SANTA ANA – Una serie de demandas legales contra la municipalidad alegan que la lotería pública que se llevó a cabo para seleccionar a los colectivos de marihuana que operarán legalmente en la ciudad fue fraudulenta y que la nueva ley hace más difícil que los pacientes enfermos obtengan la marihuana medicinal.
Las quejas fueron presentadas entre diciembre del 2014 y mayo del 2015, desafiando la ordenanza municipal de marihuana medicinal que requiere una separación de 500 pies entre los colectivos, y hace un llamado para una separación de 1000 pies con respecto a escuelas, parques y zonas residenciales.
Los que presentaron querellas son: Terra Collective, SAPA Enterprises, Orange County Growers, Live 2 Love, Edinger Marketing, y Cream your Dreams.
La medida fue aprobada por los votantes el 4 de noviembre y deroga la prohibición en las instalaciones de marihuana medicinal que el concejo municipal aprobó en el 2007 para frenar la proliferación de dichas operaciones.
La queja más reciente fue presentada el 6 de mayo por SAPA Enterprises, un dispensario que de acuerdo a weedmaps.com, aún está abierto.
De acuerdo a la denuncia de SAPA, la municipalidad condujo una lotería fraudulenta porque los solicitantes no cumplían con los requerimientos necesarios para avanzar con el proceso.
Más de 630 solicitudes fueron enviadas para abrir dispensarios de marihuana medicinal en Santa Ana – generando más de 1 millón de dólares en ingresos para la ciudad. El costo no reembolsable de la solicitud fue de 1,690 dólares.
En la lotería pública de febrero, 20 solicitantes fueron seleccionados para avanzar a la fase regulatoria del proceso de solicitud, en la cual el Departamento de Policía de Santa Ana contaba con 60 días para revisar los antecedentes de los solicitantes.
Las otras quejas alegan que la medida de marihuana medicinal de la municipalidad es demasiado restrictiva en sus requerimientos de distancias entre escuelas, parques y áreas residenciales, así como también entre dispensarios de marihuana medicinal.
“Esto constituye una prohibición de facto”, según las denuncias.
A principios de este mes, el concejo municipal aprobó un acuerdo de tres años con la firma de abogados Richards, Watson & Gershon para defenderse contra las siete demandas. El acuerdo no puede exceder los 500,000 dólares.
El alcalde temporal, Vincent Sarmiento dijo que los desafíos del litigio contra las ordenanzas de marihuana eran esperados.
“No es una gran sorpresa”, comentó.
“Esto es parte de introducir una nueva industria a la ciudad, que va a generar ingresos – mucho más que medio millón de dólares”, añadió.
La fiscal municipal, Sonia Carvalho, dijo que espera que la litigación sea “extensa”, estimando que podría tomar de dos a cuatro años antes de llegar a una resolución.
En febrero, la ciudad destinó más de 800,000 dólares en nuevos puestos para cerrar tiendas ilegales de marihuana y para financiar cuestiones de ley acerca de la medida.
