En un intento por saldar una deuda de más de 20,000 dólares ordenadas por un juez recientemente a favor de dos de sus ex empleadas, el abogado en inmigración Rogelio Vergara Morales ofreció pagar 2,500 dólares o de lo contrario solicitaría la bancarrota, lo que supuestamente borraría todas sus deudas.
En una carta enviada al Comisionado Laboral el pasado 8 de junio, Morales, quien encara cargos de extorsión y robo, ofreció un pago total de 2,500 dólares o de lo contrario se vería obligado a solicitar la bancarrota, dejando a los adeudados sin pago.
“Estoy experimentando severas dificultades económicas y no puedo pagar la cantidad total. Además, no soy dueño de propiedad alguna por lo que estoy a prueba de juicio”, comentó Morales en la carta.
Recientemente, un juez ordenó a Morales pagarle a dos de sus ex empleadas más de 20,000 por salarios atrasados. Esa cantidad se suma a los más de 11,000 dólares ordenados por un juez a favor de varios negocios locales y miembros de la comunidad, incluyendo a este reportero, por gastos legales.
En total, Morales debe a la fecha más de 32,000 dólares—dinero con el que alega no contar.
“He contratado un abogado en bancarrota pero quiero evitar solicitar la bancarrota. Sin embargo, si no puedo llegar a un acuerdo con el poco dinero que tengo prestado a familiares no tendré otra opción”, dijo Morales en la carta referente al caso de una de sus ex empleadas.
Morales y su esposa Mireya Arias fueron arrestados el pasado 20 de abril acusados de extorsión y hurto, cargos por los que podrían enfrentar varios años en prisión, e incluso perder su licencia de abogado.
Según la fiscalía del condado de Riverside, Morales y su esposa Arias extorsionaron y robaron a varios negocios bajo el argumento de que estaban combatiendo la discriminación de género.
El año pasado, Morales entabló 11 demandas en contra de negocios pequeños en un periodo de tres meses en representación de su entonces novia Arias, alegando que a ella se le cobro de más que a él por los mismos servicios, lo que según él representaba discriminación de género.
Los documentos de la corte indicaban que la “afectada” exigía entre 20,000 y 123,000 dólares por los supuestos daños recibidos. Para evitar ir a corte, Morales les pedía a los dueños de los negocios cantidades exorbitantes que alcanzaron los 10,000 dólares. Mientras algunos negocios accedieron con tal de no perder tiempo en las cortes, la mayoría se negó y lo enfrentó en los tribunales.
La comunidad se organizó y expusieron las intenciones de Morales lo que dio paso a que otros negocios se unieran a la lucha. Como método de censura, Morales intentó obtener una orden de restricción en contra de este reportero, sin embargo, un juez desestimo el caso.
Morales intentó lo mismo en contra de una reportera de televisión; en contra del representante de la Cámara de Comercio Hispana de California, Frank Montes; y en contra de la abogada Rosa Elena Sahagún. Todos los casos fueron desestimados, lo que resultó en más de 11,000 dólares en gastos de abogados.
A principios de mes, Morales perdió el primero de varios juicios civiles; sin embargo, en su cuenta de Twitter expresó que su primer juicio civil había sido una “experiencia maravillosa”. El pasado 9 de marzo, Morales se describió en la misma cuenta como “una máquina de baile”, haciendo referencia a su actuar frente a la corte en tono de burla hacia los empresarios.
“Y también bailamos más”, escribió Morales ese mismo día.
Para Nélida Jiménez Garibay, una de las 11 empresarias demandadas, la posible bancarrota es prueba clara de que la pareja ha estado teniendo dificultades económicas desde hace tiempo.
“Esto explica la razón por la cual fabricaron estos casos. Es obvio que su bufete legal no es exitoso y está desesperado por dinero. Es irónico que el abogado Morales quien dice estar protegiendo a la gente tiene ahora que pagar por fallas legales, por no seguir las leyes”, comentó Garibay.
Morales y Arias deben enfrentar a un juez el próximo 26 de junio. Morales enfrenta 53 felonías y un crimen menor, y está libre luego de pagar una fianza de 770,000 dólares. Por su parte, Arias enfrenta 40 felonías y está libre tras pagar una fianza de 275,000 dólares.
Según Laura Ernde, director de comunicaciones de la Barra de Abogados del Estado de California, por el momento Morales no ha recibido castigo disciplinario; sin embargo, de ser convicto de alguno de los crímenes que se le imputan podría existir razón para implementar un castigo disciplinario.
Mientras tanto, la comunidad tiene el derecho de interponer una queja formal en contra de algún abogado cuando exista sospecha de mala conducta, o de sentirse estafado, añadió Ernde a La Prensa.
