NORWALK — Decenas de activistas de la comunidad aseguran que el Departamento de Policía de Los Ángeles y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles están violando y pisoteando los derechos civiles en nombre de hacer cumplir la ley.
Encabezados por The Stop LAPD Spying Coalition (Coalición Alto al Espionaje del LAPD) y National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados), los activistas protestaron el pasado 10 de abril contra la Orden Especial 1 del LAPD.
Además, solicitaron la clausura del Centro Regional Conjunto de Inteligencia (JRIC) ubicado en el 12440 East Imperial Highway de esta ciudad, y la clausura del Programa del Centro de Fusión del Área de Los Ángeles (SAR).
“En este centro de criminaliza a la gente de color”, afirmó Steve “General Dogon” Richardson, organizador de derechos civiles de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles (LA CAN). “Ellos se dedican a espiar a la gente civilizada”.
El 21 de mayo de 2010, Richardson fue arrestado durante una sesión del Ayuntamiento de Los Ángeles, donde se abordaría el congelamiento de un aumento a las rentas.
Junto a otros 40 manifestantes, el llamado “General Dogon” se negó a abandonar la sala, después que el concejal Dennis Zine pidió a la policía que los escoltara afuera.
Richardson empujó a civiles en contra de los agentes, se resistió al arresto y enterró sus uñas en la mano de un oficial. Fue sentenciado a 120 días en una cárcel del condado y liberado en julio de 2011.
La Orden Especial 1 (SO1) es una directiva política respaldada por Charlie Beck, jefe del LAPD, que autoriza a sus agentes a archivar los llamados Reportes de Actividades Sospechosas (SARS, por su siglas en inglés) sobre actividades e información observada o reportada en base a lo que se califica como “comportamiento observado”, un concepto que es considerado por los activistas como especulativo y arbitrario.
“En la práctica, SO1 atenta contra la privacidad y las libertades civiles”, expresó Jade Guzmán, una de las manifestantes. “Esencialmente, le da validez al espionaje por parte de las agencias locales del orden público y promueve el perfil racial”.
Frente a la entrada principal del Centro Regional Conjunto de Inteligencia, los protestantes desdoblaron una lista de miles de personas que presuntamente son parte de la base de datos de personas “espiadas” por agentes del JRIC, para los cuales no hay un proceso para legitimar esos archivos secretos.
“Los SARS (Reportes de Actividades Sospechosas) incluyen el uso de cámaras fotográficas, grabación de videos en lugares públicos, el uso de binoculares, dibujar diagramas o tomar notas en público”, indicó a UNIDOS, Hamid Khan, coordinador de la campaña Alto al Espionaje del LAPD y Rescindir la Orden Especial 1. “Están aplicando el perfil racial, sobre todo en contra de latinos, afroamericanos e indocumentados”.
Amparados en una solicitud enmarcada en la Ley de Registros Públicos de California la Coalición Alto al Espionaje del LAPD señala que, desde marzo de 2008 a abril de 2012 el LAPD registró 4,968 SARS, es decir, tres casos diarios durante cuatro años consecutivos.
Además, un reciente informe del Inspector General del LAPD, Alexander A. Bustamante, señala que el 82% de los reportes sobre actividades sospechosas fueron archivados en contra de personas no anglosajonas y que el mayor número se refería a ciudadanos afroamericanos, latinos e indocumentados.
Eric Huerta, — convertido ahora en un activista comunitario — narró a UNIDOS que hace dos años se encontraba filmándose a sí mismo enfrente del edificio federal de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (ICE), en el centro de Los Ángeles cuando fue intimidado por varios policías que confundieron su actividad con la planeación de un presunto acto terrorista.
“Yo sólo realizaba un proyecto fílmico de mi propia vida como indocumentado en Los Estados Unidos”, dijo el inmigrante nacido en el Distrito Federal. “Nunca me imaginé que esa fuera la razón para que ellos [los agentes] me apartaran en la calle y comenzaran a interrogarme sobre mi trabajo, mis actividades o si era residente legal o si no tenía papeles”.
La policía, entre tanto, asegura que el programa Reportes de Actividades Sospechosas (SARS) permite a los agentes prevenir delitos, antes de que sucedan.
“Esta es la historia de un gobierno totalitario que espía a sus ciudadanos”, declaró Jim Lafferty, director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados. “Nos quieren hacer creer que vivimos en un país libre, cuando en realidad están atentando cada vez más en contra de los derechos civiles”.
