Alertada por los fuertes golpes, Yolanda Govea, de 38 años de edad, abrió sigilosamente la puerta de su modesto hogar en Pomona la mañana del jueves 9 de febrero, sin imaginar que la interacción con los visitantes le cambiaría la vida de manera repentina.
Al otro lado de la puerta estaba un grupo de agentes de Inmigración que buscaban a un hombre llamado “Héctor Sarabia”. Adentro del hogar se encontraba el esposo de Govea, Héctor Matías, de 38 años de edad, junto a sus tres hijos, unos gemelos de 11 años de edad y una niña de 7 años.
Después de una breve interrogación que resultó en una búsqueda infructuosa, las autoridades abandonaron la propiedad. Fue entonces cuando Matías, oriundo de Zamora, Michoacán, México, decidió irse al trabajo; sin embargo, justo antes de abordar su vehículo, las autoridades migratorias lo detuvieron.
“Y como no pudo demostrar su residencia en el país se lo llevaron. No sé cómo decirle a mis hijos que su padre ya fue deportado”, comentó Govea a La Prensa.
Según grupos pro-inmigrantes, Matías fue uno de alrededor de 100 personas detenidas por autoridades migratorias en esta semana, acción que generó una protesta en las afueras del edificio federal en Los Ángeles la tarde y noche del jueves.
La esposa de Matías relató que minutos antes de las 9:00 p.m. del mismo jueves, a escasas 12 horas de haber sido detenido, la familia recibió una llamada con número de México. Era su esposo Matías hablando desde la ciudad fronteriza de Tijuana, México, hasta donde las autoridades lo habían trasladado.
“La verdad no sé qué hacer, él era el único sustento. Mis hijos no saben nada, creo les diré una mentira piadosa para que no sufran”, agregó Govea.
Y es que según Emilio García, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, a pesar de que las autoridades no contaban con una orden de arresto en contra de Matías, este tenía un récord delictivo que lo hizo elegible a la deportación.
“Esto demuestra que la práctica de arrestos colaterales está de vuelta”, comentó García, quien intentó defender al joven.
Protestan en Los Ángeles
Organizada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), se realizó una protesta para denunciar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, mismas que separan y destruyen familias, dijeron.
Alrededor del mediodía del jueves, CHIRLA alertó a la comunidad de las supuestas redadas llevadas a cabo en varias ciudades del Sur de California, incluyendo Santa Paula, Oxnard, Van Nuys, Downey y San Bernardino.
De inmediato la noticia corrió como pólvora a través de las redes sociales, motivando a muchos a salir a las calles y protestar. Durante la protesta, los manifestantes bloquearon la entrada de una concurrida autopista en el centro de Los Ángeles.
ICE: ‘es rutina’
Según Virginia Kice, portavoz de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cifra de arrestos provistas por los grupos pro-inmigrantes es “asquerosamente exagerada”. Kice añadió que ICE ejecuta operativos que tienen como objetivo detener y remover a personas que representan un riesgo para las comunidades.
“Como ejemplo se incluyen a los pandilleros, los delincuentes sexuales y los extranjeros deportados con condenas significativas de tráfico de drogas. En ese sentido, ICE rutinariamente ejecuta operativos y hace arrestos todos los días”, dijo Kice en un comunicado.
“Nuestros oficiales priorizan casos basados en una variedad de factores, incluyendo el historial criminal e historial migratorio de la persona así como las pistas que tenemos sobre el posible paradero de los individuos”.
Sin embargo, para Antonio Aguilar, de 39 años de edad y amigo de la infancia de Matías, los operativos solo destruyen familias. Aguilar dijo que ahora tres niños no podrán abrazar a su padre, a quien considera una buena persona, trabajador y responsable.
“Lo único pues es que no tiene papeles. Todo esto es muy triste, esto solo separa familias. Veremos de qué manera ayudaremos a la familia pero no los dejaremos solos”, comentó Aguilar. “¿Qué culpa tienen los niños pues? Cuando a él lo deportan hace unos años atrás pues se regresa pos sus hijos, no los iba a abandonar”.
El futuro inmediato de Matías, Govea y los niños es incierto; lo cierto es que estos operativos han causado sicosis entre la comunidad inmigrante del país, incluyendo la comunidad de Inland Empire—región la cual según estudios recientes es hogar de alrededor de 250,000 residentes indocumentados.
Según un estudio de Pew Research revelado el jueves 9 de febrero, en los Estados Unidos radican alrededor de 11.1 millones de residentes indocumentados, de los cuales alrededor de 1.4 millones radican en el Sur de California—la zona con el grupo más grande de residentes indocumentados en la nación.
Temen que es solo el comienzo
Para los defensores del inmigrante y legisladores demócratas, incluyendo el Presidente del Senado Estatal Kevin de León, estos operativos son el comienzo de lo que se aproxima tomando en cuenta las políticas migratorias de Trump.
A través de un comunicado, De León exhortó a la comunidad a conocer y hacer respetar sus derechos, los cuales son provistos por la Constitución de los Estados Unidos.
“Ahora está claro que la Administración de Trump no se preocupa por la seguridad pública, sino que sólo se enfoca en arrancar a hombres y mujeres que trabajan duro para el sustento de sus familias y comunidades. Las deportaciones en masa no nos harán más seguros, sino que simplemente socavarán la economía de nuestro estado”, comentó De León.
Mientras tanto, Govea trata de encontrar fuerzas para no doblegarse ante la situación, sabiendo que fue afortunada al no ser detenida por inmigración.
“Pudo ser peor. Ahorita la verdad no tengo cabeza para pensar… ya se nos ocurrirá algo”, comentó nerviosa.
