y escurrimientos para recargar el abastecimiento de aguas subterráneas, las cuales constituyen una fuente importante de agua potable”, indica la medida.
Dicha propuesta también indica que generaría empleos en áreas tales como la construcción, ingeniería y crearía trabajos ambientales.
De ser aprobada, la medida aumentaría el impuesto sobre propiedad de terreno en $54 al año, $20 a condominios, y $10,000 a tiendas al por menor. La medida incluye impuestos adicionales a municipalidades y distritos escolares del Condado de Los Ángeles, con excepción de algunos sectores del Valle del Antílope.
De ser aprobada por los votantes durante una elección con votaciones por correo, la medida obligaría a la municipalidad de Pomona a pagar aproximadamente $332,000 anuales que saldrían del fondo general.
Debra Martín, concejal de Pomona, indicó que dicho pago limitaría los programas municipales, y pondría a la ciudad en riesgo de bancarrota.
“Simplemente no tenemos dinero para hacer dicho pago. Este es el peor momento para encarar aumento de impuestos. Ni la ciudad ni los residentes están en la posición de pagar más. Esta situación nos obligaría a tener que tomar decisiones serias como despedir empleados o cerrar programas”, comentó Martín. “Hago un llamado a la comunidad a contactar al Condado con cartas en oposición y a participar en la elección para que la medida sea rechazada”.
Situación similar encara el Distrito Escolar Unificado de Pomona (PUSD por sus siglas en inglés). Ahí, según el Superintendente Richard Martínez, la medida significaría un pago de $398,000 anuales que también impactaría al fondo general.
“Entiendo que alguien debe pagar por la limpieza y que es importante mantener las playas limpias pero el sistema que el Condado empleó para esta medida es injusto. Esta medida le podría causar al distrito ocho maestros, como 15 empleados clasificados y el cierre de varios programas. Nuestros estudiantes no merecen esto”, dijo Martínez.
Este posible cobro adicional llega en un momento cuando el número de estudiantes en los grados primero y segundo aumentaron de 24 a 32 alumnos por clase. “Tenemos que unirnos como comunidad y derrotar esta medida. Nosotros hemos pedido que se nos rembolse el dinero con la condición de crear clases ambientalistas o que se nos perdone el pago pero ha sido en vano”, dijo Martínez.
Martínez se refirió a un grupo de 83 superintendentes de distritos escolares ubicados en el Condado de Los Ángeles, incluyendo el Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD por sus siglas en inglés), los cuales deberán pagar $4.8 millones y $700,000 , respectivamente, si la medida es aprobada.
Para que eso ocurra, la medida deberá recibir el 50 por ciento de los votos durante la elección con votación por correo, moción aprobada por los supervisores Zev Yaroslavsky, Mark Ridley-Thomas y Gloria Molina.
Para poder evitar la votación sobre la propuesta tarifa el martes, más del 50 por ciento de los propietarios tuvieron que oponerse. Antes de la reunión del martes, alrededor de 4.3 por ciento de los propietarios habían presentado una objeción, indicaron representantes del Departamento de Obras Públicas.
Sin embargo, debido a las preocupaciones planteadas durante la reunión por más de 200 personas, el Supervisor del Condado de Los Ángeles Don Knabe pidió el proceso se postergara por 60 días para poder recibir más información.
Con un voto de 3-2, la moción para postergar fue aprobada. Los supervisores Molina y Mike Antonovich votaron ‘no’ a la moción
Entre los líderes que se opusieron tajantemente a la medida durante la audiencia pública del martes pasado, estuvo el Alcalde de Santa Clarita Bob Kellar. Según Kellar, la municipalidad encararía un pago de $461,000 en caso de que la medida sea aprobada.
También presentes para expresar su oposición estuvieron representantes de la ciudad de Claremont y administradores de tres compañías de agua del Valle de San Gabriel.
Presentes también estuvieron representantes de Fairplex en Pomona, hogar de la Feria del Condado de Los Ángeles que deberá pagar alrededor de $20,000 anuales si la medida es aprobada.
Proponentes de la medida alegan el dinero generado será dividido en tres partes. Las ciudades recibirán el 40 por ciento, grupos que vigilan el uso del agua recibirán 50 por ciento y el resto será destinado a proyectos que controlan las inundaciones para gastos administrativos, entre otros.
Para Minerva Hernández, propietaria de residencia en Pomona, la medida es injusta ya que ocasionará estragos económicos a propietarios de bajos recursos.
“Si apenas sobrevivimos con nuestras casas y la mayoría las han perdido. En lugar de ayudar a la clase media nos friegan más, con el perdón de la palabra. La clase alta tal vez pueda pagar este impuesto pero nosotros sí que estamos mal porque tenemos que trabajar a diario para sobrevivir, sobre todo los dueños de negocios pequeños que tenemos que pagar empleados y rentas”, comentó Hernández.
Mientras tanto, Martín sugirió que para minimizar los costos de operación de limpieza, las ciudades podrían instalar mallas en las alcantarillas para la recolección de basura. Martín añadió que en ciudades como Pasadena y Pomona este tipo de sistemas ya están instalados lo que exacerba la injusticia de pago adicional.
“Ya estamos haciendo de nuestra parte, por eso es injusto que se nos quiera cobrar más. Aún no es tarde para expresar oposición. Debemos evitar que esta medida entre en vigor a como dé lugar”, concluyó Martín.
