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El futbolista mexicano Rafa Márquez.
El futbolista mexicano Rafa Márquez.
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Washington.- Estados Unidos impuso sanciones al futbolista mexicano Rafa Márquez y al cantante del género regional Julión Álvarez, a los que acusó de ser “testaferros” de un narcotraficante poco conocido pero muy poderoso y relacionado con los carteles de Sinaloa y Jalisco, Raúl Flores Hernández.

Un total de 22 mexicanos y 43 empresas fueron sancionados como resultado de una investigación que el Departamento del Tesoro y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) llevaron a cabo durante varios años sobre las actividades de Flores, hasta determinar que tenía lazos con Rafa Márquez y Julión Álvarez.

“Ambos hombres tienen una relación duradera con Flores Hernández, han actuado como socios testaferros de él y de su organización narcotraficante, y han tenido activos en su propiedad que eran de él”, indicó el Tesoro estadounidense en un comunicado.

En el caso del veterano defensa, capitán de la selección mexicana y del Atlas de Guadalajara, y que jugó buena parte de la pasada década en el Fútbol Club Barcelona, su relación con el narcotraficante “es muy larga, dura aproximadamente 20 años”, según aseguró a los periodistas un alto funcionario estadounidense.

“Ha sido un testaferro importante para Raúl Flores durante los últimos 20 años”, añadió el funcionario, que pidió el anonimato.

Algo más corta es la relación del narcotraficante con Julión Álvarez, que lidera el grupo regional mexicano Julión Álvarez y su Norteño Banda, y que ha estado en contacto con Flores a lo largo de “los últimos diez años”, de acuerdo con la fuente.

Las sanciones congelan cualquier propiedad que Márquez, Álvarez, Flores y el resto de afectados pudieran tener en Estados Unidos, y prohíben a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos; pero no les someten a cargos criminales.

Márquez, de 38 años, podría tener activos en Estados Unidos porque entre 2010 y 2012 jugó en el equipo Red Bulls de Nueva York, pero el Departamento del Tesoro no citó ninguna cantidad de dinero que haya podido congelársele, dado que normalmente tarda un tiempo en hacer esos análisis tras imponer sanciones.

Las sanciones afectan también a varias empresas de Márquez, como la fundación y la escuela de fútbol que llevan su nombre; y a dos personas a las que el Tesoro acusa de “actuar en nombre” del futbolista: un abogado de Jalisco, Marco Antonio Fregoso González, y el director de la Fundación Rafa Márquez, Mauricio Heredia Horner.

Las sanciones se impusieron bajo la Ley Kingpin, promulgada en diciembre de 1999 para bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculados con el narcotráfico, y que se conoce popularmente como “Lista Clinton”.

“La acción es la más grande que hemos tomado en México bajo la Ley Kingpin desde que empezó la ley en 1999”, afirmó el funcionario.

El objetivo de la investigación era Flores Hernández, un narcotraficante poco conocido hasta ahora, pero que Washington considera “de la misma talla que (Joaquín) ‘El Chapo’ (Guzmán)” y otros grandes capos de la droga, indicó la fuente.

“Lo consideramos de los grandes del narcotráfico en México”, aseguró.

Desde marzo pasado, Flores Hernández enfrenta cargos federales por narcotráfico en dos tribunales de Estados Unidos, el del Distrito de Columbia y el del Distrito Sur de California.

Aunque opera de forma independiente, Flores Hernández mantiene “alianzas estratégicas” con los líderes del cartel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la DEA.

“Flores Hernández ha operado exitosamente durante décadas debido a su larga relación con otros carteles de la droga y su uso de testaferros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas”, dijo en un comunicado el director de la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), John Smith.

Sus actividades comenzaron en la década de 1980 y se han centrado en Guadalajara (Jalisco) y la capital mexicana, donde “ha amasado una gran fortuna” estimada en “decenas o cientos de millones de dólares” que invertía “en una gran red de empresas”, según el citado funcionario que habló bajo condición de anonimato.

La Procuraduría General de la República (PGR) de México incautó “diversos activos que pertenecían a Flores Hernández” y a la organización criminal que lleva su nombre, Flores, según indicó la DEA en un comunicado.

Entre ellos está el Grand Casino en el área de Guadalajara, que es una de las 43 empresas sancionadas por el Tesoro.

Las otras entidades sancionadas incluyen al propio cartel Flores, varias empresas de hostelería y asociaciones deportivas, mientras que entre las personas sancionadas están también ocho familiares de Flores Hernández y ocho de sus ayudantes.

Los afectados por las sanciones “pueden apelar su caso frente a OFAC”, y podrían ser excluidos de la lista “si demuestran que las circunstancias de su designación han cambiado” y ya no son testaferros del narcotraficante, aclaró el citado funcionario.