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Miembros de la comunidad latina inmigrante de Santa Ana se manifiestan en respaldo a la asignación del fondo de defensa legal, aprobado al final durante una sesión del concilio de Santa Ana.
Miembros de la comunidad latina inmigrante de Santa Ana se manifiestan en respaldo a la asignación del fondo de defensa legal, aprobado al final durante una sesión del concilio de Santa Ana.
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A pesar de que, una vez más, la comunidad latina de Santa Ana no contó con el voto de los concejales José Solorio y Juan Villegas, los otros cinco miembros del concejo de la ciudad respaldaron un fondo de $65,000 dólares de representación legal universal para indocumentados, que encaren un proceso de deportación.

A la votación final de aprobación, 5-2, se unió el alcalde Miguel Pulido y el resultado fue catalogado como una victoria por parte de grupos de la comunidad.

“Comenzamos con el pie derecho”, festejó Dionisia Gabriel, una mujer inmigrante de Guerrero, México, e integrante del grupo Vecindario Lacy en Acción (Vela Lacy). “Hay que celebrarlo”.

Los $65,000 del fondo general de defensa de los inmigrantes, provendrán del fondo general de ahorros del ciclo fiscal 2016-17. Han sido integrados al presupuesto 2017-18 de $510.7 millones

Con el visto bueno de los funcionarios municipales, la comunidad podría beneficiarse de una subvención de apoyo de $100,000 por parte del Instituto Vera de Justicia para el mismo propósito de defensa legal.

Así, Santa Ana se unirá a la llamada Red de Ciudades Seguras (Safe Cities Network) para proporcionar representación legal universal a inmigrantes vulnerables, representados por expertos de la Facultad de Derecho de la Clínica de Derechos de UC Irvine y de la Clínica de Inmigración de Western State University,

Y es que, a decir de los grupos defensores de inmigrantes, quienes son detenidos y no tienen representación legal solamente tienen éxito el 6% de las ocasiones cuando enfrentan un caso de deportación, pero quienes tienen abogado aumentan sus posibilidades de triunfo cinco veces más.

De hecho, un reciente estudio realizado por la Universidad Stanford reveló que, en California, el 68% de los inmigrantes detenidos no están representados por un abogado, la detención los aísla y dificulta sus casos, e incluso renuncian a sus derechos y son expulsados de Estados Unidos.

“Nadie debería encarar el encarcelamiento y el exilio sin un abogado”, consideró Carlos Perea, director de políticas de la organización Resilience OC.

El juego de la política

Inicialmente, el tema fue aprobado 4-3, con Pulido, Solorio y Villegas en contra. Pero se requería un voto más.

Ante el desacuerdo inicial, el concejal Vicente Sarmiento, quien presentó la moción hace medio año pidió la reconsideración en varias rondas de votación.

Inclusive, el concejal David Benavidez esgrimió que no sabía “si apoyar o no el presupuesto” e hizo la petición directa a sus colegas para respaldar a los inmigrantes.

“No apoyar a la comunidad me molesta y me frustra”, añadió el concejal Tinajero.

Entre el estira y afloja fue el alcalde Miguel Pulido dijo estar “abierto” a la formación de un comité ad hoc para apoyar la moción.

“Yo no recuerdo haber tenido muchos [comités] ad hoc en mis diez años en el concilio”, atajó Sarmiento. “Tenemos un ad hoc para todo lo que hablamos. Tomamos una decisión o no”.

En ese instante se llamó a otra votación y Pulido se acopló a la mayoría. El recuento final: 5-2.

“Fue una votación difícil”, resaltó el concejal Sal Tinajero. “El voto final ha sido por la comunidad”.

Por su parte, Carlos Perea, destacó que, con su voto, el alcalde Miguel Pulido “vendió’ a Solorio y a Villegas.

“Él [Pulido] quería que pasara [se aprobara] su presupuesto, mientras que Solorio y Villegas demostraron sus verdaderos valores”.

Inmigrantes viven en Santa Ana, pero…

En este sentido, el concejal José Solorio dijo a Excelsior que Pulido no los “traicionó”, “porque teníamos como prioridad el presupuesto y el alcalde quería un presupuesto a tiempo y balanceado”.

Añadió que este fondo para inmigrantes, como en otras ciudades debe dar prioridad a los más inocentes, a estudiantes DACA (Soñadores) y veteranos, “no para gente violenta que ha matado o violado”.

El fondo de representación universal, en realidad, no contempla la defensa de criminales con delitos mayores, indocumentados o no, sino a personas atrapadas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), detenidas y recluidas en las cárceles Theo Lacy y James A. Musick del condado de Orange.

“El mensaje de Solorio tiene el mismo tono de agresión del presidente Donald Trump, para quien todo inmigrante es un criminal”, observó Carlos Perea. “Los criminales con graves delitos ni siquiera pueden salir de las prisiones”.

Por su parte, el concejal Juan Villegas, expresó que el razonamiento de su negativa al voto en favor de los $65,000 para el Fondo de Defensa Legal de Inmigración obedeció a que dicho tópico “es asunto federal y nuestro trabajo como concejales es manejar los problemas de la ciudad”.

_Pero los inmigrantes viven y residen también en Santa Ana, ¿No es así?, se le preguntó.

 “La Constitución de la ciudad nos dice que debemos hacer las cosas locales”, respondió. “No importa [que vivan aquí]”.