Los Ángeles.- El comité judicial del senado de California realizó una audiencia para revisar el derecho al debido proceso para los inmigrantes indocumentados en el estado y escuchar algunos de los problemas que se enfrentan en su aplicación.
Durante la audiencia, los participantes señalaron que muchos de los indocumentados del Estado Dorado, calculados en 2,3 millones, enfrentan riesgo de deportación ante las nuevas directrices del Gobierno federal.
La presidente del comité, la senadora demócrata Hannah-Beth Jackson, destacó que “el debido proceso es un derecho para toda persona que entra al sistema judicial del país”.
Jackson resaltó que dado el momento actual y las directrices emitidas desde Washington, es importante que “el comité revise y proteja la aplicación del debido proceso”, especialmente a las personas que enfrentan casos de inmigración.
Kevin Johnson, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California Davis, recalcó que todos los inmigrantes que están en el país independientemente de su estatus legal “tienen derecho al debido proceso, que implica la oportunidad de ser oído en corte”.
“El debido proceso es la piedra fundamental de la democracia”, afirmó.
El representante de UC Davis destacó igualmente la necesidad de garantizar el derecho a los menores de edad, por ejemplo aquellos que vienen de Centroamérica sin la compañía de un adulto que responda por ellos.
En la audiencia se destacó que, en el caso de los menores y en general de los indocumentados, la presencia de un abogado para defenderlos es necesaria ya que muchos no pueden costear este servicio.
En su testimonio, la presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, la juez Dana Marks, recalcó que los jueces tienen la obligación de garantizar el derecho al debido proceso y “lo estamos haciendo bajo una increíble escasez de recursos”.
Marks se quejó de que los jueces de inmigración se encuentran “sobrecargados de casos pendientes” detallando que hay más de 540.000 casos para atender y sólo un poco más de 300 jueces para resolverlos.
Agregó que ella misma tiene “más de 3.000 casos pendientes” en su propia corte.
Igualmente reclamó que el trabajo implica atender casos en diferentes lenguas sin los recursos debidos de traducción y apoyo.
También resaltó la importancia del trabajo de los abogados para recoger toda la información de la persona y presentarla adecuadamente ante el juez.
Por su parte, Bill Ong Hing, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco, señaló que hay casos de inmigrantes que “son complicados y extremadamente complejos” y necesitan mucho tiempo para ser estudiados y resueltas.
A su vez, Jayashri Srikantiah, profesora de la Universidad de Stanford, presentó los resultados de un reporte reciente de su universidad que encontró que en el 68 % de los casos, los inmigrantes no tenían un abogado de inmigración que los representara.
De la misma forma aseguró que tener un abogado los hace tres veces más propensos a ganar su caso y que los recursos actuales -públicos y de entidades no lucrativas- no son insuficientes para atender la adecuada representación de todos los casos.
