Ahora que el asambleísta demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo está en la recta final de su carrera legislativa y se le agota el tiempo en su lucha de 15 años para dar licencias de manejo a los conductores indocumentados en California, por primera vez parece no estar solo en esa lucha.
Cada vez son más los jefes de policía y oficiales electos que han dado su apoyo a la iniciativa que ha presentado ya en ocho ocasiones.
Los últimos apoyos han venido de personajes como el jefe del Departamento de Policía de Los Angeles, Charlie Beck; el Sheriff de Los Angeles, Lee Baca y el jefe de la Policía de Riverside, Sergio Diaz.
Es como si por fin, después de 19 años, se empezara a imponer la cordura en este debate que ha estado impregando de política antiinmigrante y ha dejado de lado el aspecto de la seguridad pública. Y es que la ley de 1994, que prohibió la entrega de licencias de conducir a indocumentados, se dio enmedio de una fuerte ofensiva antiinmigrante que encabezaba el entonces gobernador Pete Wilson.
A casi 20 años de distancia, todavía hoy hay personajes, como el Sheriff del condado de Riverside, Stan Sniff, que se opnen a otorgar licencias a los indocumentados. prueba de ello son sus aseveraciones del pasado 26 de marzo, cuando aseguró que “otorgar las licencias es como recompensarlos por haber entrado al país ilegalmente”.
Un problema de seguridad pública
Dejando de lado el tema de la migración indocumentada y todas sus ramificaciones, lo cierto es que el tema de las licencias es ante todo un problema de seguridad pública.
“A nadie puede caberle en la cabeza que es mejor una persona sin licencia de conducir que una con licencia”, dijo Gil Cedillo reciéntemente en una entrevista con medios hispanos.
“Si el Departamento de Motores y Vehículos les expidiera licencias, estas persopnas que hoy no sabemos quienes son, ni como se llaman, ni donde viven, podrían adquirir seguros de responsabilidad civil y podrían responder en caso de un accidente”, dijo Cedillo.
Tiene razón. De acuerdo al jefe Díaz , en muchos de los accidentes no se sabe quien está detrás del volante. “Los oficiales de la división de Tráfico me han dicho que hay una gran relación entre los conductores sin licencia y los accidentes en los que el conductor escapa de la escena del accidente”.
La vida miserable
En el contexto de la política antiinmigrante que prevaleció a principios de la década de los noventas, cuando se firmaron iniciativas como la 187, con la que se buscaba hacerles la vida miserable a los indocumentados, se aprobó una ley que exigía al DMV pedir prueba de residencia legal en el país a todas aquellas personas que solicitaran una licencia de conducir.
“El objetivo era dificultarles tanto la vida a los inmigrantes, que terminaran por autodeportarse”, dijo Nativo López, dirigente de la Hermandad Nacional Mexicana, en referencia a aquellas leyes.
Desde ese momento cientos de miles de indocumentados han tenido que sufrir una persecución permanente en prácticamente todo el estado de California, con costos sumamente elevados para ellos y sus familias.
Con el pretexto de aplicar las leyes contra conductores ebrios, decenas de departamentos de Policía han instaurado retenes de sobriedad, en donde el objetivo no parecen ser los conductores en estado de ebriedad, sino los inmigrantes indocumentados sin licencia.
Ryan Gabrielson, del Center for Investigative Reporting, realizó en febrero del 2010 una exhaustiva investigación acerca de los retenes en el estado de California, en donde encontró que casualmente la mayoría de los retenes de sobriedad se instalan dentro o muy cerca de los barrios latinos o de los centros de reunión a los que acuden, como escuelas, iglesias o salones sociales.
Pero no sólo eso. Gabrielson demostró que la mayoría de estos retenes se ubican en ciudades donde los hispanos son la mayoría de la población y que los autos decomisados en esas ciudades, representan tres veces más que los que se decomisan en ciudades donde hay menos polación hispana.
Tan sólo en el 2009 las diferentes autoridades del estado decomisaron a conductores indocumentados y sin licencia un total de 24,000 autos, lo cual representó un incremento del 53 por ciento con relación al 2007.
Para darse una idea del impacto económico que estas leyes han tenido en la comunidad indocumentada, basta decir que entre pago de grúas, almacenaje de los autos y el pago de multas, la comunidad ha pagado un promedio de 40 millones de dólares anuales, dice Gabrielson.
Poco a poco las cosas van cambiando
El pasado 31 de mayo, la Asamblea de California aprobó un proyecto de ley para permitir que las ciudades o condados de California eximan a una persona del decomiso de su automóvil por un período de 30 días en los casos en que no tengan una licencia de manejo.
“En California permitimos a conductores sin licencia comprar autos, registrarlos, y adquirir un seguro, pero en el primer incidente, por no traer la luz trasera, en vez de multarlos, les decomisamos su vehículo”, señaló en un comunicado la asambleísta demócrata de San Francisco y San Mateo, Fiona Ma, autora de la medida AB1993.
La medida le daría un tiempo razonable al conductor sin licencia para que llame a uno que sí la tenga y pueda recuperar su auto y evitar que lo decomisen.
Este proyecto de ley no incluye a quienes tengan serias ofensas por conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas, negligencia, manejo irresponsable, no presentarse a la corte cuando han sido citados o quienes tengan la licencia suspendida o revocada.
Diferentes versiones de estas leyes ya se han empezado a poner en práctica.
En Los Angeles, el Departamento de Policía lanzó una ley el pasado mes de abril que elimina el decomiso obligatorio del auto manejado por un conductor sin licencia por un período de 30 días. La nueva política permite que el conductor llame a una persona que si tenga licencia y pueda recuperar su auto en 24 horas.
Esto permite que los conductores, generalmente trabajadores indocumentados, no pierdan sus vehículos, ya que en el pasado tenían qe pagar un promedio de 1,500 dólares para rescatar los autos.
Aunque se va avanzando en estas medidas, todavía hay zonas muy reacias a este tipo de cambios que permitirían un poco de alivio a la comunidad indocumentada, como en Pomona, donde se han hecho intentos para imitar la ley que ya está vigente en Los Angeles.
Un primer intento, el pasado 6 de marzo, no encontró eco en su Concejo Municipal y la propuesta regresó a los abogados de esa ciudad.
“Es claro que los más afectados son los indocumentados”, dijo José Calderón, profesor del Colegio Pitzer de Claremont y activista del grupo Pomona Habla. “Desde su punto de vista, mantener la mano dura contra los inmigrantes indocumentados es parte de un movimiento nacional que pretende crear “condiciones malas” que los orille a la autodeportación.
“El negocio de estas grúas y los retenes son parte de esa mentalidad”, dijo.
En esa misma dirección está el gobernador Brown, quien bajo el pretexto de estar a favor de una reforma migratoria integral, ha dicho que rechazará la iniciativa de Cedillo.
Ante eso, el senador aconseja no bajar la lucha y presionar a los representantes y al mismo gobernador. “Tarde o temprano terminará por imponerse el sentido común”, dijo Cedillo.
